México usa la publicidad para controlar a la prensa: Freedom House

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Freedom House reclamó al Gobierno mexicano que use la publicidad oficial para controlar a los medios de comunicación.

En su informe de 2017 sobre la libertad de prensa, la organización señaló que “los funcionarios públicos y actores privados continuaron utilizando incentivos económicos para manipular el entorno de los medios de comunicación durante el año. El Gobierno influye en los principales medios comerciales a través de la distribución de la publicidad oficial, y hay pocos mecanismos de regulación para limitar o estandarizar este tipo de gasto”.

Agregó que a “pesar de sus promesas de campaña, el Presidente Enrique Peña Nieto no había tenido éxito en la creación de un organismo regulador de la publicidad”.

Hace más de cuatro año,s el Presidente Enrique Peña Nieto, cuando estaba aún en campaña, prometió que cambiaría la “relación con la prensa”, pondría reglas para contratar la publicidad e impulsaría la regulación de la misma.  El ofrecimiento lo hizo oficial el 21 de mayo de 2012, cuando presentó su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”.

“El Gobierno debe establecer una relación con los medios de comunicación acorde con una cultura democrática. Como Presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de Gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información.  Sólo un país bien informado garantiza una cultura democrática”, dijo en aquella ocasión.

Freedom House apuntó que “aproximadamente la mitad de los gobiernos estatales no publican los datos relativos a sus gastos de publicidad oficial”. Sólo Chihuahua se ha sumado a la iniciativa con “Publicidad Abierta”, promovida por Fundar, para hacer transparente sus gastos en este rubro. Mientras que Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo aceptaron hacerlo, sin embargo, aún están en proceso de implementar las herramientas. Un sólo municipio de los 2456 del país se ha sumado: Cozumel, así como 1 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo.

La organización en pro de los derechos humanos dio a México una calificación de 66, en una escala de 0 a 100, que lo califica como parcialmente libre.

Señaló, además, que “México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios. La mayoría de los homicidios y otros ataques violentos no son castigados, lo que lleva a una expectativa de impunidad, y los periodistas se enfrentan a amenazas creíbles a la presión que incluye editoriales extremas de violencia de las organizaciones criminales y autoridades corruptas”.

Criticó que los mecanismos gubernamentales para proteger a los periodistas se ven obstaculizados “por las rivalidades burocráticas, la falta de recursos y la formación inadecuada”.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en los últimos 6 años se han registrado 2 mil 020 ataques a periodistas y medios de comunicación, y de 800 carpetas de investigación abiertas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos (Feadle) cometidos contra de la Libertad de Expresión Feadle ha resuelto 3 casos

En el marco jurídico de los medios de comunicación, agregó, sigue siendo problemático, tanto así que  “casi un tercio de los estados de México mantienen leyes penales de difamación, [y las]demandas civiles, continuaron siendo presentadas en contra de los periodistas durante 2016”.

LA CIDH TAMBIÉN DENUNCIA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su Informe Anual 2016, en el que resaltó los ataques y asesinatos de periodista en el país.

Aseguró que para el organismo internacional “es fundamenta que el Estado mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”. Respecto a este último, apuntó que “las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación”.

En sus recomendaciones llamó a reconocer, desde las más altas esferas del Estado, “la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión”.

Además, de definir una metodología única para generar y publicar estadísticas detalladas y desagregadas sobre violencia contra periodistas e investigaciones de las agresiones, así como sobre las medidas de protección adoptadas. Asignar a una autoridad estatal como la encargada de capturar la información, publicar las estadísticas e informar a los distintos actores sobre los desafíos que surjan en la aplicación de dicha método.

Remover todos los obstáculos para que en la práctica la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión pueda atraer la investigación de los delitos cometido contra periodistas y contra la libertad de expresión.

“De esta forma, hacer efectivo el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía”.

Fuente: SinEmbargo

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