Por Carlos Lauría*
La democracia mexicana necesita que su sistema de justicia quiebre el ciclo de impunidad
La sala de redacción del diario mexicano El Mañana, en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, de pronto se estremeció. Eran cerca de las cuatro de la tarde del miércoles 4 de febrero cuando tres individuos fuertemente armados irrumpieron en el periódico y sin mediar palabra se dirigieron a la oficina del director editorial del diario, Enrique Juárez Torres. Lo que sigue es parte de las crónicas policiales del día siguiente en la prensa local e internacional: el editor intentó defenderse con un cuchillo pero fue obligado a los golpes a subirse a un vehículo. Tras amenazarlo de muerte, los atacantes lo liberaron más tarde no sin antes advertirle que la publicación sobre las actividades del crimen organizado en esa ciudad fronteriza, que limita con Brownsville, Texas, estaba estrictamente prohibida.
Juárez, un veterano periodista que lleva 17 años trabajando en El Mañana, conoce bien cuáles son las limitaciones en su labor informativa. En Matamoros no es posible publicar noticias sobre el crimen y el narcotráfico sin arriesgar la vida. Sin embargo, la violencia reciente, producto de una áspera disputa entre facciones enfrentadas del cartel de la droga del Golfo, ha producido un baño de sangre con más de 15 muertos en las últimas dos semanas, según los informes de la prensa. El diario titubeó, sabiendo que esos temas no tienen cabida en sus páginas, pero decidió de todos modos publicar un artículo con el siguiente título de tapa: “Combate: 9 muertos”.
La nota fue suficiente para disparar la ira de los narcotraficantes. Son ellos, y no los periodistas o sus editores, quienes deciden qué se publica o deja de publicar en Matamoros. En ese estado, los grupos del crimen organizado no solo controlan territorio , sino que también dictan la política editorial de los medios de comunicación. Las autoridades, sometidas al poder de fuego de los carteles, muchas veces coludidas por el dinero, en otros casos por el terror, están abrumadas y son incapaces de cumplir con su obligación de garantizar seguridad. Mucho menos pensar que, bajo esas condiciones, puedan resolver los crímenes, las amenazas y enjuiciar a sus responsables.
Tamaulipas no es un caso aislado. Existen estados donde la violencia generalizada representa un verdadero infierno para la prensa. Veracruz es, acaso, el más peligroso en México, según la investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Cuatro periodistas han caído en represalia directa por su labor desde 2011, mientras otros seis otros reporteros fueron asesinados en circunstancias poco claras. Al menos tres periodistas han desparecido en el mismo estado en el mismo período.
El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, ostenta un récord lamentable: ninguno de los casos ha sido resuelto en la justicia. Esta situación deja a los periodistas en un estado de absoluta vulnerabilidad, sin garantías ni protección.
Tamaulipas y Veracruz no son la excepción sino dos ejemplos evidentes de la profunda crisis de libertad de expresión y derechos humanos que atraviesa México en la actualidad. Las cifras son por demás elocuentes: más de 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los últimos 7 años. Pero peor aún que los números, ya de por sí demoledores, es el resultado que la violencia ejerce sobre periodistas y medios: un clima de terror e intimidación. En este ambiente tan despiadado perdura el miedo. Y el temor conduce a la censura.
No se trata de una problemática que afecta a un único sector –en este caso la prensa-, sino algo mucho más vasto y que, por ende, reviste extrema gravedad. Desde hace tiempo, la sociedad mexicana –en particular quienes viven en las regiones con fuerte presencia del crimen organizado-, permanece desinformada sobre muchas de las cuestiones que perturban su vida diaria. La prensa, mutilada y perseguida, se ve impedida de cumplir con su función informativa básica. En consecuencia, derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información, están seriamente comprometidos. Un sistema democrático goza de buena salud cuando el debate sobre temas de interés público es abierto y vigoroso.
La democracia mexicana necesita que su sistema de justicia quiebre el ciclo de impunidad que impera en la mayoría de las investigaciones sobre los crímenes contra los derechos humanos. Hasta tanto no suceda, su estabilidad estará en riesgo.
* Carlos Lauría es Coordinador Sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) Twitter: @CPJAméricas
Fuente: El País
