Por Emilio Martín/ La Arena
La última noticia relacionada con Monsanto procedió de Córdoba. Ocurrió este jueves 28, en la planta de tratamiento de semillas que la multinacional viene construyendo sin contar con el previo informe de impacto ambiental requerido por la ley de ambiente.
A las 8 de la mañana, 60 matones traídos por la UOCRA en dos colectivos y vehículos, atacó sin previo aviso a los vecinos y ambientalistas en su campamento de protesta. Las carpas están desde el 17 de setiembre pasado, cuando comenzó el acampe, motorizado por la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida”. Jóvenes de ambos sexos y vecinos fueron golpeados con palos y piedras por la patota. La agresión tenía un objetivo preciso: que 7 camiones llegados desde la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires, pudieran ingresar y descargar su material.
Hubo 20 heridos, a pesar que en el sitio estaban diez policías como custodia preventiva. Los uniformados no hicieron nada para impedir la agresión ni para separar a los violentos. Peor aún, tres horas más tarde, cuando habían recibido refuerzos de la Guardia de Infantería, en vez de antender los reclamos de los manifestantes, los reprimieron con balas de goma.
Los heridos fueron a declarar ante la fiscalía de Víctor Chiapero, quien dijo estar tratando de identificar a los intervinientes. Menuda tarea, aunque el fotógrafo Andrés Baissero, de Ecos Córdoba, le dio una interesante punta: uno de los vehículos que trasladó a la patota es una Iveco placa DZZ 611, con patente oficial del gobierno de Córdoba. Las fotos circularon por las redes sociales y fueron publicadas por La Mañana de Córdoba en su edición de ayer. Son seis fotografías y recién en las dos últimas el chofer logra pararse al frente de la unidad con la vana intención de tapar la patente.
Entre las heridas estuvo Sofía Gatica, emblemática integrante de Madres de Barrio Ituzaingó, que el año pasado logró llevar a juicio el primer caso de contaminación por fumigación de los sojeros de los suburbios. Ella fue golpeada en setiembre en el acampe y ayer nuevamente, siendo internada en el Hospital de Urgencias. En los días previos fue amenazada en un colectivo y luego golpeada por dos personas a la salida del trabajo. ¿Hay que ser mal pensados para sospechar que Monsanto movió los hilos de la UOCRA y represión policial?
Con gobiernos de turno
La multinacional con sede en Missouri, Estados Unidos, detenta una posición hegemónica en semillas transgénicas de soja y maíz. Logró tal hegemonía con una política comercial de anchas espaldas financieras y mucho apoyo de diversos gobiernos.
Su táctica sudamericana fue vender “libremente” las semillas, atadas al glifosato y todo un paquete tecnológico, para ir ganando mercados. Su estrella de esos años fue la RR Round Up, autorizada en los años ’90 por Carlos Menem y especialmente su secretario de Agricultura, Felipe Solá (que luego recaló en el duhaldismo, el kirchnerismo y actualmente en el massismo).
Una vez que copó la parada, desde 2012, Monsanto hace firmar a los productores un contrato por el que los obliga a pagar regalías, a no utilizar semillas para la resiembra y a permitirle a la firma fiscalizar su uso. Según su propaganda, la apretada le ha reportado el “acuerdo” del 80 por ciento de sus clientes. Por las dudas, con el auspicio del último ministro del área, Norberto Yauhar, la multinacional impulsó un proyecto de ley de semillas que asegurará su negocio y el de otras multinacionales como Syngenta, Bayer, etc.
Lo bueno es que ese riesgo mortal para miles de pequeños propietarios rurales y pueblos originarios ha despertado la oposición de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras entidades que defienden al verdadero “campo”.
Monsanto no descansa. En el suplemento de La Voz del Interior (6/9) hacía la propaganda a toda página de su novedad en semilla. En medio de la publicidad, una línea aclaraba lo obvio: “Para acceder a los beneficios de Intacta RR2 PRO deberás suscribir una licencia de uso con Monsanto”.
La justicia también…
El gobernador José M. de la Sota hace todo lo posible para concretar la polémica fábrica de Monsanto en Malvinas, a 16 km de la capital cordobesa, en un predio de 27 hectáreas contiguo a barrios y escuelas de esa localidad. Esto último fue denunciado desde el comienzo por los vecinos y las entidades ambientalistas que los apoyan, caso de “Médicos de Pueblos Fumigados” del médico Medardo Ávila Vázquez (querellante en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó), la fundación FUNAM del biólogo Raúl Montenegro y el Club del Derecho del abogado Federico Macciochi. Este espectro funciona y apoya a la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida” donde hay varios referentes, entre ellos Gastón Mazzallay y la propia Gatica.
El anuncio sobre la “inversión” la dio, muy contenta, Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2011 en su comparendo ante el Council of Americas reunido en Nueva York, con su anfitriona, la banquera Susan Segal. La presidenta manifestó que Monsanto ya había impreso un folleto y “cuando eso sucede -dijo- es porque la inversión ya está asegurada”.
Su adversario De la Sota también festejó la novedad. Y último en la cadena de mandos políticos, se sumó el intendente radical de Malvinas, Daniel Arzani.
Este terceto, en especial el dúo que vive en Córdoba (gobernador e intendente), se ha negado a dos de las peticiones de los manifestantes y ambientalistas: realizar una audiencia pública para escuchar las razones y sinrazones de las partes; y proceder a una consulta popular de la población de Malvinas, para saber si ésta está de acuerdo o no con la polémica instalación.
Supuestamente las ventajas de la inversión, por sus efectos económicos y puestos de trabajo, serían tantas e inobjetables, que el intendente y el gobernador no deberían tener ningún problema en ganar por goleada la votación. Sin embargo la niegan.
La corporación de Missouri ha colonizado la justicia mediterránea. Todos los recursos presentados por el abogado Macciochi han sido rechazados: ni audiencia pública, ni consulta popular ni informe de impacto ambiental previo a las obras.
La jueza Graciela Escudero de Fernández y luego el Tribunal Superior de Justicia (de Injusticia, se ironiza), fallaron en un sentido supuestamente salomónico: autorizaron el avance de las obras, pero dijeron que luego no se puede operar si no está el informe ambiental.
Contamina la democracia
Es obvio que hay una trampa. Nadie va a comprar un predio de tantas hectáreas y hacer una inversión millonaria, si no tiene asegurado que lo van a dejar producir. Y la inversión cordobesa produciría 60.000 toneladas de granos de maíz al año, habiendo sido presentada como la más grande en su tipo a nivel internacional de la compañía. Esas obras no se encaran si no hay suficientes garantías gubernamentales y judiciales.
En cambio donde a la firma no le ha ido bien fue en Río Cuarto. El intendente radical Juan Jure, con el apoyo de la Universidad Nacional, y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, resolvió rechazar la instalación de Monsanto. Lo hizo basándose en la evaluación de impacto ambiental de la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal y el dictamen jurídico de la Fiscalía Municipal.
En esa importante ciudad del sur provincial, la multinacional y su asociada Bio4, que ya está radicada en el Parque Industrial, tenían pensado instalar un centro de investigación y mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, con depósito de agroquímicos, según informó la Revista El Sur, n° 93, noviembre 2013 (“El rastro de Monsanto”).
Muy buen dato que Jure cerrara las puertas a la empresa sindicada como gran envenenadora mundial, por más que sus directivos sigan ganando premios internacionales. Robert Fraley, director de Tecnología de Monsanto, al recibir en octubre pasado el Premio Mundial de Alimentación 2013, aseguró que “treinta años de investigación han validado la seguridad de los productos biotecnológicos” (Infocampo, 1/9).
El vocero de la compañía en Córdoba, Adrián Vilaplana, en declaraciones a los medios volvió a negar de plano la consulta popular con el falaz argumento de que la sociedad necesita información y no política. Como si su información y su política empresaria no estuvieran contaminadas no sólo con glifosato sino también, y sobre todo, por bacterias antidemocráticas. Negar la votación, tildar de violentos a los asambleístas, concertar la patoteada con la UOCRA para que los camiones de la empresa pudieran ingresar, presionar a la justicia, concertar con medios monopólicos locales una versión edulcorada y casi “verde” de Monsanto, es afectar la democracia.
El cronista la corta aquí. Se tiene que ir a ver “El mundo según Monsanto”, de la francesa Marie-Monique Robin, película con la que hoy cierra el ciclo de cine “El ojo crítico” que se desarrolla en el gremio de Judiciales de Córdoba.
Fuente: La Arena
