Mientras las exportaciones de los cotizados frutos rojos de México se han disparado en los últimos años y el país hace gala de competitividad, las míseras condiciones de vida de miles de campesinos que los cosechan se han vuelto un polvorín social.
Hartos de la situación, miles de jornaleros salieron a protestar hace dos meses quejándose de que desde hace años ganan menos de un dólar por hora recogiendo fresas, moras y frambuesas en San Quintín, a 200 kilómetros de la frontera con California.
Algunos viven en barrios cerrados, propiedad de algunas de las empresas de la zona. Otros, en casas de cartón improvisadas en terrenos baldíos, donde duermen con sus hijos sobre el piso de tierra, sin electricidad ni agua potable.
Estos campesinos curtidos por el sol son pobres entre los pobres. Casi todos pertenecen a grupos indígenas, muchos son analfabetos o ni siquiera hablan español y llegan atraídos por las promesas de prosperidad en su mayoría desde los estados de Oaxaca y Guerrero, dos de los más marginados de México.
Después de semanas de manifestaciones, los jornaleros se sentaron a negociar con empresarios bajo la mediación de las autoridades. Aunque la semana pasada lograron algunas mejoras en sus condiciones laborales, no se avanzó en el tema candente del salario y planean volver a reunirse en junio para concretarlo.
Varias empresas que operan en la zona aseguraron que pagan salarios justos y brindan cobertura médica a sus jornaleros.
Pero aunque las exportaciones de fresas, en su mayoría con destino a Estados Unidos, se han multiplicado 17 veces en la última década para superar los 800 millones de dólares anuales bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las condiciones no mejoraron mucho para los jornaleros.
“Nadie nos ayuda. Ganamos muy poco, no alcanza para vivir”, se quejó Genaro Perfecto, un hombre de 38 años que vive junto con su mujer y cinco hijos en una precaria casa levantada con desechos de madera y cartones, donde duermen en el piso y suelen comer tortillas de maíz espolvoreadas con sal.
MUCHAS FRESAS, POCOS PESOS
Varios de los jornaleros mostraron a Reuters comprobantes de pago de 8.76 pesos mexicanos (0.58 dólares) por hora. Trabajando los siete días de la semana y sumando beneficios y bono de puntualidad al salario, algunos pueden llevarse hasta 1,200 pesos semanales, o unos 170 pesos diarios (11,2 dólares).
Los jornaleros reclaman 300 pesos por día, pero el Gobierno ofreció un incremento a 200 pesos, con la promesa de subsidiar una parte si no llegan a un acuerdo con empresarios.
Los trabajadores como Perfecto -que habla un español poco fluido y no sabe leer- deben recoger unos 110 kilos de fresas al día y en temporada alta hasta 200 kilos, una carga que al precio promedio de venta en las góndolas de Estados Unidos valía en el 2013 más de 1,000 dólares.
En el Valle de San Quintín operan unas 20 firmas agrícolas.
Berrymex, un proveedor de Driscoll’s -de las mayores firmas estadounidenses del sector- dice en su página de internet que los jornaleros en Baja California tienen la oportunidad de ganar un promedio de cinco a nueve dólares la hora.
Y Héctor Luján, vicepresidente de Berrymex, dijo a Reuters que sus trabajadores, contratados a través de su empresa de servicios Moramex, ganan al menos 2,500 pesos a la semana.
Pero Kevin Murphy, director general de Driscoll’s, admitió que los salarios podrían no ser lo que dice su filial Berrymex.
“Estamos implementando un tercer tipo de auditoría en Baja California y otras áreas para asegurarnos de que las normas que nos hemos fijado se cumplen”, dijo a Reuters desde la sede de la empresa en Watsonville, California.
Algunos empresarios agrícolas, como Carlos Hafen, creen que se puede subir el salario de los jornaleros. Sus trabajadores aseguran que él paga el doble que en la mayoría de los ranchos, pero Hafen confiesa que eso le ha valido amenazas.
“Aquí la mayoría de los empresarios paga mal”, aseguró el empresario, quien dijo que es de los pocos que tiene a sus trabajadores afiliados a los servicios médicos del estado.
CONDICIONES INFRAHUMANAS
Carmen Reyes, de 34 años, estaba embarazada en abril de siete meses de su hijo número diez y seguía trabajando en las plantaciones. Dijo que estaba ganando 90 pesos al día porque no podía hacer la jornada completa de doce horas por su gravidez.
“No cobré esta semana porque no fui a trabajar, tuve que ir al seguro (social)”, dijo aludiendo a los controles de embarazo.
Un maltrecho cuarto construido con madera, plástico y otros desechos es el hogar donde sobrevive con sus hijos y esposo, con quienes comparte una cama vieja sobre el piso de tierra.
Ella utiliza un servicio médico básico de salud estatal, pero no cuenta con el seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que da cobertura a los trabajadores formales y sus familias.
La más reciente encuesta de empleo que publica el instituto nacional de estadísticas mostró que un 94 por ciento de los 6.1 millones de trabajadores del sector primario (como campesinos, pescadores y ganaderos) no tiene servicios médicos.
Una pareja de campesinos, Andrés Avelino y Cristina Celestino, llegó hace 17 años a San Quintín con tres hijos sanos y se instaló a pocos metros de una de las plantaciones de frutos rojos y otras hortalizas.
Allí tuvieron a otras tres niñas que ni siquiera fueron inscritas en el registro civil y no tienen acta de nacimiento.
Una de ellas era epiléptica, no podía hablar ni caminar y murió el año pasado. Sus dos hermanas tienen las mismas afecciones, pero nunca han recibido atención médica y los padres parecen estar resignados ante el vago diagnóstico de un médico que les dijo que ellas también van a morir a la misma edad.
EN PIE DE LUCHA
San Quintín no es el único lugar de México en donde los campesinos viven en esas condiciones.
Por eso algunos políticos, como la senadora izquierdista Angélica de la Peña, creen que las protestas de los jornaleros podrían multiplicarse.
“La nula respuesta (de los empresarios) nos podría llevar a un estallido social de mayor escala”, dijo. “El problema de los jornaleros y las jornaleras lo tenemos prácticamente en todos los ranchos y granjas que se han instalado en los últimos años sobre todo en el centro y el norte del país”.
Con sus protestas, los trabajadores comenzaron a afectar a las empresas, que han perdido parte de su cosecha porque los frutos rojos maduros no fueron recolectados.
En las dos últimas semanas de marzo se perdió casi un tercio de la cosecha de fresas, dijo Manuel Valladolid, secretario de Fomento Agropecuario de Baja California, quien tiene participación en uno de los ranchos agrícolas de la región.
“No es mucho lo que logramos, es muy difícil porque el Gobierno y los patrones se ponen de acuerdo”, dijo Moisés Guzmán, un dirigente de una comunidad de San Quintín.
“Pero vamos a seguir intentando; es difícil para ganarles a estos cabrones”, sostuvo.
* Reporte adicional Dave Graham en Ciudad de México. Editado por Anahí Rama y Ana Isabel Martínez
Fuente: Reuters
