Por Álvaro Delgado
Si en México no se juzga a nadie por lavar millones de dólares de un cártel del narcotráfico, como ahora ocurre en Estados Unidos con el presunto cómplice de Lilian de la Concha –la exmujer de Vicente Fox–, es porque la narcopolítica ha penetrado hasta la médula del Estado y sus integrantes.
La narcopolítica se instaló en México gracias también al silencio de autoridades, políticos, empresarios, iglesias y medios de comunicación, y esa mudez colectiva amenaza ahora con arrastrar a la nación al caos, como el que padece Michoacán.
Gobernado por el crimen, Michoacán es la prueba de que todo lo malo en México puede ser peor: Si el demencial belicismo de Felipe Calderón sólo produjo decenas de miles de muertos –miles de inocentes entre ellos–, la inoperancia de Enrique Peña Nieto no ha sido menos funesta para mantener a la sociedad en la indefensión.
Si la violencia es incontrolable en Michoacán y perfila una guerra civil es porque ahí se enraizó el crimen hace por lo menos tres décadas, en un amasiato con los gobiernos que terminó en subordinación, y ese parece ser el futuro del país entero por las complicidades al más alto nivel.
Aludo a esto por el silencio de autoridades, clase política, iglesias y medios de comunicación ante la reveladora información periodística difundida por el semanario Proceso, desde hace tres semanas, sobre el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, que durante décadas se atribuyó al narcotraficante Rafael Caro Quintero y que fue cometido, según personajes involucrados, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Este caso no es solamente el derrumbe de un mito, según la información testimonial de personajes estadunidenses clave en la trama –como el de Héctor Berrellez, supervisor de la Operación Leyenda de la DEA, articulada para investigar el asesinato de Camarena–, sino la ratificación de que el gobierno de México estaba al servicio de la CIA y sus nexos con el narcotráfico.
Miguel de la Madrid, presidente de México entre 1982 y 1988 –cuando se gestó la narcopolítica–, ya murió, pero hay personajes clave que están vigentes implicados en este fenómeno enraizado en México: Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, y Sergio García Ramírez, procurador general de la República.
A las revelaciones de tres exagentes federales de Estados Unidos sobre los crímenes de la CIA y las complicidades de ésta y el gobierno mexicano con el narcotráfico, difundidas por la cadena Fox en Estados Unidos y Proceso en México, gracias al trabajo del corresponsal Jesús Esquivel, se suma ahora el señalamiento de Jorge Carrillo Olea: Bartlett y García Ramírez lo sabían todo.
Bartlett, actual senador del Partido del Trabajo, ha evadido su responsabilidad en la colusión de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la CIA y el narcotráfico, así como en el asesinato del “Kiki” Camarena. “Eso no puede ser… si no era subsecretario de la Reforma Agraria, era secretario de Gobernación”, afirma Carrillo Olea.
En entrevista de Jorge Carrasco, publicada en el número de Proceso que está en circulación, Carrillo Olea, quien fue subsecretario de Gobernación con Bartlett, afirma: “La DFS estaba totalmente al servicio de la CIA”.
Igual que Bartlett, otro personaje que ha guardado silencio sobre la participación de la CIA en el asesinato de Camarena, así como los nexos de ésta con el narco, asegura Carrillo Olea, es García Ramírez, quien fue electo consejero del IFE, en 2011, pese a tener medio siglo como militante priista.
–En su etapa como procurador general de la República se señala que fue cuando se incubó en México el narcotráfico –le pregunté cuando llegó al IFE.
–No es así. No es así –negó–. La procuraduría que yo entregué la entregué en los términos en que lo hice. La situación de aquel entonces era totalmente distinta de la actual, pero en fin, la historia de esa etapa, de lo que pasó entonces, de lo que ocurrió antes y de lo que ocurrió después, está por escribirse. Ya la escribiré.
Pero no sólo no ha escrito nada, sino que renunció repentinamente como consejero del IFE, en febrero de 2013, tras votar en contra de imponer sanciones a Monex, una de las empresas mediante la cual se financió la campaña de Peña Nieto, en un esquema de lavado de dinero que sigue impune.
Destapada la cloaca, es previsible que emerjan más evidencias de otros crímenes cometidos con la complicidad de la CIA, el narcotráfico y el gobierno de México de entonces y ahora. Uno de ellos es el asesinato del periodista Manuel Buendía, por cuya autoría intelectual se sentenció a José Antonio Zorrilla, director de la DFS, subordinada a Bartlett…
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Fuente: Apro
