México aún es un país desigual, pues dos de cada 10 personas todavía viven en situación de pobreza alimentaria, y cinco de cada 10 se encuentran en circunstancias de pobreza patrimonial, señaló Ricardo Raphael de la Madrid, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la presentación del “Reporte sobre la discriminación en México 2012”.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en conjunto con el CIDE desarrollaron el diagnóstico con el objetivo de conocer los avances, los retrocesos en la lucha antidiscriminatoria que ha tenido México durante el siglo XXI, y para formular una serie de consideraciones, criterios y recomendaciones para la próxima década a favor de la igualdad de trato, indicó de la Madrid.
Apuntó que el reporte se centra en las mecánicas y procesos que con mayor regularidad producen desigualdad de trato, que afectan a las poblaciones más vulnerables. “No sólo se observa la desigualdad hacia personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación sino a las mecánicas y procesos que sistemáticamente vulneran a esas personas”.
El investigador informó que el reporte, que cuenta con una introducción y 11 capítulos, registra que el sistema de Justicia Penal es uno de los “más excluyentes”, ya que las mecánicas o métodos aplicados por la policía, ministerios públicos, jueces y cárceles son discriminatorios.
Mientras en el tema de Salud, Raphael de la Madrid apuntó que la fragmentación en este sector ha hecho que el derecho a la salud sea “heterogéneo, desigual y discriminatorio”; en tanto en Alimentación, el diagnóstico señala que en la población indígena ha crecido la desnutrición a pesar de la implementación de programas como Oportunidades. “Requerimos revisar la política social para que se vuelva coherente con todos los aspectos relacionados con la igualdad”.
Recalcó que en la última década el Estado mexicano promulgó leyes a favor de la igualdad de personas, pero que en la lucha contra la discriminación prevalece un esfuerzo desarticulado, fragmentario y carente de coordinación entre las autoridades federales, y sobre todo, en las instancias locales no se ha producido una política coherente y consistente capaz de remover el cierre social excluyente.
“Necesitan una amplia agenda hacia el futuro y visión además de que requieren continuidad, sería lamentable que los esfuerzos emprendidos por el Conapred en los últimos años se extraviaran. Por ello sería deseable que el cambio de sexenio no implicara el cambio en la conducción actual del Consejo”.
En su turno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que la Ley de Amparo abre una posibilidad a partir de la reforma constitucional para analizar la vulneración de derechos fundamentales por parte de particulares y no sólo de autoridades, pues indicó que el reporte resalta la falta de instrumentos procesales a favor de la no discriminación entre particulares.
“De poco servirían los derechos sino tenemos instrumentos procesales para hacer valer la vulneración a esos derechos, y uno de los retos que tiene nuestro país es perfeccionar los instrumentos de defensa y de protección de los derechos fundamentales y de la no discriminación o del no trato desigual”.
En la presentación del “Reporte sobre la discriminación en México 2012” estaba prevista la participación de Claudia Ruiz Massieu Salinas, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia del Equipo de Transición de Enrique Peña Nieto, pero no asistió. Ante esto Ricardo Bucio, presidente del Conapred, excusó a la jurista, pues señaló que entendía la agenda de trabajo del equipo del presidente electo.
“Están dialogando temas relacionados con la transición administrativa pero hemos conversado los temas del reporte. El CIDE se ha sentado con ellos, y están empezando a conocer el Reporte. Creo que hay toda la disposición, lo que hemos escuchado, para que haya una agenda de construcción y se incorpore parte de sus contenidos en el debate para el Plan Nacional de Desarrollo”
En el evento estuvo presente Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República por el Partido de la Revolución Democrática; Sergio López Ayllón, secretario general del CIDE; Mauricio Merino Huerta, presidente de a Asamblea Consultiva del Conapred, y Max Alberto Diener Sala, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Cabe mencionar que en 2001, Gilberto Rincón Gallardo elaboró desde la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación (CCECD) el primer informe integral en la materia, el cual sirvió para interpretar el principio de igualdad —cuando entonces se había incluido en la carta magna—; así como para formular la iniciativa de Ley Federal Para Prevenir y Erradicar La Discriminación y crear el Conapred.
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