Los operadores de esquemas offshore de los paraísos fiscales temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones de recursos y lavado de dinero. En la investigación Pandora Papers se encontraron varios casos de inversionistas señalados por autoridades estadunidenses como narcos y contrabandistas.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
Durante por lo menos 12 años el tapatío Hassein Eduardo Figueroa Gómez operó en secreto desde el paraíso fiscal de Dubái una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que controlaba otras cinco compañías en la zona franca del puerto de Jebel Ali, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Sus acciones estaban registradas a nombre de una compañía de Nevis y tenía una empresa de las islas Turcas y Caicos como “directora de papel”.
Este esquema offshore empezó en diciembre de 2004 y duró hasta abril de 2016, cuando abogados del despacho Trident Trust, con sede en las islas, se percató de que su cliente figuraba desde 2012 en listas de narcotraficantes internacionales del gobierno de Estados Unidos junto con su padre Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, detenido en México en septiembre de 2011.
El gobierno estadunidense alega que los Figueroa encabezan una red internacional de tráfico de precursores químicos, a través de la cual han movido toneladas de efedrina y seudoefedrina desde Europa y África Subsahariana hasta México, donde las vendieron a grupos criminales para producir metanfetaminas.
El 7 de abril de 2016 Jeremy Jordan, empleado de Trident Trust, mandó un correo “urgente” a cuatro colegas del área jurídica del despacho. Indicó que el nombre de Figueroa Gómez había arrojado un “hit” en el sistema de revisión global, en la revisión rutinaria de clientes del despacho en las Islas Vírgenes Británicas.
“Tengan la amabilidad de confirmarnos si el individuo en el reporte es el mismo que el beneficiario real de la sociedad”, apremió Jordan en el correo, que forma parte de los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios revisaron en el marco de la investigación internacional Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estos documentos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios offshore, entre ellos Trident Trust.
Las alarmas se prendieron en las sociedades que prestaban servicio a Figueroa Gómez y su socio Rodrigo Romero Mena: desde hace por lo menos cuatro años, ambos aparecían en las actas corporativas de la estructura de un sujeto buscado en Estados Unidos por narcotráfico; sus firmas en los documentos los hacían responsables legales de presuntas operaciones de lavado de dinero.
En Pandora Papers aparece un intercambio de comunicaciones que empezó en octubre de 2015 entre los asesores de Figueroa en Dubai y sus agentes en las Islas Vírgenes Británicas, en los cuales hablaban de las operaciones de Figueroa Gómez. Por ejemplo, en enero de 2016 una empleada de Trident solicitaba agregar una “descripción clara sobre el origen de los fondos” y señalaba que “la ocupación del Sr. Gómez debe ser claramente definida”.
Todavía el 23 de marzo de 2016 Trident mandó una factura de 13 mil 250 dólares a los asesores emiratíes para pagar las cuotas de la sociedad de papel de las islas llamada Phoenix Finance Group Limited. Dos semanas después el despacho se percató que su cliente era un delincuente.
El 11 de abril de 2016, la compañía Guardian Nominees Limited, de Nevis, que aparecía como “accionista” de papel en lugar de Figueroa, transfirió todas las acciones al mexicano; el 12, la empresa Vulcan Limited, basada en el archipiélago de Turcas y Caicos, notificó su renuncia como “directora de papel” de Phoenix Finance Group Limited, y 13 días más tarde, Trident anunció a su cliente de Dubái su retiro como agente de registro. A partir de ese momento, toda la estructura, y el nombre de Figueroa Gómez, quedaban expuestos.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
