Enre las ternas presentadas por Peña Nieto ante el Senado para la Suprema Corte se encuentra al procurador mexiquense que en su momento negó la masacre de Tlatlaya y ahora se le busca premiar con una magistratura
La semana pasada, Enrique Peña Nieto presentó seis candidaturas para que elSenado de la República elija a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lista que incluye acuatro magistrados con larga trayectoriaen el Poder Judicial, así como a dos aspirantes sin experiencia como jueces, pero que han sido cercanos colaboradores del presidente durante los últimos años.
El primero de estos colaboradores que contenderá por una plaza en la Suprema Corte es Alejandro Jamie Gómez Sánchez, quien se desempeñó como subprocurador jurídico en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, y quien se convirtió en consejero jurídico adjunto del gobierno federal cuando Peña llegó a Los Pinos.
Gómez Sánchez fue consejero jurídico de Peña Nieto hasta mayo del año pasado, cuando fue nombrado como procurador de Justicia del Estado de México por el actual mandatario estatal, Eruviel Ávila.
Hasta la fecha, Alejandro Jaime Gómez Sánchez ocupa dicho cargo y, de hecho, en su condición de titular de la PGJEM, él fue el encargado de presentar y defender la primera versión oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, que dejaron un saldo de 22 civiles muertos en un tiroteo con elementos del Ejército mexicano.
Según esa primera versión oficial, “de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fuero común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento” de las víctimas, tal como dijo Gómez Sánchez en julio de 2014.
Lo anterior, sin embargo, resultó falso, tal como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tres meses después, en octubre de 2014, al constatar que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares.
La CNDH, además, comprobó que tres mujeres que sobrevivieron a la balacera en Tlatlaya fueron detenidas, torturadas y agredidas sexualmente por elementos de la Procuraduría de Justicia mexiquense, es decir, por la dependencia que encabeza Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
El objetivo de la tortura y las agresiones sexuales cometidas por los agentes de la Procuraduría mexiquense, según la propia declaración de las víctimas, es que ocultaran los excesos cometidos por personal militar de los que habían sido testigos. De los siete agentes de la PGJEM implicados en la tortura y agresión sexual, sólo cuatro enfrentan proceso, en libertad y sin haber sido separados de sus puestos.
Aún con estos señalamientos contra la labor de la Procuraduría mexiquense en el caso Tlatlaya, su titular se mantiene hasta la fecha en el cargo y, desde la semana pasada, cuenta con la nominación presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Caso Elba
El segundo colaborador del gobierno de Peña Nieto propuesto para ocupar una de las dos plazas en la SCJN es Javier Laynez, quien tiene siete meses de experiencia como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, y siete años como procurador fiscal de la Federación.
En su cargo como procurador fiscal, de hecho, Laynez fue pieza clave en la formulación de las denuncias penales contra la líder magisterial Elba Esther Gordillo por delitos de fraude fiscal, que la mantienen encarcelada desde hace dos años.
El sometimiento penal de Gordillo, cabe recordar, se dio el 26 de febrero de 2013, un día después de que el presidente Peña Nieto promulgara la así denominada “reforma educativa”, que incluyó, entre otros puntos, la aplicación de un nuevo sistema de evaluación magisterial y modificaciones al sistema de promociones laborales dentro de la estructura de educación pública.
Luego de la captura de Gordillo, el presidente Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional, para asegurar que “se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del SNTE”.
Y, efectivamente, la reforma educativa fue aceptada por la nueva dirigencia nacional del SNTE, nombrada tras la captura de Gordillo.
Trece meses después de la investigación contra la lideresa magisterial, Javier Laynez fue nombrado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y, ahora, candidato a la Suprema Corte.
Epílogo: los otros
Con estos dos colaboradores del presidente Peña Nieto contenderán, por los dos puestos en la Corte, cuatro magistrados que han desarrollado su carrera profesional en el Poder Judicial, como jueces.
Ellos y ellas son Sara Orea (magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes desde 2008); Norma Lucía Piña (magistrada de Circuito desde 2000); Verónica Judith Sánchez (actualmente magistrada de Distrito, y en el pasado jueza de procesos penales en el DF y magistrada administrativa de Circuito) y Álvaro Castro (magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hasta abril pasado).
Fuente: Animal Político
