Por Javier Sicilia
Los espantosos asesinatos de Alejandro Chao Barona y de su esposa Sara Rebolledo, el pasado 5 de mayo de 2014 en Cuernavaca, Morelos, vuelven a visibilizar lo que el gobierno de Graco Ramírez, a base de discursos, del control de la prensa, de presencia mediática, ha querido borrar, como quisieron borrarlo las administraciones que lo antecedieron: la indefensión y violencia que continuamos sufriendo los morelenses y los ciudadanos de todo el país.
El crimen y la ineficiencia del estado tuvieron que volver a tocar a un hombre conocido de todos los que habitamos Morelos para decirnos que el gobierno miente y no ha dejado de tratarnos como animales de rastro.
Alejandro Chao era un punto de referencia en la búsqueda de la reconstrucción del tejido social, de la formación de generaciones de muchachos en el humanismo, del rescate de las vidas comunitarias de Morelos y de alternativas para salir de la violencia que desde hace 20 años no deja de destruir la vida de la entidad. Monje en el famoso monasterio de Nuestra Señora de la Resurrección de Gregorio Lemercier, hasta su clausura en 1967, y espléndido poeta, Chao se licenció como psicólogo en 1969 en la UNAM para recibirse de maestro y doctor de filosofía política en la UAEM en 1998 y 2000. Desde entonces no dejó de ejercer el psicoanálisis, la docencia y el trabajo con los pueblos. Director de Desarrollo Comunitario de la UAEM, desde donde creó programas de estudios universitarios que respondieran a las necesidades de las comunidades de Morelos; conocedor profundo de su diversidad cultural –nadie como él recorrió cada parte de sus territorios y creó lazos estrechos entre ellos–, Alejandro Chao era el rostro de millones de morelenses, el rostro de la paz.
Su muerte y la de su esposa no sólo son una pérdida inmensa para el país, en particular para Morelos, sino, como digo, la evidencia de la inoperancia en materia de seguridad y de justicia del gobierno de la Nueva Visión y de toda la clase política de la entidad: si Alejandro Chao –un punto de referencia en la cultura del estado– y Sara Rebolledo pudieron ser asesinados de una forma en más de un sentido inhumana, ¿qué puede esperar el ciudadano que no es visible? Detrás de esas muertes están no sólo aquellas que desde hace décadas –a pesar de la Ley de Víctimas del Estado– siguen sin encontrar justicia, sino aquellas que el gobierno de la Nueva Visión ha negado y que se suman a esa inmensa corte de los despreciados, de los olvidados, de los que no importan a las administraciones porque señalan su inmensa y espantosa corrupción e ineptitud.
Contra el discurso triunfalista del gobierno estatal, que no cesa de afirmar que las cifras del crimen van en descenso y que hay un incremento de la seguridad; contra la “panacea” –que tampoco han dejado de festejar– del mando único como estrategia de solución; contra las propias declaraciones que el 3 de mayo, un día antes de los asesinatos, hizo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, durante la conmemoración del rompimiento del Sitio de Cuautla –“Morelos está dando pasos firmes para reducir la inseguridad y crear mejores condiciones de vida para sus habitantes; las fuerzas armadas seguiremos contribuyendo y apoyando a los morelenses en este esfuerzo colectivo…” (La Jornada, 3 de mayo de 2014)–; contra todo ese juego mediático, los asesinatos de Alejandro Chao y de Sara Rebolledo se levantan para decirles, una vez más, que mienten, que la realidad no cambia con discursos ni estrategias vacías, que la realidad sigue siendo el horror y la indefensión de todos y que el Estado está corrompido y rebasado.
El gobierno de la Nueva Visión no ha hecho otra cosa, más allá de discursos y fotografías, que continuar lo que inició el PRI con Jorge Carrillo Olea en 1994 y que ahondaron los gobiernos panistas de Estrada Cajigal (2000-2006) y Marco Antonio Adame (2006-2012): la herencia de una descomposición inmensa, de un hundimiento de las instituciones. De nada sirve que el gobierno de la Nueva Visión quiera hacernos creer que entre ellos y él hay diferencias, que la saña con la que asesinaron a Alejandro Chao y a su esposa –un hombre y una mujer que frisaban los 80 años– tenía como móvil el robo –en realidad no se robaron nada–, que es un crimen atípico y aislado –Graco dixit–. Los asesinatos siguen siendo asesinatos; la saña habla de un asunto que no se despacha sin investigaciones serias y profundas, y no existen tales cosas de crímenes atípicos y aislados. El crimen, sea como sea, es un crimen y, en Morelos, un horror cotidiano. Ha habido 150 asesinatos –la mayoría sin esclarecer– en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, 150 que se suman a los miles que contrajo como deuda de Estado. Simplemente, el día de los asesinatos de Alejandro Chao y su esposa se registraron otros siete.
¿Qué va a hacer la entidad frente a tanto horror, tanta mentira y tanto cinismo? No lo sabemos. Pero Morelos se ha puesto otra vez en resistencia y la UAEM ha emplazado al gobierno de la Nueva Visión y a toda la clase política a un diálogo público para el 15 de mayo.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de las Autodefensas, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón y Peña Nieto.
Fuente: Proceso