Durante el sexenio del panista se iniciaron procesos judiciales en contra de 366 personas. Miembros de la UPVA enfrentan 130 averiguaciones. El actual mandatario ofrece analizar esos casos. Represalias alcanzan a uno de sus compañeros de partido, quien aspira a la gubernatura.
Puebla, Pue. El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla tiene registradas a 366 personas que durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) fueron perseguidas, encarceladas o procesadas por ser adversarias políticas del mandatario estatal.
Se trata de luchadores sociales, defensores de territorios, activistas, disidentes o simplemente ciudadanos que ejercieron su derecho a manifestarse en contra las políticas estatales.
En todos los casos los abogados de los acusados han comprobado ante la justicia federal que las acusaciones fueron artificiosas.
En un viraje respecto de la administración de su antecesor, José Antonio Gali Fayad dialogará con un comité para analizar cada caso.
Un ejemplo de la represión durante el gobierno de Moreno Valle es el caso de Eduardo Rivera Pérez, ex alcalde capitalino panista, quien fue inhabilitado por 12 años para ejercer la función pública y se le aplicó una multa de 25 millones de pesos por supuestas anomalías en la cuenta pública 2013.
Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país, incluida Margarita Zavala –esposa del ex presidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura panista a la Presidencia–, calificaron esta medida de persecución política
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El ex edil denunció que las acciones del Poder Legislativo en su contra las promovió Moreno Valle Rosas para impedirle que se postulara a la gubernatura de Puebla el próximo año, por no formar parte de su grupo político.
El pasado 29 de junio, Rivera Pérez logró que el Poder Judicial de la Federación garantizara sus derechos político-electorales para poder competir en la elección federal de 2018 mientras se resuelve el litigio sobre su inhabilitación para desempeñar funciones públicas.
Exhibe remodelación innecesaria de parque ecológico y lo encierran
Otro caso es el de Francisco Castillo Montemayor, ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado, encarcelado en noviembre del año pasado acusado de peculado por 39 millones de pesos.
El ex integrante del gabinete del priísta Mario Marín Torres fue uno de los principales críticos de la administración del panista en materia ambiental y en abril de 2017 denunció cómo Moreno Valle dejó que se deteriorara el parque ecológico Flor del Bosque para justificar una remodelación que no era necesaria.
Castillo Montemayor señaló en su momento que, como secretario saliente, entregó en perfectas condiciones
el parque en 2011, lo cual quedó demostrado con el acta de entrega-recepción.
Además, ese año la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional Forestal entregaron un reconocimiento al parque por considerarlo el principal centro público del país para el aprendizaje del cuidado del medio ambiente. El documento lo recogió su sucesora en el cargo, Amy Louise Camacho Wardle.
Ambientalistas de todo el país manifestaron su apoyo a Castillo Montemayor y señalaron que su encierro era resultado de una persecución política. En el penal, la salud del acusado se deterioró, por lo que le concedieron prisión domiciliaria.
Simitrio, el caso más grave
La persecución contra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, cuyo fundador y líder, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, fue encarcelado en 2015 sin cargos penales o civiles en su contra ha demostrado ser el caso más grave de uso irregular del sistema judicial del estado.
El dirigente de la UPVA se encuentra en prisión domiciliaria acusado de una falta disciplinaria. Hace 15 años se le otorgó la libertad condicional.
Sus abogados señalan que la sanción de cárcel se la impuso una juez, cuando debió ser ordenada por el Ejecutivo, de acuerdo con el Código Penal estatal. Pese a que Sarabia Sánchez ha ganado un par de amparos, las autoridades no han querido revisar su caso.
A finales de 2014, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, fue detenido por presunto narcomenudeo, sin prueba. En diciembre de 2015, otro de sus hijos, Xihuel Sarabia Reyna, fue aprehendido en una iglesia durante la misa, y se le vinculó a proceso por el mismo delito.
En junio de 2015, otro líder de la UPVA, Fernando Alonso Rodríguez, fue encarcelado, acusado de tentativa de homicidio, delitos contra funcionarios, lesiones calificadas, daño doloso y robo calificado por un enfrentamiento suscitado en mayo del 2014 con la organización Doroteo Arango, liderada por Antonio Ordaz, a quien se identifica como aliado de Moreno Valle.
El 15 de febrero pasado, José Muñoz Villegas, representante del sector de taxistas de la 28 de Octubre, fue detenido por la Policía Ministerial acusado de homicidio por la confrontación de 2014.
Rita Amador López, pareja de Simitrio, enfrenta dos órdenes de aprehensión y su hijo, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, ha revelado que tiene al menos 26 averiguaciones previas en su haber, y que hay otros cuatro dirigentes con órdenes de captura.
Sarabia Amador, asesor legal de la UPVA 28 de Octubre, asegura que se han iniciado 130 averiguaciones previas en contra de integrantes de esa organización.
Intentó controlar a los ambulantes y lo rechazaron
Rita Amador y Tonatiuh Sarabia Amador han dicho que la persecución de parte de Moreno Valle contra la UPVA se debe a que quiso controlar la organización para golpear a otras asociaciones, “pero Simitrio se opuso”.
El 29 de junio pasado, Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, hija de Simitrio, fue ejecutada por cuatro sujetos encapuchados en el mercado Hidalgo. A un lado del cadáver dejaron un mensaje: “Esto les pasará a todos los que apoyen a Simitrio. Sigues tú, Simitrio, y los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28”.
Este domingo, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla denunció que existen varias fuerzas orquestadas
para hacer que la sociedad perciba que la UPVA 28 de Octubre es merecedora
del crimen.
En una rueda de prensa, Carolina González Barranco y Miguel Ángel Rosas Burges manifestaron su solidaridad con la organización y exigieron justicia.
González Barranco demandó a la Fiscalía General del Estado actuar ante la represión contra opositores al gobierno de Puebla, la cual se ha recrudecido en semanas recientes.
Fuente: La Jornada
