El poderoso movimiento indígena de Ecuador que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005 (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), encabezó ayer, como parte del paro nacional convocado por organizaciones sociales, una protesta contra las políticas económicas de gobierno de Guillermo Lasso, tras los incrementos en los precios de los combustibles y en abierto desafío al estado de excepción por la violencia del narcotráfico.
“La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias ecuatorianas. Di no al paro”, replicó Lasso en un tuit.
“El pueblo está diciendo: no podemos cargar únicamente nosotros con el precio de los combustibles”, señaló Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ante la represión aseguró: “no venimos a desestabilizar, sino a exigir al gobierno en materia económica”.
Rodeado de miles de indígenas en el sector de Panzaleo, en el centro del país, Iza expresó que una de sus exigencias es la congelación del precio de los combustibles en 1.50 para el diésel y 2 dólares para la gasolina. Otro reclamo es la reducción de precios en beneficio de los indígenas, que representan 7.4 por ciento de los 17.7 millones de habitantes.
Lasso anunció el sábado la congelación del precio de la gasolina extra en 2.55 dólares el galón, y del diésel en 1.90.
Iza lanzó la advertencia de una protesta escalonada e indefinida hasta que Lasso muestre “voluntad” de atender las demandas. En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de la más utilizada, subió de 1.48 a 2.50 dólares, y los incrementos no cedieron pese a la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.
Al participar después en la movilización en Quito, Iza añadió: “no podemos sacar dinero de la gente más pobre, sino ir a una discusión más integral. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes”.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de los Trabajadores, aseveró que “se demuestra el descontento del país frente a la política neoliberal. El presidente Lasso en lugar de congelar lo que ha hecho es incrementar los precios, en los hechos ha sido un paquetazo contra el pueblo ecuatoriano”.
Al finalizar la tarde, miles de trabajadores, integrantes de organizaciones sociales, indígenas y otros colectivos marcharon de manera pacífica en Quito, en rechazo a las políticas del gobierno.
La policía acordonó desde la mañana el Palacio de Carondelet y otros edificios del gobierno, y por la tarde se reportaron choques entre manifestantes y uniformados. Decenas de personas arrojaron piedras a los policías, que respondieron con gas lacrimógeno.
Hubo, además, informes de incidentes aislados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue bloqueada con troncos y otros objetos.
El vocero presidencial Carlos Jijón aseguró que las protestas son “de baja intensidad”.
La prensa local reportó la detención de 37 personas, mientras dos militares fueron retenidos por manifestantes al noreste de Quito y cinco policías resultaron heridos.
También hubo roces entre manifestantes y agentes en los bloqueos.
Los inconformes respondieron al llamado de la Federación de Estudiantes Universitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Negras e Indígenas.
Las movilizaciones hacen recordar las protestas de octubre de 2019, cuando cientos de indígenas protagonizaron por casi dos semanas violentas marchas en rechazo al aumento del precio de la gasolina, que saldaron con 11 muertos, saqueos, destrucción de parques, ataques al edificio del Legislativo y el incendio del edificio de la Contraloría. El entonces mandatario Lenín Moreno dio marcha atrás con la medida.
Al descontento social se suma el despliegue de militares que hizo Lasso en apoyo al combate del narcotráfico y las investigaciones por su relación con cuentas en paraísos fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora.
La actual agitación se suma al repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año han dejado más de 2 mil muertos. Ayer por la mañana se reportó un nuevo enfrentamiento entre presos, con saldo de dos heridos, en la penitenciaría del Litoral, donde en septiembre otro motín dejó 119 muertos.
(AFP, Reuters, Ap y Sputnik)
