(El narco impone su ley en el desierto chihuahuense)
Los barzonistas de Chihuahua se dicen víctimas del que consideran desgobierno de César Duarte. Incluso lo acusan del asesinato de su compañero Ismael Solorio y su esposa, todo por defender el agua de la que, dicen, se apropian los mineros y un grupo de menonitas pudientes. Y aun cuando han expuesto su problema en diversas instancias estatales y federales nadie les hace caso. Lo peor: Se enteraron de que sus cabezas tienen precio, pues algunos menonitas intentaron contratar a La Línea para que los ejecutaran. En esas tierras, las del desierto del norte del estado, los narcos imponen la ley.
Chihuahua, (Proceso)— Con el rostro hinchado, morado por los golpes propinados dos días antes por empleados de la minera Mag Silver, Ismael Solorio entró al Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañado de otros campesinos y defensores de los derechos humanos y le advirtió a Raymundo Romero, secretario de Gobierno del estado: “Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido Benito Juárez, va a haber muertos”.
Los integrantes de El Barzón que ese 15 de octubre lo acompañaban expusieron la campaña de linchamiento que enfrentan por su lucha en defensa del agua y se pronunciaron contra las extracciones ilegales por parte de la minera y de un grupo de menonitas con poder económico. De las amenazas, dijeron, se pasó a la agresión física; también aportaron información sobre el precio que, según relataron, los acaparadores ofrecieron a sicarios para que los mataran.
Una semana después, el 22 de octubre, Solorio –líder estatal del Barzón– volvió a entrar al palacio. Esta vez acompañado por su esposa, Manuela Martha Solís. Los dos iban en ataúdes color caoba. En ese recinto fueron velados.
Los barzonistas, enardecidos, indignados, adoloridos, insistieron en que se trató de un “crimen de Estado”. La policía estatal intentó desalojarlos pero no hubo manera: era mucha la rabia contenida.
Solorio Urrutia y su esposa fueron víctimas del desgobierno en esa entidad y de la inacción de las autoridades federales. Fueron asesinados por defender el agua, escasa en el desierto chihuahuense; por exigir el respeto a la veda impuesta en su región desde 1957, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y las obras de retención del líquido.
El exdiputado Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y quien estuvo presente en la reunión del 15 de octubre, dijo que dos días después de ese encuentro, Solorio, Martín Solís y Heraclio Rodríguez fueron amenazados ante el Congreso del estado por asalariados de la minera, quienes estaban acompañados por integrantes de la Confederación Nacional Campesina.
“En las videograbaciones del ‘acribillamiento verbal’ se puede apreciar a varios sicarios que actúan en el ejido Benito Juárez”, escribió el político.
En un céntrico hotel del Distrito Federal, Proceso entrevista a la abogada del Barzón, Lucha Castro, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm). Están también los líderes estatales Rodríguez, Solís, Gabino Gómez y Joaquín Solorio, hermano de Ismael, quienes se dicen amenazados. Saben que se fijó un precio por su cabeza.
Hacen una pausa en medio de sus idas al Senado, a organizaciones de derechos humanos, a los medios, a oficinas de gobierno donde repiten el relato del asesinato anunciado y la historia de corrupción, negligencia, complicidad e irregularidades en el que está enmarcado.
Tierra de narcos
El noroeste de Chihuahua, donde se ubica el ejido Benito Juárez, es un enclave peligroso. Es una zona árida, de poca vegetación y altas montañas. Sus habitantes nutrieron los movimientos agrarios del siglo pasado y es cuna de personas como Solorio, que desde los noventa participó en cabalgatas, caravanas y marchas hacia la Ciudad de México en defensa del campo.
Hasta ahí se llega por caminos varicosos que cruzan montañas y despoblados, por los que se puede llegar a Estados Unidos. Es la ruta donde la droga se trafica por veredas. Es la ruta de pueblos fantasmas, silenciados, zona de desplazamiento por miedo (Proceso 1734).
Aunque en octubre de 2010 la PGR ofreció recompensas de 3 millones de pesos por los cabecillas de las bandas que operan en la zona, éstos siguen libres. Son Eduardo Gallegos Valdez, El Lalo; Óscar Rafael Ruiz Gallegos, El Junior; Juan Ismael Granillo Chavira, El Chorrias; Raúl Rueda Quiroga, El Pony; Guadalupe Méndez Basurto, El Gato; Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, El Caballo; Luis Enrique Lira, El Barrica; Manuel Adrián García Rodríguez, El Balín; Lorenzo Gallegos Valdez o Rafael Chavira Rentería o Rafael Sánchez, El Borrego.
Durante este sexenio, en esa zona ocurrió la desaparición de cuatro defensas rurales y un teniente del Ejército que viajaban desde la fronteriza Ciudad Juárez a la serrana ciudad de Madera. Posteriormente desaparecieron dos maestros.
Ahí fueron asesinados Benjamín LeBarón y su cuñado, lo que dio inicio a las acciones de autodefensa de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, aun bajo protección de policías federales (Proceso 1706). Después, José Alfredo Silly Peña, el coordinador nacional de inteligencia de la Policía Federal; les siguieron los dos agentes comisionados para investigar el crimen. Ambos fueron ejecutados en una mina de Benito Juárez, lo que propició la entrada del Ejército para “reventar” las casas de los narcos. Durante ese tiempo las tropas desaparecieron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes (Proceso 1842).
En este contexto los barzonistas están en una situación complicada: requieren protección pero bajo un esquema distinto. Saben que si piden la intervención del Ejército o la Policía Federal, los narcotraficantes, los verdaderos amos del territorio, no les perdonarían haber calentado la plaza.
“Nuestra pelea no es contra ellos (los narcos), nuestra intención no es interferir en sus cosas. Nuestra denuncia es contra el gobierno omiso de la aplicación de leyes porque nos están dejando sin agua; no queremos que el gobierno aproveche este conflicto para hacer su tarea sucia y que nosotros seamos afectados porque nosotros vamos a seguir viviendo en la comunidad. Sólo queremos que aplique la ley por las demandas del agua y la minería ilegal, esclarezca el móvil, dé con los autores materiales e intelectuales y se responsabilice de nuestra seguridad sin calentar los ánimos de la región”, explican los barzonistas.
Por eso, dicen, les indignó que el jueves 1 por la noche un convoy de 70 camionetas de soldados y federales paseara por el ejido y se retirara dos horas después.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879)
