México está preparado para llevar incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos su litigio contra las compañías a las que acusa de comercializar con negligencia armamento que saben que llegará al crimen organizado en territorio mexicano, afirma Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y responsable de la estrategia jurídica mexicana.
Luego de que el juez Dennis Saylor, del Tribunal Distrital en Massachusetts, desestimó la demanda del gobierno mexicano contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista de armas de fuego, con el razonamiento de que las leyes de ese país “inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usen para sus propósitos”, Celorio señala en entrevista telefónica que la impugnación de México cuestionará justamente dicho argumento.
La decisión del juez implica que los fabricantes de armas también están exentos de todo reclamo legal por acciones realizadas más allá de las fronteras estadunidenses, extraterritorialidad no contemplada en la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la normativa citada por Saylor. “El juez tomó el camino fácil”, valora Celorio.
Imperialismo judicial
“La PLCAA no dice que tiene efectos extraterritoriales; no tendría por qué cubrir a las empresas de cosas que suceden en México, y eso es algo muy importante, porque hoy es PLCAA, pero el día de mañana podría ser cualquier otra ley (estadunidense) que nos imponga obligaciones o nos frustre derechos en México y eso es gravísimo. Estaríamos hablando de un imperialismo judicial que no es correcto.”
Agrega que el tribunal de apelaciones tendrá que decidir sobre el alcance de la PLCAA. “Las empresas saben que su producto llega a México a los cárteles para causar daño. ¿El tráfico de esas armas a los cárteles está legítimamente protegido por una ley de inmunidades? Nos parece que no”, explica Celorio.
El litigante subraya que ya esperaban la decisión del juez Saylor. “Sabíamos desde un principio que esta ley que otorga inmunidades era un reto. No son decenas, sino centenas de demandas en Estados Unidos que han sido rechazadas, pero seguimos confiando en nuestros argumentos para superar esa ley”.
Señala que él y su equipo, más que frustración por la decisión judicial, tienen “frustración hacia el juez. Tenía la oportunidad de cuestionar esta ley que causa tanto daño y se fue por la vía fácil”.
El juzgador, sin embargo, considera Celorio, “nos hace guiños sobre la siguiente etapa, que es la apelación. Dice: ‘si no fuera por esta ley, su demanda pasa y encuentro responsables a las empresas’. Confirmamos que vamos por el camino correcto en los argumentos que presentamos”.
México tiene 30 días para presentar el aviso de impugnación, que será turnado al circuito de apelaciones de Boston, que en opinión de Celorio “es más liberal y sensible a nuestros argumentos. Por eso demandamos en Boston”. Luego de ello, conforme lo determinen las autoridades judiciales, continuará el procedimiento, que tomará algunos meses.
Celorio estima que pese a este primer revés judicial, se ha obtenido una victoria al exponer las deficiencias de la PLCAA y que las armas están dañando a los mexicanos. “Ese es el objetivo de todo eso, poner un alto al tráfico ilícito”.
Fuente: La Jornada