Las multas que por más de 100 millones de pesos le impuso la Comisión Federal de Competencia a Televisa no ponen en jaque la sociedad que Emilio Azcárraga estableció con Ricardo Salinas en Iusacell, aun cuando el órgano antimonopolio advierte que castigará la violación reiterada a las normas y leyes que buscan evitar la concentración en el ámbito de las telecomunicaciones. Al final de cuentas, la penalización económica en contra del consorcio puede atascarse en el limbo de las apelaciones judiciales.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
Por primera vez desde que inició su proceso de expansión hacia el triple play y de concentración del mercado de la televisión restringida, Grupo Televisa fue objeto de dos multas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), que suman 107.6 millones de pesos, por dos casos diferentes –Televisión Internacional (TVI) y Cablemás– pero en circunstancias similares: la violación a una condición impuesta por el organismo antimonopolio que le prohibió a altos ejecutivos de Televisa formar parte del Consejo de Administración de GSF, consorcio que controla las empresas Total Play y Iusacell, ambas de Ricardo Salinas Pliego.
Las dos multas, que aún pueden ser litigadas por Grupo Televisa en tribunales o acogerse al recurso de reconsideración (caso Cablemás), no afectarán el proyecto más ambicioso de Emilio Azcárraga Jean: su sociedad al 50% con Salinas Pliego en Iusacell, pero podría desembocar en un proceso de desinversión o ruptura con TVI o con Cablemás, según distintos observadores consultados.
En menos de una semana, el pleno de los cinco comisionados de la CFC decidió imponerle a Grupo Televisa la más alta sanción para estos casos: 53.8 millones de pesos por el caso de Televisión Internacional (TVI), donde es socio de Francisco González, dueño de Grupo Multimedios Estrella de Oro y de los periódicos Milenio y el canal Milenio TV, y otra multa por 53.8 millones por el caso de Cablemás, la segunda cablera más grande del país, donde Televisa mantiene el control mayoritario desde que se asoció con la familia Álvarez Guerrero.
En el primer caso, el de TVI, el pleno del organismo regulador ratificó la multa que estableció en octubre del año pasado. Grupo Televisa pidió reconsiderar esta decisión, pero perdió. Aún falta saber si la televisora se amparará ante los tribunales ordinarios. Fuentes internas de la empresa indican que “seguramente” irá por esta vía.
En el segundo caso, el de Cablemás, la CFC resolvió la multa el miércoles 9. Grupo Televisa puede interponer el recurso de revisión en los próximos 30 días naturales. La multa equivale al monto máximo estipulado por la Ley Federal de Competencia Económica, anterior a las reformas de mayo de 2011.
En ambos casos, los integrantes de la CFC argumentaron que en abril de 2011 dos consejeros de Grupo Televisa (Emilio Azcárraga Jean, presidente, Alfonso De Angoitia, vicepresidente) y otro funcionario más se integraron al Consejo de Administración de GSF Telecom Holdings, propietaria de la empresa de televisión restringida Total Play, que también pertenece a Ricardo Salinas Pliego.
“Con ello, Televisa incumplió la condición de que en su consejo de administración no participaran consejeros de otras empresas de televisión restringida o de alguna de sus subsidiarias, impuestas por la CFC con el objetivo de evitar que se inhibieran los incentivos de estas empresas de televisión restringida para entrar a los mercados regionales en los que tienen presencia las filiales de Televisa (Cablevisión y Sky) o Cablemás”, señala el comunicado del organismo.
El incumplimiento por parte de TVI y Cablemás, ambas empresas relacionadas con Televisa, se acreditó como resultado de un proceso de verificación iniciado por la CFC en diciembre de 2011, “que se interrumpió temporalmente a causa de diversas suspensiones judiciales obtenidas por Televisa y algunas de sus subsidiarias”.
Multa o descentralización
Durante la discusión, dos de los cinco integrantes del pleno de la CFC, Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Bernés, consideraron que no bastaba con la multa sino que procedía ordenar “la desconcentración” de Televisa en Cablemás y en TVI; es decir, que desinvirtiera en ambas empresas, las cuales suman más de 2.7 millones de suscriptores de televisión por cable.
Desde 2007, la adquisición de las dos compañías le permitió al consorcio de Azcárraga Jean tener el control de 65% de los abonados a sistemas de televisión restringida, según los datos de la propia CFC. TVI cuenta con 738 mil suscriptores y Cablemás, la segunda más grande después de Cablevisión, tiene 1 millón 938 mil usuarios.
Al mismo tiempo, la sociedad en estas empresas, que eran rivales de Cablevisión y Sky, ambas filiales de Grupo Televisa, le generó al consorcio de Emilio Azcárraga Jean un incremento sustancial en sus utilidades. Tan sólo en 2012 Cablemás produjo 485 millones de pesos de ganancias y TVI 227.9 millones, según el reporte trimestral de 2012 de Televisa.
Eduardo Pérez Motta, presidente del pleno de la CFC, admite que se generó esta discusión, pero finalmente prevaleció la posición de los otros tres comisionados que optaron sólo por la multa.
“Hay diferentes grados de gravedad. Si hubieran hecho algo que desde nuestra perspectiva hubiera implicado algo muy grave, no hubiera bastado la multa. Si hubiéramos decidido ordenarle a Televisa que desinvierta, seguro lo hubiéramos perdido en tribunales”, aclara Pérez Motta, en consulta telefónica.
“La multa tenía que ser proporcional a la gravedad de lo que cometieron. En ambos casos, estamos hablando de casi 110 millones de pesos, que es una cifra considerable”, argumenta.
–¿Estas multas ponen en riesgo la fusión entre Televisa y Iusacell, aprobada finalmente en junio de 2012? –se le pregunta.
–No, para nada. En todo caso pondrían en riesgo la operación actual de Cablemás y TVI. Ahora, todo depende de si estas empresas deciden ampararse para no pagar la sanción.
El comunicado del órgano regulador establece que “en ambos casos, el pleno juzgó que no era procedente ordenar la desconcentración en TVI y en Cablemás, posibilidad prevista en el artículo 35, fracción VIII de la Ley Federal de Competencia Económica, atendiendo a las consecuencias que se han derivado del cumplimiento que hasta el momento se ha dado del resto de las condiciones impuestas por la CFC en estos casos.
“Sin embargo, el pleno señaló que ante una eventual reincidencia, la Comisión hará uso de todas sus facultades legales para sancionar debidamente el incumplimiento de condiciones”, advierte el comunicado.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1889, ya en circulación)
