Pese a que México tiene el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del continente, 32 organismos públicos y una institución nacional, es el país más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo.
Al impartir en la UNAM la conferencia magistral “La situación de los derechos humanos y la respuesta de la sociedad organizada en México” mencionó que la gente no acude a estas instancias (a las que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares), y prefiere resolver estos asuntos en el ámbito exterior.
Señaló que en los últimos 15 años, el país ha estado expuesto a un escrutinio internacional, por lo que es preciso cumplir las recomendaciones, pues de no hacerlo el escenario se agravará.
Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal, advirtió.
Sobre las imputaciones formuladas a la CIDH, dijo que tienen tres procedencias: la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual. En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México, lo que puede interpretarse de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos; o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos.
Y describió a las medidas cautelares emitidas por la CIDH como un sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores. “Aquí hay principios disparadores de participación pública, pues parte importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados en defender los derechos humanos”, señaló.
Hoy la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia, concluyó.
Fuente: Apro
