31 de las 32 entidades federativas de país han conocido conflictividades en distintos grados de tensión.
En México hay más de 15.000 conflictos sociales ligados a la industria minera, documenta la no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
El activista Miguel Ángel Mijangos Leal asegura que es en el contexto del trabajo de Rema como han estimado ese número, pues en 31 de las 32 entidades federativas han conocido conflictividades en distintos grados de tensión.
Estas, indica, van desde el rechazo comunitario a las concesiones que otorga sin consulta previa el gobierno federal, hasta movilizaciones por daños a la salud o el medio ambiente causados por minas activas.
Pero también se incluye el tema laboral, con represiones, protestas y huelgas en varios estados; e incluso de familiares de víctimas, como ocurre en Pasta de Conchos, en el norteño Coahuila.
Ese caso –cuya mina operada por Grupo México explotó el 19 de febrero de 2006 causando la muerte de 65 trabajadores– es tan vigente que el pasado 18 de febrero las familias instalaron un “antimonumento” en la Ciudad de México y nuevamente exigieron al gobierno que rescate los cuerpos.
Los conflictos más tensos
Entre los más de 15.000 conflictos, Rema destaca los más tensos. Uno de ellos es el laboral en la mina de oro Media Luna, de la transnacional canadiense Torex Gold, en el estado de Guerrero.
En demanda de una modificación sindical, se inició un paro en noviembre de 2017. Desde entonces, tres mineros fueron asesinados, incluido Quintín Salgado, uno de los líderes.
Otro es el caso de Carrizalillo, Guerrero, de la canadiense Gold Corp. El problema social inició, asegura Mijangos Leal, por la compra ilegal de tierras; una irregularidad que se repitió en la mina Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas, de la misma empresa.
Otro caso es el de Tetlama, Morelos, de la canadiense Esperanza Silver, señalada de poner en riesgo el sitio arqueológico Xochicalco y las tierras comunales en el cerro El Jumil.
También está el aún vigente conflicto en Chicomuselo, Chiapas, que derivó en el asesinato en 2009 del activista Mariano Abarca, quien luchaba contra los impactos de la minera canadiense Blackfire Exploration.
Por este caso, el 5 de febrero pasado la familia Abarca Montejo –acompañada por Rema y otras organizaciones– denunció ante el canadiense Comisionado para la Integridad de la Administración Pública a la embajada de ese país en México, por su probable complicidad en el crimen.
La lista de Rema incluye conflictos en San Luis Potosí, con la mina de Guadálcazar; el proyecto Pachuca, en Zimapán, Hidalgo; la mina Sierrita, en Durango; y el Ixtaca, en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
El caso Ixtaca
El proyecto de explotación de oro Ixtaca, de Almaden Minerals, actualmente se encuentra en fase de exploración. El opositor Alejandro Marreros señala que ya hay un conflicto intercomunitario por esa mina: hay comunidades a favor y en contra. Incluso dentro de las mismas familias hay problemas.
Dicho proyecto, explica, afectará la cuenca del río Aculco, en una región campesina-indígena. “Es una amenaza para las comunidades y para el agua, que de por sí escasea”.
No obstante, representantes de la empresa lo niegan. “Hay una gran diferencia entre oposición y conflicto. Siempre, en un proyecto como este, no podemos esperar que todo mundo esté a favor, [pero]son cuatro personas las que están en contra”, asegura el geólogo Daniel Santamaría Tovar, vicepresidente de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals.
—¿Solo cuatro?
—En ningún momento ha habido un conflicto en la comunidad. ¿Hay una oposición? Claro: son cuatro personas, sus familias, etcétera. Pero también hay un gran número de personas que están 100% con la empresa. Cientos de personas que no van a Canadá y que no están con ningún medio de comunicación para promocionarlo.
No obstante, además de Rema, los no gubernamentales Consejo Tiyat Tlali, Centro de Investigación y Análisis Fundar, y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación consideran que el de Ixtacamaxtitlán es un conflicto latiente.
El opositor Marreros asegura que la estrategia de la empresa es cooptar a las personas con donativos para fiestas comunitarias, rehabilitación de escuelas e iglesias; viajes a otras minas en donde supuestamente todo está muy bien y no hay ningún daño. Y cursos de verano o visitas a parques infantiles.
“No son apoyos, es un proceso de relacionamiento a largo plazo para generar una relación funcional con la comunidad”, asegura el doctor en derecho Juan Pablo Gudiño Gual, asesor de Almaden Minerals.
Agrega que la minera está comprometida a “mitigar” todas las afectaciones que cause, incluso los posibles impactos en el tejido social, que pueda quedar roto, en las 10 comunidades afectadas por el proyecto.
Respecto de los viajes, el geólogo Santamaría Tovar los confirma: “Hemos llevado a casi 500 personas, líderes de la región, de todas las comunidades del municipio, incluido el cabildo de la cabecera municipal, a minas activas en el país, y minas a cielo abierto, [con]cianuro de sodio, lixiviación de patios, etcétera, a que conozcan y lo vean con sus propios ojos, que más o menos así va a ser [la unidad en]Ixtacamaxtitlán”.
México, concesionado a la industria
La federal Secretaría de Economía indica que hay 25.515 concesiones mineras que afectan 21.856.735,19 hectáreas (el 10,7% del territorio nacional).
No obstante, Mijangos Leal señala que esa información es incompleta, pues Rema ha documentado más de 28.000 concesiones vigentes. Aunado a ello, se otorgan “asignaciones mineras”, por lo que la superficie afectada sería mayor.
Al cierre de 2018, el federal Servicio Geológico Mexicano habrá explorado 89.679.400 hectáreas (45,7%) del territorio mexicano con fines mineros. De esos trabajos dependen los proyectos privados de explotación, por lo que se espera que las concesiones aumenten y, con ellas, también los conflictos.
Fuente: RT/ Nancy Flores
