Al menos 26 empresas y personas físicas cuyos bienes y cuentas están congeladas en Estados Unidos por vínculos con actividades del crimen organizado aparecen activas en el Registro de Contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina 2014 de Sinaloa.
De acuerdo con una investigación de la revista Emeequis, en el padrón de contribuyentes activos, un documento de mil 60 páginas entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas vía la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentran apellidos vinculados o que son investigados por lavado de dinero o crimen organizado.
Entre ellos, Miguel Ángel Guzmán Loera, actualmente preso en el Altiplano; Carlos Beltrán Leyva, detenido el 2 de enero de 2010; o las empresas de Isidro Meza Flores, conocido como El “Chapo Isidro”, cuyo grupo criminal fue catalogado a nivel de Cártel, en enero de 2013, por el Gobierno de Estados Unidos.
Además, todas las empresas vinculadas a Ismael “El Mayo” Zambada y que desde 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido realizar transacciones financieras o comerciales y ha ordenado congelar sus activos en jurisdicción estadunidense, también siguen activas pagando el Impuesto Sobre Nómina en Sinaloa.
Incluso, la tienda María Ferré sigue activa al momento de que una corte de California acusa a su propietario, Ignacio Muñoz Orozco, de participar en el delito de lavado de dinero, así como de manejar etiquetas “piratas” de ropa.
“A nivel estatal no se hace mucho o no se hace casi nada en materia de investigación financiera”, dijo a la revista Antonio Mazzitelli, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México.
De origen italiano y con experiencia en el combate al lavado de dinero en Italia y Colombia, el funcionario de la ONU destacó que además del Gobierno federal, la única entidad del país que tiene una unidad de inteligencia financiera es el Distrito Federal.
“Y me pregunto: cómo se puede operar o cómo se puede ser eficiente, eficaz en la lucha de lavado de activos cuando las inversiones se dirigen, por ejemplo a fincas, a bienes-inmuebles que no pueden ser monitoreados desde aquí, en la Ciudad de México”, expuso.
Contrario al interés de investigar, funcionarios del Gobierno de Sinaloa, como el Secretario General Gerardo Vargas Landeros, han optado por argumentar desconocimiento, aun cuando tienen información en la SAyF. Emeequis buscó entrevista con personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa pero no respondieron. El reportaje es parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
De acuerdo a la información entregada en la misma petición, los ingresos por este concepto en un lapso de ocho años no han sido pocos: pasaron de 212 millones de pesos en 2006, cuando inició el combate al narcotráfico de Felipe Calderón, a 496 millones de pesos en 2013, primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
(El reportaje completo se publica en m-x.com.mx)
