Por Carlos Miguélez Monroy*
Hace unos días, Naciones Unidas aprobaba la creación de un Grupo de Trabajo encargado de elaborar un tratado que obligue a las empresas multinacionales a respetar los derechos humanos. El hecho implica el reconocimiento de la impunidad de estas empresas por falta de mecanismos legales. Sin embargo, presentarlo como un triunfo de “pequeños” contra “gigantes” impide ver los obstáculos que semejante tratado tendrá, en el estado actual de las cosas, para responsabilizar a multinacionales por abusos.
Las empresas a las que se atribuyen violaciones graves de derechos humanos en los últimos años provienen, en su mayoría, de Estados Unidos, Canadá, países europeos y otras potencias. Petroleras, mineras, madereras, embotelladoras y otras que, además de cometer violaciones de derechos humanos, ponen en peligro formas de vida ancestrales de algunos pueblos indígenas que no conciben la vida si no es en armonía con su entorno natural.
Los países de donde provienen muchas de estas empresas están entre algunos de los estados del Consejo de Derechos Humanos que votaron en contra de la resolución de la ONU. O se abstuvieron. Si lo hacen con una simple resolución que crea un grupo de trabajo para elaborar un tratado, cuesta creer que firmarán un tratado vinculante dentro de unos años. Los acuerdos internacionales sólo tienen efecto sobre los países que los firman y ratifican, lo cual daría a los supuestos tribunales competencias limitadas para actuar contra las empresas de esos países.
Por otro lado, atribuir una violación de derechos humanos plantea dificultades, sobre todo en el plano de la responsabilidad. No se puede imputar a una multinacional sin nombres, apellidos y una determinada personalidad jurídica. Se tendrá que atribuir la responsabilidad a los miembros de las juntas directivas y de accionistas, a los directores ejecutivos, a los mandos intermedios o a los trabajadores. ¿Se imputa el delito a quien cumple una orden o a quien la da? Cuando la falta la comete una empresa subcontratada para los servicios de seguridad, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿La empresa que subcontrata o la subcontratada que comete la falta? ¿Y si la comete una empresa subcontratada por el gobierno para funciones que le corresponden al estado como órgano que garantiza ciertos derechos fundamentales?
Por otro lado, semejante tratado puede encontrar los mismos obstáculos que tuvieron las víctimas de violaciones de derechos humanos en sonados juicios contra multinacionales como Royal Dutch y Shell. Al final, estos gigantes consiguen acuerdos extrajudiciales. Migajas para ellos pero que, para las víctimas, representan cantidades millonarias que no pueden rechazar, aunque los abusos que sufrieron nunca se reparen en realidad.
El concepto de multinacional plantea dificultades al derecho internacional como lo conocemos. Para empezar, cada vez cuesta más trabajo definir la nacionalidad de una empresa. ¿Se define en función de dónde se registra, de dónde tiene su sede principal o su actividad mercantil? ¿Y si tiene múltiples sedes? Cada vez más se registran en paraísos fiscales, donde encima se protege su actividad por medio del secreto bancario y la opacidad. Esto plantea dificultades a la hora de definir el foro competente para juzgar los abusos.
Por otro lado, cómo exigirles a las multinacionales lo que no cumplen otras empresas nacionales. Los propios recortan derechos con la excusa de reducir el déficit para salir de la crisis: recortes en los derechos laborales, en sanidad y en educación. Hace unos meses, el gobierno de Madrid estaba dispuesto a modificar su ley anti-tabaco y sus leyes laborales para garantizar que el magnate Sheldon Adelson construyera Eurovegas en la capital española. La lista de exigencias era tan vergonzante al final que incluso el gobierno actual lo rechazó.
La lucha contra los abusos de multinacionales pasa por fortalecer el estado, debilitado por la cada vez más invisible puerta que separa los puestos en los gobiernos de puestos en empresas de energía privatizados hace pocos años y otros que son clave para la economía.
El sistema de Naciones Unidas lo componen los estados. Prometer protección ante empresas que se camuflan en las estructuras de poder equivale a vender humo a ciudadanos vulnerables cuando el propio estado no cumple sus obligaciones de respetar, hacer respetar, proteger y promover los derechos que nos corresponden a todos.
* Carlos Miguélez Monroy. Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
Twitter: @cmiguelez
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
Twitter: @CCS_Solidarios
