Desde 1983, el poder político mexicano se encuentra en las manos de una burguesía dependiente, transnacional y parasitaria que sólo se ocupa de satisfacer los intereses de las enriquecidas clases dominantes del país y del capitalismo hegemónico, en particular, del estadounidense
Por Adrián Sotelo V.
La política populista de los “pactos corporativos”, colaboracionista y cupular ha sido una práctica constante en la historia de México, desde el período del llamado nacionalismo revolucionario hasta la actual época neoliberal. Fue ampliamente utilizada por los gobiernos priístas desde por lo menos la década de los setenta del siglo pasado, y también por los dos gobiernos panistas de la década de dos mil (2000-2012) y, finalmente, por el actual de naturaleza priísta. Su objetivo general siempre ha sido el de imponer, utilizando todos los medios a su alcance, los intereses del partido en el poder en la sociedad, en la política económica y en la dinámica de los procesos de acumulación y reproducción del capital afines al incremento de la tasa de ganancia y de los intereses estratégicos de las clases dominantes del país.
Integrado por los miembros de las dirigencias de la partidocracia mexicana, el Pacto por México (PpM) fue firmado el 2 de diciembre de 2012 entre los principales partidos políticos y el gobierno federal. Además de los objetivos anteriores, ha conseguido legitimar al gobierno priísta y sustituir prácticamente al poder legislativo para, en su lugar, diseñar la política de reformas neoliberales de carácter privatizador: laboral, de telecomunicaciones, educativa y las faltantes: la reforma hacendaria (aumento de los impuestos y del IVA); financiera (facilitar el crédito a medianas y pequeñas empresas para desahogar y resolver los problemas crediticios del gran capital financiero nacional y extranjero que opera en el país, entre otras medidas) y energética (privatización del petróleo y, en general, de los energéticos).
Desde diciembre del año pasado el nuevo gobierno se ha dado a la tarea de diseñar e implementar este paquete de reformas con el apoyo irrestricto de los partidos llamados mayoritarios: el PAN y el PRD que, dizque de “oposición”, actúan en los hechos dócilmente como verdaderos escuderos del PRI y del gobierno encabezado por Peña Nieto quien, por cierto, fue acusado por otro personero de esa partidocracia de haber ganado la elección presidencial mediante un “fraude electoral” que, además, nunca se comprobó y menos ahora que en la práctica la “oposición” ha reconocido y legitimado a dicho gobierno.
La crisis económica y las reformas estructurales de signo neoliberal han causado un enorme descontento social —en algunos lugares hasta insurreccional— entre núcleos de la población: los trabajadores de la educación aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra las reformas educativa y laboral; los maestros de las escuelas rurales de Michoacán y las luchas de estudiantes en diversos Estados del país; las movilizaciones estudiantiles contra las medidas subterráneas de corte neoliberal que llevan a cabo las autoridades universitarias de la UNAM en el bachillerato de la mayor institución pública del país y de América Latina.
Además, frente a la inseguridad, la violencia y el narcotráfico que lacera a la nación han surgido grupos armados de autodefensa en pueblos y municipios de varios Estados de la república, en particular en Guerrero y Michoacán, frente a la total incapacidad del gobierno y de sus fuerzas armadas para controlar y resolver esos problemas derivados de la inseguridad, la violencia, la corrupción y el narcotráfico que, solamente durante la anterior administración panista, arrojaron un saldo superior a los 150 mil muertos ligados de una u otra manera a ese fenómeno.
En el plano político, son justamente los partidos políticos, que actúan como verdaderos aparatos de Estado, el soporte del nuevo gobierno priísta y se ponen a su servicio para promover y garantizar las políticas neoliberales que, entre otras razones, obedecen a las fuertes presiones que está ejerciendo el gobierno norteamericano, el gran capital y los organismos monetarios y financieros, léase FMI, BM, BID y otros como la OCDE. Por ejemplo, sin tapujos este último organismo “sugirió” a México eliminar la tasa cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas incluyendo todos los productos básicos que todavía están exentos de ese gravamen, y aplicarlo en un rango que no supere el 16%, así como impulsar la “reforma energética”, es decir, la “apertura” de PEMEX al capital privado e, incluso, a la inversión extranjera (véase: OCDE, Estudio Económico México 2013, en: El universal on line: http://www.eluniversal.com.mx/notas/923547.html, 17 de mayo de 2013).
El parlamento, que debería proponer, discutir y expedir las leyes correspondientes de la República, es sustituido por el PpM quien elabora las iniciativas de ley y las envía al Congreso para que, en sesiones maratónicas, sean aprobadas por mayorías parlamentarias controladas por los líderes de cada uno de los partidos políticos. Y una vez echas ley se incorporan a la Constitución con carácter obligatorio y de observancia general, no importando sus efectos negativos en las condiciones de vida, de trabajo y de los intereses mayoritarios de la población.
Frente al inminente descontento que dichas reformas suscitan, los medios de comunicación dominantes se dan a la tarea sistemática de desprestigiar, vituperar y deslegitimar a los movimientos sociales y populares en lucha que manifiestan su descontento a través de marchas, mítines, tomas de edificios públicos, bloqueos carreteros, paros parciales y tantos otros instrumentos de lucha utilizados para manifestar su total rechazo ante el carácter autoritario y arribista de la toma de decisiones por parte de la partidocracia y del gobierno federal.
En la crisis estructural y sistémica del patrón de acumulación capitalista neoliberal dependiente mexicano, esa alianza colaboracionista y supra-parlamentaria entre las burocracias de los principales partidos políticos, el Estado y el capital no tiene más objetivo estratégico que darle nuevos bríos y recargar al neoliberalismo, en un contexto en que este sistema capitalista global está experimentando una profunda crisis prácticamente en todo el planeta, especialmente, en los núcleos más desarrollados del capitalismo avanzado de Estados Unidos, Europa occidental y Japón, por mencionar sólo a los que operan —todavía— como hegemónicos en el injusto y jerárquico sistema de relaciones internacionales consagrado por la ONU y el imperialismo a su conveniencia.
Sin embargo, en el caso de las mal llamadas “reformas estructurales” —ya que no lo son simplemente porque no se sumergen en la esencia de los problemas y fenómenos estructurales— esta recarga es sólo parcial, formal, de naturaleza mercantil, circulacionista y coyuntural, con un intenso y carcomido contenido ideológico inspirado en la mejor tradición dogmática de las recetas neoliberales de la economía neoclásica: más mercado, iniciativa privada, apertura externa, destrucción de los sindicatos, achicamiento de la participación del Estado en la economía y exacerbación de sus funciones represivas, individualismo extremo, etcétera.
Y hay que añadir que esas reformas se implementan en el mismo momento y contexto de que fracasan —y han fracasado sistemáticamente— en los principales centros capitalistas avanzados desde la crisis de 2008-2009 donde se vienen implementando reformas similares agravando la crisis, el déficit de los gobiernos europeos, las castigadas tasas de crecimiento económico que, difícilmente rebasan, en promedio anual, el 1% aumentando, en cambio, la deuda pública simplemente para salvar a los bancos y al capital financiero de corte especulativo.
Pero tal y como se están imponiendo las reformas de marras, sí afectan profundamente las condiciones de vida y de trabajo de la población al articularse y sistematizarse en un solo resultado evidentemente en beneficio del capital: con la reforma laboral se desreglamenta, flexibiliza y precariza el trabajo, al mismo tiempo que se abarata y desvaloriza el salario (nominal y real) con la introducción y reglamentación jurídico formal del pago por horas y del trabajo temporal que, de suyo, desmonta la antigüedad al introducir la permisión legal de contratos de trabajo lesivos de esa naturaleza. Sin mencionar la legalización del outsourcing como auténtico mecanismo cada vez más accesible y utilizado por el capital para desmontar legalmente las conquistas y prestaciones sociales de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, particularmente de las que son independientes del Estado y combativas.
La recarga y la unción de neoliberalismo a través de “reformas estructurales”, a un sistema económico como el mexicano, no resuelve la enorme dependencia histórico-estructural de los ciclos macro y microeconómicos de Estados Unidos. A éste va a parar más de 80% de las exportaciones y de allí proviene un porcentaje similar de nuestras importaciones causando grandes estragos en las balanzas comercial y de pagos como atestigua la historia económica del país por lo menos desde mediados de la década de los años treinta del siglo pasado hasta la actualidad.
Entre otros factores, como la diferencia entre las entradas y salidas de capital extranjero y la reversión de sus ganancias a sus países de origen —causando, al mismo tiempo, desinversión y des-acumulación en el país receptor— ese enorme y permanente déficit comercial y de la balanza de pagos —responsable, a la par, del intercambio desigual— ha sumergido al país en un círculo vicioso expresado en bajo crecimiento económico, altos déficits fiscales, creciente endeudamiento interno y externo, inflación, profundización de la dependencia comercial, financiera y monetaria; frecuentes devaluaciones de la moneda nacional y dependencia cuasi absoluta del proceso de innovaciones tecnológicas y científicas del capitalismo hegemónico.
Las reformas estructurales implementadas por el gobierno y el PpM le inyectará más gasolina al enclenque tanque de la economía dependiente de México, pero a costa de una centralización del capital aún más perversa de la que ya se ha acumulado en el curso de los gobiernos neoliberales y de un reforzamiento del régimen de superexplotación del trabajo vigente históricamente en el país, caracterizado por la producción de plusvalía absoluta a través de la prolongación de la jornada de trabajo, la intensificación del mismo y la cada vez mayor extendida expropiación de parte del fondo de consumo de los trabajadores que, a través de diversos mecanismos, nutre la acumulación de capital en beneficio del aumento de las tasas de ganancia de las grandes empresas, pero en particular, de las transnacionales. Obviamente sin mencionar el enorme y supernumerario ejército de subempleados —mal llamado “sector informal”— que en la actualidad supera los 30 millones de personas constituyendo el mayor ejército de América Latina. Estos contingentes se ven forzados a recurrir a esa actividad precaria para medio subsistir en las peores condiciones, sin derechos, ni prestaciones, trabajando prácticamente sin interrupción laboral, incluyendo a los miembros de la familia. Hay que mencionar que la reforma hacendaria contempla gravar con impuestos a estos trabajadores por las actividades que realizan.
Y esto es así porque el fondo de la crisis del capitalismo no es simplemente expresión de problemas financieros, monetarios, inmobiliarios o de mera especulación, como general y mediáticamente lo publicitan los medios de comunicación ante la opinión pública. Más bien, como hemos argumentado en otras ocasiones, la crisis capitalista se deriva de una profunda crisis de los mecanismos de producción de valor y de plusvalor que, para su “superación”, requiere desvalorizar constantemente a la fuerza de trabajo, lo que implica disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y reproducción con el objetivo explícito de aumentar la tasa efectiva de plusvalor y, por consiguiente, la tasa de ganancia. Pero, en el siguiente movimiento de acumulación de capital, una menor cantidad de fuerza de trabajo, más tarde que temprano, incide en la disminución de la cuota de plusvalor lo que termina por castigar la tasa de ganancia, tal y como Marx explicó en la Sección Tercera del Volumen III de El capital cuando describe las causas que contrarrestan la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y entre las que menciona la “reducción del salario por debajo de su valor” o, más bien, del valor de la fuerza de trabajo y que, por cuestiones metodológicas, consideró simplemente como un fenómeno circunstancial que opera en la estricta esfera de la competencia capitalista. Sin embargo, aclara que este mecanismo constituye una de las causas más importantes que contribuyen a contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (Íbid., p. 235).
La política económica neoliberal que se está aplicando en México de manera sistemática desde 1982, además de servir fehacientemente para cumplimentar los intereses del capital, de las empresas transnacionales y de los organismos financieros y monetarios tipo FMI, Banco Mundial, BID y OCDE, paradójicamente, y con la benevolente ayuda del PpM y el silencio del otrora candidato de las mal llamadas “izquierdas” que ahora construye su propio partido para “competir” por la presidencia en el año de 2018, está asegurando la permanencia del recargado antiguo partido de Estado para que trascienda en el gobierno, ese último año, con un nuevo sexenio, contra todas las predicciones, buenas o malas, que presagiaban su bancarrota una vez que, después de gobernar ininterrumpidamente durante 71 años bajo la cobertura de una dictadura cuasiperfecta, apostaban por su erradicación del sistema político mexicano frente al advenimiento de lo que pomposamente denominaron “alternancia” y “democracia plural” como principios de la vida política del país.
Sin embargo, lo que en los hechos en verdad ha ocurrido es que el partido de la derecha y de la ultraderecha (PAN), fue quien verdaderamente se descalabro en la última elección presidencial al perder la mayoría de sus posiciones políticas y de gobierno tanto a nivel de la presidencia de la República, como en Estados y municipios del país. Por lo que respecta al otro partido integrante del PpM (PRD), se ha desfigurado al ubicarse lastimosamente en el centro del espectro político implementando y validando de manera subordinada e incondicional las políticas neoliberales de signo antipopular y elitista.
Todo indica pues que, de la misma forma como ha venido ocurriendo durante el período neoliberal que ya cubre seis administraciones gubernamentales, la crisis capitalista se profundizará castigando las tasas promedio de crecimiento económico que dibujan una línea de tendencia declinante durante todo ese periodo —por supuesto con fluctuaciones al alza o a la baja, pero cada vez más breves las primeras y más prolongadas las segundas— y que ni las actuales reformas llamadas estructurales, ni las políticas económicas neoliberales serán capaces de superar.
Más bien, habrá una profundización de los rasgos más perversos del patrón capitalista neoliberal dependiente mexicano mientras los trabajadores, las clases populares y, en general, las clases subalternas del país —verdaderas víctimas de los efectos negativos y lacerantes de dichas políticas— no se organicen en función de una estrategia global de transformación económica, social y política que ponga verdaderamente en jaque al poder político existente que se encuentra en las manos de una burguesía dependiente, transnacional y parasitaria que sólo se ocupa de satisfacer los intereses de las enriquecidas clases dominantes del país y del capitalismo hegemónico, en particular, del estadounidense.
Fuente: Rebelión.org
