Organización de la sociedad civil advierten que las senadoras panistas eliminan diversos derechos que se habían ganado a favor de las víctimas
Por Elizabeth Velasco C./ La Jornada
Ante la presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU, Nicole Ameline, diversas asociaciones civiles que combaten la trata de mujeres y niñas en el país, denunciaron a un grupo de senadoras, entre éstas a las panistas Adriana Dávila y Luisa María Calderón, de promover una “contrarreforma” que busca desactivar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, apenas aprobada en 2012.
En una misiva dirigida a Ameline, en la cual piden su “urgente intervención”, las fundaciones Camino a Casa; Sin Trata y Reintegra, y las asociaciones Alto al Secuestro, México SOS y la Comisión Unidos contra la Trata de Personas, por citar algunas, advierten que en su propuesta -que fue ya enviada a la Cámara de Diputados para que se aprueben los cambios a la ley-, las senadoras eliminan diversos derechos que se habían ganado a favor de las víctimas de trata, entre éstos: el fondo de apoyo para su recuperación y el establecimiento de medidas especiales de protección que se les otorga durante una investigación criminal.
Además, “modifican los delitos para que los delincuentes obtengan su libertad; promueven dar atención y protección genérica a las víctimas, sin atender sus necesidades específicas; permiten la libre publicación de anuncios solicitando y ofertando a mujeres, y eliminan herramientas y metodologías de investigación, en las cuales se favorece la extracción segura de la víctima del lugar donde de alojamiento o explotación”.
Además de Dávila, presidenta la Comisión Especial Contra la Trata de Personas del Senado de la República, participaron en las propuestas de reformas, las priístas Lucero Saldaña y Margarita Flores, y la perredista Angélica de la Peña.
En entrevista con La Jornada, Patricia Caso, presidenta de la Fundación Camino a Casa, advirtió que los cambios propuestos le quitarían “los dientes” a la ley referida, apenas aprobada el año pasado y que ha representado el esfuerzo de varios años de lucha de organizaciones diversas que, como en el caso de Camino a Casa, se dedican a la rehabilitación y atención de las niñas y jóvenes víctimas de trata.
Además de pedir la intervención de la CEDAW, denuncian al Estado mexicano y al Senado de ignorar las recomendaciones que ese organismo de defensa de los derechos humanos de las mujeres de la ONU hizo en 2012, y de “obstaculizar” a las niñas y mujeres el acceso a la justicia y la reparación de daños sufridos.
Entre las omisiones en que, detallan, ha incurrido el gobierno mexicano, refieren que a más de un año de las recomendaciones de la CEDAW, no se ha elaborado un diagnóstico sobre la situación en México respecto a la trata de mujeres, ni el registro de niñas y mujeres desaparecidas.
“Son las organizaciones no gubernamentales las que participan en la búsqueda de las niñas y de las mujeres secuestradas, sin que cuenten con el apoyo del gobierno”.
Asimismo, prosiguen, “el gobierno federal no ha promovido ninguna medida de prevención en contra de la trata de personas, y no existe ninguna campaña o estrategia gubernamental sobre prevención del delito. Sólo las organizaciones no gubernamentales han promovido campañas de denuncia”.
Tampoco se ha “se ha instalado ningún espacio del gobierno federal para la atención a las víctimas como lo mandata la Ley General; el único refugio gubernamental fue instalado en 2009, los otros tres refugios que existen son sostenidos por organizaciones no gubernamentales, lo que refleja una actitud gubernamental omisa en la protección y el apoyo a las víctimas en su recuperación”.
Fuente: La Jornada
