El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dio a conocer su reforma para regular las redes sociales, con la que busca ponerle límites a empresas como Twitter y Facebook en la eliminación de cuentas y perfiles. El proyecto del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales contempla que dichas compañías requerirían permiso del IFT para operar en México.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, informó que antes de formalizar su iniciativa para regular las redes sociales, la subirá a su página oficial para que expertos, académicos, especialistas y usuarios de estas plataformas , puedan opinar y enriquecerla .
A través de un video mensaje publicado en redes sociales, dijo que “no es una iniciativa que pretenda cercenar, obstaculizar o censurar, como equivocadamente han afirmado algunos comunicadores y gente que no está enterada del propósito principal”.
El morenista aclaró que no presentará formalmente la iniciativa hasta después de recibir los comentarios, enriquecerla y mejorarla, “pero, repito, sin que se pierda el propósito fundamental que me he planteado y que hago de manera personal”. Hizo un llamado para no rehuir a este debate y enfatizó que todos debemos someternos a la Ley y al derecho, porque “es la mejor forma de convivencia y de coexistencia pacífica.
#EnVivo He decidido compartir con ustedes mi proyecto de iniciativa sobre redes sociales. Espero sus comentarios para enriquecerla, y poder presentarla en tres semanas. No perdamos de vista el objetivo principal: #RegularNoCensurar https://t.co/dxai3jc1cS
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 8, 2021
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara Alta subió a redes sociales su iniciativa para regular las redes sociales, en la que afirma que el Senado no pretende ser autoritario e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de dichas redes , con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente, los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente ante las posibles vulneraciones a la libertad de expresión.
Monreal propone que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio y establezca límites claros a los propietarios de las redes sociales respecto a la suspensión y eliminación de cuentas. El IFT establecerá lineamientos generales y aspectos técnicos especializados que garanticen y maximicen la libertad de expresión.
En su propuesta, se incluye la revelación de datos personales como elemento que puede acreditar la procedencia de limitación a la libertad de expresión por parte de los autorizados.
Propone multar con más de 89 millones de pesos a las redes sociales que cancelen cuentas y/o eliminen contenidos de sus usuarios. Refiere que habrá un procedimiento abreviado por el cual IFT atenderá las quejas presentadas por los usuarios que no obtengan una resolución por parte de la red social, o bien, que esta no les sea favorable.
En primera instancia, señala, serán los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas o la eliminación de contenidos.
Las partes deberán llegar a una conciliación en un plazo no mayor a 24 horas y, en caso de que el usuario no resuelva la reclamación, podrá acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de interponer la queja correspondiente. En contra de la resolución que emita el IFT procederá el juicio de amparo, a efecto de respetar el acceso a la justicia de los usuarios.
Se define que el servicio de redes sociales será aquel que se ofrezca a través de Internet cuya principal funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de los anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar.
Y , establece también la definición de redes sociales relevantes como aquellas que cuentan con un 1 millón o más de suscriptores, por lo cual este tipo de red es capaz de generar un impacto mayor en procesos de comunicación social y en la esfera jurídica de los ciudadanos.
Además, crea la figura de las “Autorizaciones para los Servicios de Redes Sociales” para proteger la libertad de los usuarios de redes sociales y se les dé certeza jurídica a éstos como a los propietarios.
Las redes sociales deberán contar con un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de éstas.
Fuente: La Jornada/ Apro
