Ocho indicadores relacionados con la medición de la corrupción confirman que éste es uno de los principales problemas.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción, el Barómetro Global de la Corrupción, el Índice de Fuentes de Soborno, el Índice de Competitividad Global, el Reporte de Integridad Global, el reporte Latinobarómetro, los Indicadores Globales de Gobernabilidad, el Índice de Estado de Derecho y el Índice Global de Impunidad el país se ubica en los últimos lugares o, en el mejor de los casos, apenas a la mitad de las clasificaciones.
Los tres primeros reportes son elaborados por Transparencia Internacional. El primero de ellos, el Índice de Percepción de la Corrupción (2015) —con encuestas en 140 países— califica a México como un país con corrupción alta.
La medición del Barómetro Global de la Corrupción pone a México como un país con corrupción creciente. En el reporte de 2013, se detalla que para el 72 por ciento de los encuestados la corrupción creció en los dos años previos.
El tercer estudio elaborado por Transparencia Internacional, el Índice de Fuentes de Soborno (2012) muestra que, desde la perspectiva de los ejecutivos de empresas internacionales, México se encuentra como uno de los países más proclives a recibir sobornos, sólo por debajo de Indonesia y Rusia.
Si se trata de medir el desempeño del país en el contexto de la productividad y analizar la proclividad a la corrupción, el Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial, donde se analiza el desempeño de 144 países, México aparece en el lugar 61 de 144; ahí se destaca que el principal problema que frena la competitividad es la corrupción.
En el mismo sentido apunta el Reporte de Integridad Global, elaborado por Global Integrity. En el reporte se clasifican las fortalezas de cada país como muy fuerte, fuerte, moderado, débil y muy débil. En el promedio, México queda en el nivel moderado.
Latinobarómetro 2015, el más reciente de los reportes, detalla que el gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, es uno de los cinco peor evaluados por la falta de transparencia gubernamental y la tendencia de la clase política a cometer actos de corrupción. Se destaca que el 26 por ciento de la gente opina que el gobierno actual es muy o algo transparente, pero un 72 por ciento considera que es poco o nada transparente.
En el estudio Indicadores Globales de Gobernabilidad, en el que se miden seis parámetros, y uno de ellos es Control de la corrupción, México queda abajo de la mitad de la tabla: obtiene apenas 45 puntos de 100 según el estudio del Banco Mundial.
En el lugar 72 de 102 países aparece México en el Índice de Estado de Derecho, estudio elaborado por el World Justice Project presentado a mediados de año.
Publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el Índice Global de Impunidad, detalla que México se ubica en el penúltimo lugar de la tabla por ser uno de los países con más corrupción. Comparte el escalafón con Filipinas, Turquía, Colombia y la Federación Rusa.
La coincidencia de estos ocho estudios confirman lo expresado por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2014, que la corrupción en México es “un problema cultural”.
Además de la corrupción, el otro problema es la impunidad, según el documento “Anatomía de la corrupción”, presentado en mayo de este año por el IMCO, donde se detalla que entre 2000 y 2013, “período en el que México tuvo 63 gobernadores”, fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte de 41 mandatarios estatales.
Lo lamentable es que de esos 41 casos, sólo 16 fueron investigados y apenas cuatro de ellos fueron procesados y encontrados culpables.
Entre los exmandatarios acusados de cometer actos de corrupción se puede enlistar a políticos de todos los partidos: los priistas Humberto Moreira (Coahuila), Mario Marín (Puebla), Ulises Ruiz (Oaxaca), Mario Villanueva (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y, recientemente, Rodrigo Medina (Nuevo León), a los que se suman los perredistas Narciso Agúndez (BCS) y Andrés Granier (Tabasco) o el panista Guillermo Padrés (Sonora).
Las acusaciones contra éste detonaron formalmente el fin de semana pasado, cuando se detuvo en Sonora a Luis Aristiga López Moreno, un colaborador del exgobernador Padrés, con 3.5 millones de pesos en efectivo, lo que originó un cateo a las propiedades del exmandatario a quien se investiga por actos de corrupción.
Antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto anunció que una de las principales acciones de su gobierno sería el combate a la corrupción. Como presidente electo, mandó una iniciativa de reforma que transformaría la Secretaría de la Función Pública, dependencia encargada de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, en una Comisión Nacional Anticorrupción; sin embargo, la reforma se entrampó en el Congreso.
Apenas en abril de este año se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, el decreto fue promulgado en mayo. El nuevo sistema fue autorizado tras una información periodística que reveló que el presidente y su esposa poseen una casa que fue comprada a un contratista del Gobierno Federal.
Dos omisiones se le imputaron al nuevo sistema: que no se incluyó la posibilidad de llevar a juicio al presidente, a mandatarios estatales o alcaldes y que, a pesar de la demora de tres años en la creación del mismo, se dio un plazo de un año más para aprobar las leyes secundarias del Sistema Anticorrupción.
