Estados y municipios han puesto casi a remate automóviles, casas, parques, jardines y lotes turísticos, entre otros bienes, a consecuencia de las medidas legislativas para frenar el endeudamiento, por lo que se ven obligados a subastar y deshacerse de los bienes patrimoniales de los ciudadanos para allegarse de recursos.
Ante ello, el Senado alista una reforma al artículo 115 Constitucional para acotar la discrecionalidad con que venden, ceden o enajenan sus bienes, con la que se verán obligados a contar con mayoría calificada en los Congresos locales para ello y ya no solo con la autorización de los regidores del ayuntamiento.
El autor de la iniciativa, el priista y ex gobernador de Chihuahua Patricio Martínez, asegura que el remate en los municipios ya es grave, porque prácticamente hay gangas de bienes muebles e inmuebles y se puede calificar de una desviación de recursos.
“En la medida en que llegó la pluralidad a los ayuntamientos, ahí observamos una competencia de sus integrantes para ver quién regala más de los bienes municipales ¡hablémoslo con claridad y seamos honestos, esa es la realidad! Entonces, sé que hay personas que están gestionando que los ciudadanos no paguen derechos, impuestos, el agua y se les regalen, con justificaciones que muchas veces son válidas, pero no pueden llegar a extremos de ahorcar las finanzas municipales llevándolas a la inoperancia de lo que son sus objetivos”.
En los últimos años, particularmente luego de aprobarse la reforma que dota de mayores facultades al Congreso y a la Secretaría de Hacienda para revisar las deudas de los estados, municipios de todo el país están recurriendo a la venta de sus bienes, que se acentúan con los cambios de poderes.
En esta administración, la alcaldía de Colima puso a la venta ocho terrenos por cerca de 40 millones de pesos para pagar prestaciones laborales, deudas con proveedores y realizar obras, según lo dicho por el presidente municipal Federico Rangel Lozano, lo que la oposición en ese estado calificó de un remate.
Mientras que en Villa de Álvarez, también en Colima, el alcalde Enrique Rojas puso a la venta en 5 millones de pesos un terreno de 7 mil metros cuadrados, destinado a la construcción de una clínica, un jardín de niños y una primaria, que finalmente fue comprado por una empresa inmobiliaria para la construcción de casas.
No fue el único predio. El 9 de noviembre de 2013, según la Orden del Día de la sesión de cabildo, se enajenó también el predio Las Lagunas III, de 5 mil metros, en 2.9 millones de pesos; así como el de Real Santa Fe, de 3 mil 700 metros cuadrados, en 2.5 millones de pesos, que pasaron de uso de “Equipamiento institucional” a habitacional unifamiliar con densidad media y alta.
Coatzacoalcos, Veracruz, es —según estudios del Senado— uno de los municipios más endeudados de ese estado, pues en 2012 reestructuró pasivos por 220 millones de pesos, y casi al concluir la gestión del alcalde Marcos Theurel Cotero, el ayuntamiento puso en venta 60 bienes inmuebles en espera de recaudar 20 millones de pesos, con el argumento de que los dueños de esas casas debían el pago de predios al municipio.
En la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz número 299, del 2 de agosto de 2013, se da cuenta de la convocatoria a remate de bienes inmuebles embargados, como una casa en Villas San Martín por 250 mil pesos, que debía mil 455 pesos de predio; otra casa en Puerto Esmeralda de 520 mil pesos, que debía mil 240 pesos; otra en esa colonia de 260 mil pesos, que adeudaba al municipio 834 pesos, entre otros bienes.
En el Centro del país también hay remates. Tal es el caso de Calpulalpan, Tlaxcala, donde 11 trabajadores del municipio presentaron diversas demandas laborales y el municipio debió rematar tres propiedades entre mayo y julio de este año para hacerse de más de 16 millones de pesos, entre éstas la casa de Las seis hermanas, lotes en el fraccionamiento La Herradura y otra en la calle de Independencia, sección primera.
En Cozumel también generó polémica la venta de la Plaza Siria, del Parque Benito Juárez, a la cadena de joyerías Diamond International, cuyo valor catastral era de más de 4 millones de pesos, según el acta de cabildo de 2012, aunque funcionarios de la pasada administración dijeron que se había vendido en 16.5 millones de pesos.
Aunque los municipios no solo se están deshaciendo de bienes inmuebles, sino de otras propiedades que han generado escándalos locales, como en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde salió a remate un lote de automóviles considerados inservibles, entre otros, una Suburban 1998 en 5 mil pesos, una camioneta Venture de lujo modelo 2002 en 5 mil pesos, una Ford Pick-up en 3 mil pesos, según la prensa local.
En marzo de 2012, el municipio de Victoria, Tamaulipas, también remató propiedades oficiales mediante el decreto 0781, según el cual se da la orden: “Remátese los bienes municipales en las condiciones que se encuentran al momento de la subasta, siendo responsabilidad de los participantes el estado en que se adquieran”.
Así, se vendieron una camioneta Chevrolet modelo 2001 en mil 900 pesos; otra camioneta Chevrolet 2003 en 2 mil pesos; dos refrigeradores con cuatro puertas en 633 pesos cada uno; dos cocinas con horno y churrasqueras en 728 pesos, entre otras propiedades.
Al respecto, el senador Martínez señala que las gangas de bienes municipales aumentan cuando entra el nuevo alcalde y cuando se va, y ya es algo generalmente aceptado y utilizado como un medio de financiamiento, cuando de ninguna manera esos bienes fueron entregados por particulares o heredados por las administraciones para que los liquidaran.
“Me parece que éste es solo uno de los problemas que tenemos en los municipios de México, éstos de alguna manera son la base de la organización política y administrativa de este país y son obsoletas muchas de las normas que rigen sus actividades”.
Por ello, presentó la iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional para regular el manejo del patrimonio de los municipios.
El inciso “b” propone “los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario que no se encuentren en el supuesto del párrafo siguiente, o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento”.
“Los bienes inmuebles de dominio público propiedad de los municipios tendrán el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables y en consecuencia no podrán ser objeto de ningún acto traslativo de dominio cualquiera que sea su denominación”.
Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de uso y goce temporal de bienes inmuebles propiedad de los municipios cuando se vayan a destinar para actividades de beneficio social, lo que únicamente podrá realizarse previa aprobación de dos terceras parte del Congreso local.
Y ese contrato estará sujeto a la condición resolutoria de que el inmueble se destine efectivamente al fin para el que cual se concedió la aprobación y no podrá ser sujeto de ulteriores disposiciones o enajenaciones. De incumplirse cualquiera de los dos supuestos anteriores se revertirá el uso y goce del inmueble al patrimonio pleno del municipio.
Fuente: Milenio
