Cientos de miles de personas volvieron ayer a las calles de Brasil para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, quien será investigado por el Supremo Tribunal Federal, a petición de la Procuraduría General de la República, por supuestamente no denunciar una tentativa de corrupción en la negociación para la compra de Covaxin, vacuna india contra el Covid-19.
Los manifestantes se reunieron en más de 100 ciudades del país, como Río de Janeiro, Brasilia, Belém, Recife y Porto Alegre, para además exigir un juicio político en contra del mandatario por su manejo de la pandemia y un mayor acceso a las vacunas contra el virus.
“Bolsonaro genocida”, “No era negacionismo, era corrupción” y “Sí a las vacunas”, fueron las consignas inscritas en pancartas de los manifestantes que bloquearon varias cuadras de la avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil.
Junto a las camisetas y banderas rojas de sindicatos y movimientos sociales, algunas de ellas pidiendo el regreso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muchos manifestantes de izquierda lucieron la bandera brasileña, en un intento de reapropiarse del símbolo nacional normalmente utilizado por los simpatizantes del mandatario ultraderechista.
Bolsonaro ayer: "la fuerza es mayor para nuestro lado"
São Paulo hoy, en el recorrido de @MidiaNINJA por el #3JForaBolsonaro: pic.twitter.com/Mtk0kiOYOd
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) July 3, 2021
Otras capitales estatales como Belem (Pará, norte), Recife (Pernambuco, noreste) y Maceió (Alagoas) también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban “Bolsonaro genocida”, “Impeachment ya” y “Sí a las vacunas”.
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora del gobierno para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el Covid -como la hidroxicloroqiuna- y Bolsonaro criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo.
Esto motivó la apertura el viernes de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de “prevaricación”, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
Otras alegaciones que investiga la CPI y que causaron revuelo esta semana partieron de un empresario que afirmó haber recibido un pedido de soborno de un director del Ministerio de Salud mientras supuestamente negociaba la venta de vacunas con el gobierno, algo que el funcionario -que fue removido de su cargo- niega.
Bolsonaro, en el poder desde 2019, niega que haya ocurrido cualquier acto de corrupción en su gobierno y asegura que la comisión parlamentaria es una “payasada” para sacarlo del poder.
La oposición presentó esta semana un “superpedido de impeachment”, que condensa un centenar de pedidos de destitución ya presentados ante la Cámara de Diputados con más de 20 acusaciones diferentes contra el mandatario.
Fuente: AFP/ Agencias
