El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa ante el pleno del Senado a fin de revocar las concesiones y asignaciones mineras a los empresarios que no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.
Las modificaciones a la Ley Minera establecen también como causal de revocación de las concesiones el no realizar un análisis del impacto social de los proyectos y por no ejecutar medidas de mitigación por daños al medio ambiente.
La senadora de Morena, Angélica García Arrieta, expuso en tribuna que organizaciones sociales han documentado más de 15 mil conflictos sociales relacionados con la industria minera, por lo que es necesario atender a las pequeñas colectividades donde se extraen minerales porque normalmente las empresas extraen la riqueza del subsuelo, causan daños y no dejan ningún beneficios.
La reforma propuesta busca acabar con descuidos jurídicos e institucionales, tanto de la Secretaría de Economía como del Servicio Geológico Mexicano. A éste último se le faculta a realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignaciones mineras.
En el caso de la Secretaría de Economía, podrá zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar las concesiones o asignaciones.
La reforma obliga a los empresarios con concesiones mineras a destina un monto de sus ganancias para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades en que exploten sus proyectos.
Fuente: La Jornada
