Luciano Benjamín Menéndez, el militar, de 90 años, acumulaba 13 cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina
El represor Luciano Benjamín Menéndez, récord mundial con 13 condenas por crímenes de lesa humanidad, murió hoy a los 90 años, en un hospital militar de la provincia de Córdoba, centro de Argentina.
Menéndez cumplía arresto domiciliario cuando fue hospitalizado por un grave cuadro cardíaco, mientras esperaba otros dos juicios en los que estaba imputado por delitos cometidos en la dictadura (1976-1983) de la cual fue uno de sus verdugos principales.
El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército (1975-1979) y ex jefe de represores fue condenado por desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones y robo de bebés. El “Chacal” o la “Hiena”, algunos de sus alias, fue el ejecutor del plan sistemático de represión en 10 de las 23 provincias del país.
A Menéndez se le adjudica ser el ideólogo del “pacto de sangre” que se tradujo en una “omertá” mediante la participación que él ordenaba a sus oficiales en secuestros y fusilamientos para asegurarse el silencio en el futuro.
Pero el brazo de la “justicia legal”, como reclaman los organismos de Derechos Humanos, lo alcanzó y fue inculpado en cerca de 800 causas por delitos varios cometidos en tiempos del terrorismo de Estado.
Como responsable del destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, en la provincia de Córdoba (distante 699 km de la capital), tuvo bajo su esfera de poder el centro clandestino de detención La Perla, por donde pasaron 2.500 detenidos. Según los testimonios de sobrevivientes, Menéndez presenciaba fusilamientos, interrogatorios y sesiones de torturas.
En 1990 eludió el primer juicio en su contra y luego fue beneficiado por la ley de Indulto de la presidencia de Carlos Menem (1990-2000). Pero la declaración de inconstitucional de la gracia por parte de la Corte Suprema de Justicia, en 2005, abrió la puerta a la primera condena a perpetua -en 2008- por crímenes de lesa humanidad por secuestrar, torturar y fusilar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) detenidos en La Perla.
Otras de las cadenas perpetuas fueron emitidas tras los juicios celebrados en las provincias de Salta, Tucumán, La Rioja, donde fue condenado en sendos juicios por los crímenes de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, y del obispo Enrique Angelelli.
La última cadena perpetua la recibió en 2016, en la provincia de San Luis, por 29 hechos de privación abusiva y agravada de la libertad, 29 hechos de tormentos con privación de la libertad y 11 homicidios calificados. “De este genocida no se puede decir -como cuando muere cualquier persona- que descanse en paz; nunca va a descansar en paz”, dijo a ANSA Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo de Línea Fundadora.
“La familia puede enterrarlo, llevarle flores, pero nosotras no hemos podido enterrar a nuestros hijos”, agregó Almeida, cuyo hijo Alejandro está desaparecido.
La activista destacó que “un ladrón de gallinas no tiene arresto domiciliario pero este genocida sí”, tras lo cual denunció “las políticas de Estado de este gobierno: son nefastas, todos los días se violan los derechos humanos”.
También la agrupación H.I.J.O.S. (hijos de detenidos-desparecidos) de Capital se expresó a través de Twitter sobre la noticia. “SE MURIÓ LA MUERTE: a las 11:20 murió el genocida Luciano Benjamín Menéndez. A diferencia de sus víctimas, se sabe la hora, el lugar y su familia puede despedirlo. Llegó a ser condenado en cárcel común, perpetua y efectiva, el único lugar para un genocida.¡30.000 PRESENTES!”, escribió.
El jerarca de la dictadura más juzgado nunca se arrepintió de sus delitos y, por el contrario, hizo apología del crimen en uno de los juicios: “Nuestros enemigos fueron los terroristas marxistas. Jamás perseguimos a nadie por sus ideas políticas”.
“Nunca ha reconocido su participación en los hechos criminales. Eso es lo más perverso, la cobardía de esas personas que no fueron capaces de reconocer esos crímenes pero sí de cometerlos”, dijo Baltasar Garzón, el ex integrante de la Audiencia Nacional de España, a Radio Del Plata.
Las innumerables condenas que recibió son producto de “la lucha ganada del Estado de derecho y de la Justicia contra aquellos que creyeron que iba a perdurar la impunidad”, añadió.
En tanto, la diputada y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, Liliana Montero, dijo al diario La Voz del Interior que “murió el mayor genocida de nuestra historia, la muerte lo encontró en el marco del sistema democrático, el cual le garantizó todos los derechos que él negó a quienes desapareció, torturó y asesinó”.
Fuente: ANSA
