Tras 14 años de un proceso de regularización, el sector financiero de ahorro y crédito popular crece sin protección para el usuario, señalan analistas de este mercado. Se estima que en el país hay 6 millones de personas que tienen sus ahorros en las cajas establecidas, publica Reforma.
José María Aramburu, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y exdirector de evaluación de la Condusef, advirtió que al menos 2 mil cajas operan al margen de la ley, principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla.
“La autoridad financiera no sabe el tamaño del problema que hay ahí. Sabe que está latente, pero no ha hecho nada. No tiene la capacidad instalada para cerrar en definitiva esas instituciones”, advirtió.
Agregó que, si es difícil que los usuarios de Ficrea recuperen sus ahorros, la problemática es mayor en sociedades que no tienen inspección ni vigilancia, de acuerdo con Reforma.
“Existe un grave problema: que hay un número incuantificable de entidades, alrededor de 2 mil seudocajas, que están captando recursos de la gente y otorgando créditos y no piden autorización, y eso es una olla exprés”, indicó.
Por su parte, Mario Herrera, presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, señaló que hay 26 cajas no muy grandes que no pudieron cumplir con la ley, tienen pérdidas por irregularidades y siguen operando con la intención de fusionarse con una caja grande.
Añadió que el sector está igual o peor que hace 14 años cuando se empezó a legislar el rubro de la economía solidaria.
En tanto, hasta septiembre de 2014 y considerando la información financiera que Ficrea entregó a la CNBV, hay 44 Sociedades Financieras Populares (Sofipos) con activos de 29 mil 655 millones de pesos.
Por su parte, el sector también regulado de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) se conforma por 141, que administran 86 mil millones de pesos, según Reforma.
