Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció que “el país es una enorme fosa clandestina” que enfrenta una emergencia forense, con más de 26 mil restos sin ser identificados en los anfiteatros del país, insuficientes especialistas en arqueología y antropología forense y cientos de fosas clandestinas. Frente a esa realidad, representantes de la sociedad civil exigieron la creación de un Mecanismo Forense Extraordinario.
Durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en Kingston, Jamaica, representantes del gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de desaparecidos expusieron ante los comisionados internacionales la crisis en la materia que se padece desde hace más de un década.
“El país vive una emergencia humanitaria y violación de derechos humanos que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo. La herencia más dolorosa que ha recibido el (nuevo) gobierno es la que representa la desaparicoión forzada y los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, niñas y niños en el país, asumiendo que esa es una responsabilidad del Estado que no se había venido cumpliendo y que los familiares de las víctimas habían tenido que asumir como una tarea propia. Hoy esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados”, garantizó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En ese marco, se dieron a conocer los primeros resultados de un diagnóstico del sistema forense nacional realizado hace unos días por la subsecretaría de Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República. Karla Quintana, titular de la CNB, detalló que en los estados y municipios existen 266 centros forenses.
Se cuenta con 5 mil 900 especialistas en la materia, la gran mayoría son criminalistas, y hay un déficit en antropólogos y anrqueólogos forenses; existen apenas 40 laboratorios de práctica de pruebas genéticas forenses y sólo 335 expertos en esa materia. Además, agregó, en 21 entidades del país se realiza el mismo tipo de pruebas con marcadores genéticos, por lo que podría haber colaboración entre éstas.
Encinas remarcó que la prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es resolver los casos de los más de 40 mil desaparecidos y la crisis forense, pues en el sexenio pasado lo que se hizo al respecto “fue simulación”.
El comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas aseveró que el titular del Ejecutivo federal ha asumido “compromisos muy serios” para resolver la crisis de desaparecidos, los cuales, confió, serán cumplidos. “He escuchado al propio presidente López Obrador decir que no habrá limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se ha trazado, que es el necesario hallazgo (de los ausentes). Creo en esas manifestaciones, (las dijo) no como un político en campaña, sino como un presidente en ejercicio. Tengo la convicción que eso se va a cumplir”.
La delegación de la sociedad civil, conformada sobre todo por integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos, expusieron los obstáculos que se han enfrentado para el hallazgo de sus seres queridos y la crisis que viven desde su asusencia. Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense, insistió en la necesidad de crear el mecanismo extraordinario.
“Establecer el número de restos no identificados y no reclamados dentro de instituciones del Estado, especialmente en pateones municipales y servicios periciales, es fundamental para poder planificar su recuperación, analisis, eventual identificación y entrega a los familiares. Números oficiales van de los 26 mil a los 36 mil restos sin identiicar, pero falta mucho trabajo para conocer una cifra sólida”.
Agregó que hay cuatro dificultades para conocer la cifra real: la grave fragmentación en la información entre los servicios forenes y las procuradurías; el volumen, pues cualquiera sea el número de restos no identificados, existe coincidencia que la cifra incluirá varias decenas de miles; un problema técnico debido al estado de multifragmentación, alteración térmica y otros elementos en que se han encontrado restos; y un conflicto de trazabilidad, pues se desconoce dónde están los restos no identificados ni reclamados.
Fuente: La Jornada
