Por Javier Corral Jurado
La reforma energética que recientemente discutimos y votamos tiene una enorme trascendencia histórica en la vida de México. Como pocas enmiendas constitucionales, esta toca fibras sensibles de nuestra cultura política. No podemos ignorar que el nacionalismo atravesó todo el siglo XX mexicano. Cuatro generaciones de mexicanos hemos vivido y crecido en medio de símbolos nacionalistas.
El fundador e ideólogo del PAN Manuel Gómez Morín en su obra 1915 y otros ensayos habla del fervor de su generación por lo mexicano. “La aceptación de lo nuestro” fue el espíritu que los animó. Se expresaron diversas manifestaciones culturales donde lo mexicano fue motivo de orgullo social ya fuese la comida, el vestuario, lo indígena, la música, la arquitectura, cine, filosofía y política, todos se imbricaron conformando nuestra cultura. Con euforia descubrimos que “el petróleo es nuestro”, escribió Gómez Morín, antes de que Cárdenas expropiara los bienes de las compañías inglesas y estadounidenses.
Los hidrocarburos no son sólo una fuente de ingresos para el gobierno, esa visión recaudatoria está arriesgando de manera irresponsable otros enfoques estratégicos y prioritarios para La Nación: los hidrocarburos son un elemento fundamental de la geopolítica, la seguridad energética, más aún cuando a nuestro lado vive el imperio que siempre nos ha despreciado pero que siempre ha querido nuestras riquezas.
Pemex representa en términos económicos al sector productivo con mayor peso en la economía nacional. El número de empleos directos que genera como los indirectos son millones. Los impuestos que el gobierno recauda por la renta petrolera son excepcionales recursos para la economía del país. Nada menos que el 32%. En aras de la reforma, se ha satanizado a la empresa, sin decir las cargas fiscales que se le impusieron y su dependencia directa de la Secretaría de Hacienda.
También ha sido el botín de un sin número de pillos de todos los niveles, ya del sindicato o de mandos directivos, de varios partidos, pasando por proveedores nacionales y extranjeros; recientemente ha sido víctima de latrocinio de los que “ordeñan los ductos” para vender la gasolina en el mercado negro. Fue el financiador de campañas políticas. Y la pregunta es ¿qué modelo no se agota así?
Además de la rapiña de la que ha sido víctima ha sufrido las consecuencias de malas políticas públicas. Difícil olvidar la época en que creyeron que iban a administrar la abundancia y nos lanzaron en pos de ese “sueño guajiro” endeudándonos, más allá de nuestra capacidad de pago. Cuando la resaca llegó, un sexenio se perdió: devaluación, inflación y recesión fueron la maldición de la administración del presidente De la Madrid que decidió no invertirle nada y quitarle todo lo posible. Las posteriores administraciones la ordeñaron inmisericordemente.
En esto ayudó la postura del PRD y del PRI que se negaron a aumentar impuestos, una y otra vez y lo hicieron por razones de rentabilidad político electoral. Y como la decisión permanece de no tocar impositivamente a los grandes capitales de México, se ha decidido obtener ingresos de las compañías extranjeras, teniéndoles que compartir la renta petrolera.
Hoy resulta que lo acordado en materia energética gira en sentido contrario a lo firmado por Enrique Peña Nieto y partidos en el Pacto por México, ahí se escribió: “se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad de los hidrocarburos y de Pemex como empresa pública. En todos los casos la Nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos” (compromiso 54).
Si del Pacto al Congreso se caen los compromisos esenciales, ¿qué pasará del tránsito de la reforma Constitucional a las leyes reglamentarias que sólo requieren de mayoría simple, y por lo tanto las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos legisladores? Por eso desde el inicio de esta discusión sostuve que tratándose de la reforma constitucional más importante desde 1917 hasta la fecha, era condición sine qua non, tener a la par los contenidos de los proyectos de leyes reglamentarias correspondientes. Ahí se escriben los detalles.
Ya hemos visto cómo a la hora en que se unen los intereses económicos, reculan los reformadores. Incluso terminan violando un mandato constitucional para emitir la legislación secundaria en telecomunicaciones. Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos.
La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios, ni precios más baratos, no hay una mejor redistribución de la riqueza, ni el país ha crecido como se ofreció. Se dice que las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes, y cierran los ojos ante el hecho de que entre las más depredadoras están varias de las trasnacionales petroleras privadas.
Por supuesto que estoy de acuerdo en una modernización del sector, pero esa reforma necesaria sólo debía aprobarse si realmente se propusiera erradicar la corrupción en el sector energético. Debemos conocer las obras que se realizarán con los recursos que se suponen recibiremos. Debemos otorgar autonomía plena a los órganos reguladores que controlarán el sector de energéticos e hidrocarburos para que en ningún momento desaparezca la rectoría del Estado en materia energética.
Por eso las prisas que hoy vivimos, surgidas del Pacto por México, generan las peores condiciones para dar leyes que demanda el mexicano y mexicana de la calle que ya están hartos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental.
Si por las prisas que el presidente Peña Nieto, que impuso al Congreso 100 días para aprobarla, generamos con esta Reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado. Estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por sí debilitado. El Estado será incapaz de gobernarse a sí mismo.
En mi caso, no suscribí la iniciativa energética; mis razones fueron tanto por el contenido como por la estrategia para presentarla. Sostengo que no hay en ninguna de las plataformas presidenciales ni documentos básicos de mi partido, pasando por el discurso de don Manuel Gómez Morín en contra de la expropiación petrolera, que planteé regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de contratos de explotación directa.
Lo más que ofrecimos en la propuesta 106 del capítulo energía, fue impulsar una reforma “que permita la inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos”. Nunca se discutió en los órganos del Partido que autorizaron la plataforma reformar la Constitución para abrir al capital extranjero la exploración y explotación de los hidrocarburos.
Por estos motivos no he compartido el apuro del Presidente de la República de sacar en Fast Track la legislación que nos ocupa. La suma de mis prevenciones tiene un solo nombre: Prudencia, que según la tradición tomista es la virtud política por excelencia.
Dentro de las reglas que nos hemos dado los legisladores de Acción Nacional que como partido democrático respeta la libertad de conciencia, por eso manifesté mi voto en contra de la Reforma en lo general. No fui presionado y tuve el respeto a mi postura de varios de mis compañeros de bancada.
Hago votos desde ahora mismo para que no se cierren los cauces democráticos a la inconformidad social o a la impugnación por esta reforma. Las fibras que toca dieron origen a una revolución que se concretó en un gran principio: “el subsuelo es propiedad de la Nación”; no se debe cometer el error de tratar de atajar con manipulaciones, amenazas, chantajes o intolerancias, las visiones diferentes; no debe darse pie a los radicalismos que se vuelven violencia cuando el Estado toma decisiones a espaldas de la Nación.
* Javier Corral Jurado. El legislador chihuahuense fue uno de los dos senadores del Partido Acción Nacional que votaron en contra de la reforma energética.
