Por Carlos Miguélez Monroy*
Si mañana pisara España un torturador o un genocida, ningún juez nacional podría ordenar su detención para procesarlo, salvo que el perpetrador o las víctimas fueran españoles o los abusos se hubieran producido en España. En cinco años, el gobierno español ha modificado dos veces su ley sobre jurisdicción universal, entendida como la facultad de un juez de cualquier lugar del mundo para investigar delitos graves contra los derechos humanos y para detener y procesar a sus responsables, sin importar su procedencia. Esta facultad se ejerce cuando los estados donde se cometen los abusos o de donde proceden los criminales cuentan con leyes de amnistía, se encuentran en periodos de inestabilidad política o no tienen la capacidad para investigar y juzgar a los responsables.
En 2009, Israel presionó para un cambio en la legislación española. Los jueces tenían una causa abierta contra sus militares por abusos durante la operación Plomo Fundido, en Gaza. También investigaban abusos en Guantánamo y violaciones de derechos humanos de China en el Tíbet, entre otros. La última reforma de la ley llegó en 2013 por amenazas del gobierno chino a tomar represalias comerciales.
La existencia de un Tribunal Penal Internacional para juzgar estos delitos no justifica que gobiernos como el español cedan a presiones diplomáticas y comerciales para inhibirse en casos de jurisdicción universal. Este tribunal sólo puede actuar contra personas provenientes de países que lo hayan ratificado, o en supuestos establecidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ni China, ni Israel ni Estados Unidos ratificaron el Tratado de Roma por el cual se constituyó el tribunal, lo que ilustra su complementariedad con leyes nacionales en materia de jurisdicción universal. A la vez que se buscan nuevas incorporaciones al TPI para acabar con la impunidad, se trata de fortalecer las legislaciones nacionales en materia de jurisdicción universal.
La tortura, el genocidio, las desapariciones forzadas y los crímenes de guerra se cometen contra víctimas concretas en lugares concretos. Pero también disminuyen en su conjunto a la humanidad, que cuenta ahora con medios para investigar y juzgar a quien los cometa, y para proteger y reparar a las víctimas y a sus familiares. Sobre todo, cuenta con el contraste entre testimonios de países que empiezan a cerrar sus heridas porque las han intentado curar y aquellos que las han cicatrizado mal por culpa de amnistías generales y de supuestas transiciones ejemplares. Ningún estado se puede cimentar cadáveres que a los que ni siquiera se les pudo dar sepultura y a familiares a los que nunca se restituyó.
La jurisdicción universal hunde parte de sus raíces en los juicios de Nüremberg, que buscaban enviar un mensaje para que nunca se repitiera la barbarie. Incluso si se aceptan las críticas de que se trató de una justicia para los vencedores y que se aplicaron condenas que en sí suponían violaciones de derechos fundamentales, sentó las bases para perseguir crímenes que dañaban a la humanidad en su conjunto.
Luego vinieron las dictaduras militares en América Latina, la Guerra de los Balcanes, las masacres en Ruanda y el Congo, las desapariciones en Colombia y ahora las que se producen en México en la supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero con el tiempo se ha generalizado la condena moral, gracias en parte a periodistas y medios de comunicación que han denunciado y fotografiado la barbarie. Los avances en materia de jurisdicción universal han vuelto el mundo un lugar más incómodo para los criminales de guerra.
Ni siquiera personajes como Donald Rumsfeld se sienten cómodos en cualquier parte del mundo, aunque aún gocen de gran impunidad. Cuando se encontraba en Alemania, una organización internacional interpuso una demanda por crímenes cometidos mientras era Secretario de defensa de Estados Unidos durante las operaciones en Afganistán e Irak. Argumentaban que Estados Unidos no formaba parte del TPI y que los tribunales estadounidenses jamás procesarían al responsable militar de una invasión orquestada desde lo más alto de la política.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden sentirse defraudadas con gobiernos que aprueben políticas regresivas en materia de jurisdicción universal. Subyace el mensaje de que en este mundo priman los intereses comerciales por encima de valores más importantes para el conjunto de la humanidad. “Nada personal”.
* Carlos Miguélez Monroy. Periodista y coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
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Twitter: @cmiguelez
