Por Francisco López Bárcenas
Hace 21 años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar sustancialmente las formas de apropiación de esta riqueza nacional y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales. En enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para permitir la entrada del capital privado al campo y autorizar a los ejidos la venta y arrendamiento de sus tierras. Para junio de ese mismo año aprobaron una nueva Ley Minera que entre otras cosas calificó esta actividad de utilidad pública y preferente, concentró las concesiones en una sola, con duración de 50 años prorrogables por otro término igual. Igualmente se modificó la Ley Agraria para permitir contratos de arrendamiento de tierras por más tiempo que el estipulado en el Código Civil; la Ley de Aguas Nacionales para poner este líquido, indispensable para la vida, al servicio de las mineras, y la Ley de Inversión Extranjera para equiparar las empresas mexicanas a las extranjeras con una sola declaración de éstas.
Los resultados de esta apertura son públicos: más de la tercera parte del territorio nacional se encuentra en poder de las mineras, la mayoría extranjeras, aunque también participan del botín las mexicanas como Grupo México, Grupo Peñoles y Grupo Frisco; la industria ocupa el cuarto lugar en generación de divisas pero hasta este año no pagaba ningún impuesto sobre las ganancias obtenidas y por derechos a las concesiones sólo pagaban la irrisoria cantidad de 5.08 hasta 111.27 pesos semestrales por hectárea, sin importar el mineral de que se tratara. La riqueza de los dueños de las empresas mineras que operan en México ha contado con la anuencia de los gobiernos, igual que con su complicidad, pues aparte de abrirles el camino para que entren libremente han ignorado las quejas de los ciudadanos y pueblos por la devastación del medio ambiente, la contaminación del agua para consumo humano, la destrucción de los lugares sagrados de los pueblos indígenas y el asesinato de varios opositores, hechos ilícitos todos que han quedado en la impunidad.
Buscando revertir esta situación, desde hace unos meses varias organizaciones y comunidades que sufren los embates de la gran minería a cielo abierto han realizado esfuerzos por revertir el modelo extractivo que se impuso en nuestro país desde las nefastas reformas de 1992 y en su lugar proponer un modelo menos depredador, que respete los derechos humanos de todos los mexicanos, lo mismo que los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese esfuerzo realizaron reuniones en varias partes, en donde analizaron la situación de la industria minera en nuestro país y sus efectos entre la población y en el medio ambiente. A partir de ese diagnóstico elaboraron las grandes líneas que debería contener una nueva Ley Minera. En una segunda etapa se abocaron a la elaboración de un texto de nueva Ley Minera que se ha discutido con la participación de especialistas en las diversas materias que busca reglamentar la propuesta, pero sobre todo con los pueblos involucrados y las organizaciones que sufren los efectos de esta industria.
Los promotores de esta iniciativa organizaron el pasado 24 de noviembre una jornada nacional de lucha que denominaron Por una nueva Ley Minera desde los pueblos y movimientos, que se realizó sobre el Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, en la ciudad de México, desde las 10 de la mañana. La jornada incluyó un diálogo de los asistentes con los afectados y algunos especialistas que han participado en la elaboración de la propuesta de ley, para explicar los alcances de sus contenidos; igual que una exposición de imágenes de las afectaciones que produce la minería en la sociedad, así como grupos artísticos solidarios. Ellos se reunieron para promover una ley pero en el fondo se trata de una lucha por modificar el actual modelo extractivo para que el aprovechamiento de los minerales beneficie al país, respete los derechos humanos y cuide el medio ambiente. Se trata de una lucha que busca frenar el despojo al país, igual que las luchas contra la privatización del petróleo y de la producción de energía eléctrica. Una de las propuestas que más se escuchó fue el llamado a organizar la resistencia y promover la unidad entre todos los que están contra las políticas de despojo y hacen algo por impedirla. De otra manera los neoliberales seguirán saqueando el país.
Fuente: La Jornada
