México, el país de las 2 mil fosas clandestinas

Desde 2006 a 2016 fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron personas. La barbarie abarca 24 estados del país, y uno de cada 7 municipios. En esta investigación documentamos más fosas clandestinas que las que el gobierno reconoce: una fosa cada dos días.

Por: Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati*

 

El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres maniatados, semi desnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre de 2006.

La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.

Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.

El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos.

Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.

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Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.

Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.

Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.

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Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir de cientos de solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.

Este es el mapa, al menos parcial, de la dimensión de la barbarie.

Ver mapa de fosas clandestinas 2006-2016 en pantalla completa
Visualización: David Eads

El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.

En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.

A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.

Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios en los que se llevó a cabo la llamada “guerra contra las drogas”, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos victimarios cavaron hoyos en la tierra para ocultar cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos.

En por lo menos 373 municipios de México hubo criminales que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.

“Esta investigación permite conocer los municipios donde el crimen organizado tiene capacidad de asesinar personas y hacer fosas para desaparecerlas; permite ver nuevas formas de operación y de gobierno donde la gente no se atreve a denunciar. Sería interesante saber cuánta gente vive en este 15 por ciento de los municipios con fosas y que nos dan indicios de esquemas de gobernanza criminal”, reflexiona Sandra Ley, profesora-investigadora del CIDE experta en criminalidad y violencia, al conocer los resultados de esta investigación.

Esta cifra inédita de casi 2 mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que realizamos.

Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.

Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.

Los reportes de la PGR o de la CNDH desmienten a todos, menos a uno.

Yucatán es el único estado donde ninguna autoridad había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.

PLAGA DE ENTIERROS

La pestilencia comenzó a impregnar el paisaje. Fue en 2010, en la temporada en la que Juan Viveros y Nabor Baena, los dos cuidadores de la abandonada mina “Dolores”, ubicada en la periferia de la ciudad de Taxco, escuchaban por las noches ruidos de camionetas, y fueron percibiendo ese insoportable olor a muerte que salía de uno de esos tiros de mina semejantes a los escapes de las chimeneas.

Fue entonces que detectaron que su punta, antes sellada, había sido ranurada, y el pozo reabierto.

“Nos caló la vez que vinimos porque había harta sangre. Le dije a Nabor: “Ira, ¿y esa sangre qué?”. Y me dijo: ‘¿Quién sabe? ¿Traerían un animal?’. Sea lo que haiga sido subía el aroma, olía a feo. Entonces nos fuimos a trabajar”, recordó Juan Viveros.

“Luego alguna gente dio parte de que estaba oliendo a feo, y cuando se asomaron los de Protección Civil ahí estaba el agujero donde los aventaban pa’bajo: eran seres humanos los que estaban ahí”, dijo Nabor Baena.

“Nos dimos color de lo que había, que estaban sacando gente, que había gente almacenada, que ese pozo estaba premiado”, alternó Juan Viveros.

Ambos mineros devenidos en vigilantes desde que la empresa está en paro supieron por las noticias que, en las carretas donde normalmente se extrae plata, fueron subiendo a la intemperie cuerpos. Eso narraron cuando fueron entrevistados en 2010.

“Encuentran 55 cadáveres”, reportó la prensa en esa ocasión. Fueron 41, quedó escrito en los registros de la PGR y 64, en la bitácora de la fiscalía local. Mas de 120, aseguran las familias que acudieron a la morgue a verificar si alguno de los cuerpos extraídos era del familiar desaparecido.

El hallazgo ocurrió en 2010, el mismo año que, según esta investigación, registró el primer pico en el número de cuerpos encontrados en un solo sitio; cuando los hallazgos de cadáveres pasaron de las decenas a los centenares. Era el preámbulo del infierno.

A partir de entonces, ese tipo de descubrimientos se fueron haciendo cada vez más comunes.

La sistematización de los datos oficiales obtenidos en esta investigación revela que:

• Los principales sitios de la muerte en México esos 11 años son el municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290 cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han encontrado 22 mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta a cuántas personas corresponden, y donde continúan las labores de desenterramiento. El otro es el municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, que registró 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos en 11 años.

• Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en esta estadística macabra. La sumatoria de fosas -sin contar los municipios del valle circundante- da 58. En tanto, Acapulco a partir de 2010 no ha faltado ningún año en la lista: esa ciudad-puerto de 2006 a 2016 acumuló 108 fosas.

• El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un año fue Durango, con 350, en 2011. Es también el estado donde más cuerpos han sido encontrados en fosas: 460 en 7 años.

• Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso estudiado son: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280); Guerrero (216); Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137); Nuevo León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).

• Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del hallazgo de sus 21 fosas y omitió mencionar en su lista las fosas de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía de manera clandestina y a donde enviaron cuerpos que deberían haber ido a fosa común hasta 2016, cuando se hizo pública su existencia.

• Los estados con más cuerpos contabilizados en fosas son: Durango (497); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132); Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).

HASTA DENTRO DE CASA

En el imaginario está el que la fosa se encuentra en un lugar remoto y solitario. Esta investigación demuestra que no siempre es así. Los entierros se dan a la vista de vecinos y de policías, lo mismo en colonias pobladas que en avenidas transitadas.

En la primavera de 2011 un sonido despertó a un matrimonio de profesionistas que habitaba en una pequeña vivienda que antes había estado abandonada, al cuidado de un velador, en el fraccionamiento Providencial, en el centro de la ciudad de Durango. La pareja se sorprendió al descubrir a soldados intentando cortar las cadenas de la reja de la entrada.

Cuando la pareja los cuestionó, éstos les pidieron entrar a excavar a su patio. Entonces hicieron un primer hoyo, no encontraron nada. Fueron al fondo, casi en la barda limítrofe, y ahí encontraron algo. Eran cuerpos. En otro punto, debajo del piso de cemento de una palapa, otros más.

Una cadena oxidada clausura la reja negra desde entonces. Hay hierba crecida sobre los montones de tierra en el patio donde el ejército encontró 12 cadáveres. Sí, 12.

La mayoría de los 350 cuerpos extraídos en 2011 en la capital de ese estado estaban enterrados en zonas urbanas: algunos en el mero centro, otros en casas, refaccionarias, talleres, obras negras, en terrenos baldíos, en plena avenida o, incluso, junto a un Bachilleres.

Lo que ocurrió en la ciudad de Durango está lejos de ser extraordinario.

En 18 de los 24 estados hay registro de fosas en municipios de ciudades capitales. Estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas.

LA DANZA DE LAS CIFRAS

Una lona color azul cielo sirve como tendedero de lo que parece ser una truza, una camiseta, bolsas negras de plástico, pedazos de tela sin forma y hasta ropa de bebé. Todo pintado con el mismo tono color lodo por el tiempo que permanecieron bajo la tierra.

Esa imagen divulgada por el gobierno veracruzano ilustraba la noticia que el pasado 7 de septiembre reportaban algunos diarios: el hallazgo de 32 fosas clandestinas con 174 cráneos en el centro del estado de Veracruz.

“Hay ropa de bebés en las fosas de Veracruz; familiares identifican hasta mamelucos y trajecitos” o “pantaloncitos, gorritos y sudaderas: Encuentran ropa de bebé en mega fosas clandestinas de Veracruz”, publicaron distintos medios resaltando la crueldad de los victimarios.

 

Al hallazgo le siguió un baile errático de cifras. El equipo de la futura Secretaría federal de Gobernación habló de las cifras tan dispares que les había dado el gobierno federal saliente: son 855 les dijeron en SEGOB, 1 mil 150 en la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ese mismo día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) actualizó su último registro y dijo que hasta mayo de 2018 hubo mil 306 fosas que albergaban 3 mil 926 cadáveres y casi 36 mil fragmentos de restos óseos.

Esta investigación arroja el doble que la cifra gubernamental más alta. En el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016 –lapso en el que la CNDH llevaba documentadas 855 fosas- este equipo registró la existencia de mil 976 fosas.

Aún cuando es superior, no es una cifra completa. Y aquí por qué:

-No todos los estados reconocen sus fosas: Los gobiernos de 7 estados informaron que en su territorio no hay fosas o sitios parecidos de exhumación, aún cuando información de la CNDH y la PGR indica lo contrario.

Fue el caso del gobierno de Baja California que negó tener entierros, sitios de disolución de cadáveres, “cocinas” o similares en sus bitácoras, en los que criminales pudieran haber desaparecido los cuerpos de sus víctimas. Esto a pesar de que en 2009, en Tijuana, el ejército capturó a Santiago Meza López, quien fue presentado ante la prensa como “El Pozolero” porque deshacía en ácido los cuerpos de supuestos enemigos del cártel de Tijuana.

Según confesó justo en una de las fincas de las afueras de la ciudad -en el ejido Ojo de Agua. que utilizó como lugar de trabajo, él disolvió los cadáveres de al menos a 300 personas. Desde ese momento de pesadilla las familias acompañadas por autoridades hacen rastreos para buscar en esos terrenos rastros de personas desaparecidas, y cada tanto encuentran dientes o fragmentos de hueso que PGR se ha llevado para su análisis. Es decir: sí hay sitios de inhumaciones clandestinas.

Ciudad de México, Querétaro e Hidalgo, también reportaron cero entierros clandestinos o sitios de exterminio cuando se les solicitó información. Esta negativa contrasta con los reportes de la PGR y la CNDH que dan cuenta de cuatro fosas entre todos; pero si se toman  reportes de prensa mencionados por la CNDH llegan a ser 58.

-Las fiscalías estatales reportaron menos fosas que las encontradas.

Para muestra tomamos las cifras que dio Michoacán para 2006 donde no sólo encontraron el entierro de los seis hombres degollados en Aganhuan y la fosa localizada posteriormente en Aguililla. La PGR sumó otra pieza al incompleto rompecabezas y reportó otra en Lázaro Cárdenas con tres cuerpos de hombres atados de pies y manos, que no contabiliza gobierno del estado. La prensa, al final del año, dio cuenta de dos fosas más que omiten los registros gubernamentales: una en Morelia y otra –el último día del año- en Buenavista Tomatlán.

-Las fosas procesadas por la PGR, y cuyos restos exhumados terminaron en instalaciones federales de la ciudad de México, no son tomadas en cuenta en los registros estatales.

Esto origina el subregistro de cementerios clandestinos de gran escala, como los de La Barca, Jalisco, de 2013, donde se hallaron 37 fosas con 75 cuerpos. O los 175 cuerpos extraídos de 54 fosas en los cerros circundantes a Iguala, Guerrero, descubiertas por lugareños agrupados en el colectivo “Los otros desaparecidos”, a partir de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

 

Este reportaje y el mapa que acuerpa la información encontrada, también clasifica de manera diferenciada, y en espacios separados, ambas fuentes de información, la proporcionada por fiscalías locales y por la PGR.

-Hay fosas que aunque existen no han sido descubiertas. Hay regiones que aparecen en el mapa en blanco, como si ahí no hubiera entierros clandestinos que pudieran ser zonas de muy difícil acceso, por su ubicación y por el control de grupos del crimen.

“Hay diferencia temporal en cuanto se crea una fosa y cuando ocurre su hallazgo, y eso nos habla de las dinámicas temporales y espaciales de la violencia. Los hallazgos de fosas pueden corresponder a un tiempo en que la violencia en esas zonas ha disminuido, difícilmente cuando está en su pico”, opina el historiador de la UNAM, experto en la historia de las desapariciones en México, Camilo Vicente Ovalle.

Tras ver el mapa dice que seguramente lugares como la Sierra de Guerrero existen más fosas que las registradas, porque ese es un método utilizado para asegurar la muerte clandestina, pero no han sido descubiertas.

LOS SITIOS DE LA MUERTE

En 2015 la señora María de la Luz López Castruita, quien desde 2008 busca a su hija Claribel Lamas López, encontró uno de estos puntos en el Ejido Patrocinio, en Coahuila. Como lo hacen las familias de las víctimas, que son quienes hacen las investigaciones que pocas veces hacen las procuradurías, ideó la manera de infiltrarse a esos terrenos donde corrían rumores de que eran llevadas personas que nunca más volvían a ser vistas.

Comenzó a ir disfrazada como campesina -sombrero, paliacate, un palo y garrafón de agua a la espalda-, y pronto los cuidadores de chivas le ayudaron a dar con los sitios donde había tambos, cenizas, restos de huesos enterrados, zapatos y ropa esparcida en el piso.

Un chivero le dijo que él llegó a ver de 80 a 90 tambos donde quemaban a la gente. El hermano de la señora Luz López llegó a ver 14.

-¿Entonces hubo cientos de muertos? -preguntó ella al chivero.

-Son miles, señora. Diario pasaban las camionetas con gente amarrada atrás, así, empalmados como animales, de día, el sol estaba altito – le respondió el hombre.

-¿Y los tambos?

-Se los llevaron pa’l kilo, pero allá quedan dos – dijo el señor y la llevó a donde éstos se encontraban, recuerda que le contestó.

Patrocinio era sólo un sitio del exterminio como otros que se habían creado en Coahuila. El Grupo Vida, colectivo de rastreadores del que formaba parte la señora López, ubicó otros puntos con tambos agujereados conun talache (pico), en los que metían a la gente y la quemaban con diesel y gasolina. Alrededor ponían una llanta de tráiler para contener el fuego, en hoyos vaciaban los restos quemados.

Lucy, como es mejor conocida, se organizó con otras familias para realizar la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida, que, en mayo de 2017 en Coahuila, reunió a otras familias para hacer rastreos en campo.

 

En México las búsquedas se han realizado cuando la violencia no ha amainado, en medio de la “guerra”, cuando muchos de los territorios donde se oculta a personas aún están controlados por mafias. Los paisajes forenses siguen siendo escenas del crimen y algunos, zonas de exterminio. Muchos de los hallazgos han sido gracias a las investigaciones de las familias.

Ella se siente frustrada de buscar y encontrar sitios de aniquilación de donde recuperan restos que no son identificados. En su caso, la Policía Científica de la Policía Federal es la responsable de hacerles los análisis y avisarles si identifica alguno.

Su hija Claribel no está entre las mil 738 víctimas exhumadas de las casi 2 mil fosas que las fiscalías aseguran haber identificado.

Con el tiempo, Lucy reflexiona: “¿Para qué perdemos tiempo buscando fosas, a los muertos, si de todos modos no nos dicen quiénes son? Y en esto no tenemos tiempo, por eso decidimos mejor buscar a los vivos”.

La identificación de cadáveres se dificulta mucho más cuando se cometieron errores durante exhumación, como en Durango en 2011, donde los cuerpos fueron extraídos con traxcavos que los destrozaron.

O cuando los restos fueron quemados, incinerados o disueltos usando ácidos o métodos alcalinos. Como en Veracruz, donde hay seis puntos con al menos 18 mil 680 restos óseos y sólo dos personas identificadas, según la respuesta a nuestras solicitudes. Coahuila, por ejemplo, reporta 87 sitios de inhumación clandestina, cuya ubicación la fiscalía se rehusó a proporcionar, de los que se han tomado 102 mil 717 “muestras biológicas” y sólo han identificado a 19 personas.

 

En otros estados pareciera que las propias fiscalías perdieron el rastro de los cuerpos que tienen bajo su resguardo. Es el caso de Sonora que, al solicitarle información de un cuerpo recuperado en Nogales en 2016 respondió: se “desconoce si fue identificado”; sobre dos cuerpos del municipio de Naco de 2008 indicó: “no se cuenta con la información debido a baja del médico”. Sobre otros: “no se sabe si fueron cremados ni se conoce el lugar de resguardo”.

“¿Para qué sacar los restos si de igual manera no les vamos a poder dar identidad?”, se pregunta Juan Carlos Trujillo Herrera, quien tiene cuatro hermanos desaparecidos -dos capturados en Guerrero, los otros dos en Michoacán-, y quien ha encabezado las brigadas nacionales de búsqueda.

“No hay capacidades. Yo digo, ése es el problema”.

Esta investigación, que intenta dotar de ubicación y número a las fosas y a los restos hallados, arroja también pistas sobre sitios en disputa, métodos de desaparición por regiones o cambios de patrones.

Con la información obtenida que sirvió de sustento para el mapa es posible detectar sitios donde se acumulan capas de fosas. Entre estos destacan cinco en permanente disputa entre grupos criminales, y a veces fuerzas armadas, todos ellos de frontera, sea con el mar o con Estados Unidos. Los cinco puntos concentradores de fosas son: Ciudad Juárez, así como los puertos o corredores cercanos al mar: Ahome, Sinaloa; San Fernando, Tamaulipas; y los puertos de Acapulco y Veracruz.

También es posible distinguir que en el noroeste y la parte norte del Golfo de México se ha extendido el uso de combustibles para incinerar cadáveres hasta dejar fragmentos. En lugares como Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León.

En esos sitios tanto familias buscadoras como autoridades siguen descubriendo terrenos con miles de fragmentos óseos, lo que dota de mayor dificultad las labores para su identificación.

Un lente para mirar el mapa de fosas derivado de esta investigación es la que propone la doctora argentina en Ciencia Política, Pilar Calveiro, autora de libros como ”Poder y Desaparición”: observar los momentos en los que matar y tirar los cadáveres en la calle dejó de ser castigo suficiente, en que comenzaron a sepultar cuerpos para desaparecerlos, y el momento en el que los asesinos dejaron de enterrar y optaron por métodos para disolver cuerpos.

“La tecnología usada para la desaparición dice mucho de los desaparecedores y del poder que los sustenta”, señala.

TORRE DE BABEL FORENSE

Esta investigación también se topó con información fragmentada, muchas veces contradictoria, otras maquillada, así como la falta de homologación de registro entre fiscalías estatales, incluso para clasificar cuerpos, osamentas, restos, fragmentos y fosas.

Para llegar a los números alcanzados hubo que desentrañar la variedad de nombres que cada fiscalía da a cada sitio de levantamiento de cuerpos, según la complejidad que enfrenta.

Para la fiscalía de Veracruz, por ejemplo, un pozo con restos óseos calcinados es una fosa, pero también lo nombra como “centro de destrucción de cuerpos”. Mientras que Coahuila llama “sitios de inhumación clandestina” a los lugares donde se encontraron tambos usados para calcinar personas.

A la petición de número de fosas, Tamaulipas agregó en su respuesta el número de tambos metálicos que han encontrado con remanentes de restos óseos incinerados. Y 19 lugares donde se calcinaron cadáveres, la fiscalía de Nuevo León las mencionó como “cocinas”, utilizando el argot de los grupos del crimen organizado.

Aguascalientes, en tanto, respondió que desconoce el significado de la palabra fosa.

El investigador del Colegio de México y maestro de la Universidad Iberoamericana, Jacobo Dayán, experto en crímenes de lesa humanidad, opina que investigaciones como esta “encuera la falta de Estado”.

“No hay información oficial de fosas en el país como no hay claridad de la ubicación de los cuerpos, o si estos fueron donados a escuelas de medicinas o están dando vueltas en tráilers o perdidos en semefos o quién sabe dónde. Es urgente un registro claro sobre desaparecidos, y por otro lado de fragmentos, restos y fosas para empezar a hacer las políticas de búsqueda, exhumación e identificación”.

Jacobo Dayán, investigador Colmex

Para Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en México, investigaciones como esta muestran la necesidad de crear un protocolo homologado en todo el país para registrar fosas y restos encontrados.

“Que expliquen (cada fiscalía) qué quieren decir cuando dicen fosa,  osamenta, cuerpo o resto; cómo llaman a alguien que fue identificado pero no encuentran a su familia: ¿no identificado o no reclamado?, cómo lo cuentan; cómo catalogan las que llaman ‘cocinas, o cuando los cuerpos están enterrados o en ríos, presas, a la intemperie o dentro de una maleta. Sin esas definiciones es muy difícil hacer estadísticas. Eso hay que resolverlo.”

Registros dispersos, incompletos, contradictorios o fragmentados de los gobiernos estatales y del federal obligan a las familias a vivir en la incertidumbre sobre el paradero de su seres queridos. La suma de negligencias y omisiones condenan a las personas desaparecidas a desaparecer por segunda vez.

La salvadoreña Bertila Parada tuvo que rescatar a su hijo Carlos Alberto Osorio Parada de los laberintos de la burocracia mexicana, donde su cuerpo, asesinado, y rescatado de una fosa, estuvo perdido por esa falta de protocolos que impiden a las personas desaparecidas regresar a su casa y tener un entierro digno, acompañado de su gente.

El joven migrante fue asesinado en marzo de 2011 por Los Zetas, en complicidad con la policía municipal de San Fernando. Su cuerpo fue el tercero en ser localizado en la fosa 3 de la brecha El Arenal, junto con otras 12 personas asesinadas, cuando comenzaron las exhumaciones en abril. En total serían 189 cuerpos los recuperados en una cuarentena de fosas.

El cadáver fue trasladado a la morgue de Matamoros el 17 de abril, donde, al día siguiente, le practicaron la autopsia; otros 122 cuerpos exhumados tomaron otro rumbo: fueron trasladados por la PGR a la Ciudad de México.

El cuerpo de Carlos Alberto fue sepultado con registro de persona no identificada junto a 67 cuerpos. El fue enterrado en la fila 11, el lote 314, la manzana 16, del panteón municipal de la Cruz en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Cuando su familia se enteró del hallazgo de las fosas, y como Carlos Alberto había dejado de reportarse, se hicieron los análisis genéticos para que la PGR los cotejara con la genética de los restos exhumados. Pero las pruebas sólo se las hicieron a los cuerpos enviados a la ciudad de México. El joven, por ello, permaneció tres años y 10 meses en la fosa común tamaulipeca, y una vez estuvo a punto de ser incinerado por las autoridades.

 

“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dijo su madre, doña Bertila Parada, vendedora de pupusas, al ser entrevistada en 2016, mientras mostraba la carpeta que recibió el 28 de enero de 2015 y que contiene las fotos del cráneo destrozado de su hijo y del panteón donde reposaba bajo una cruz oxidada que marcaba su tumba. Cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3 Fosa 3”.

Ella tuvo que protestar muchas veces ante las autoridades de su país, hasta que encontró una organización mexicana (Fundación para la Justicia) y a un grupo de antropólogos forenses (el EAAF), que la ayudaron a rescatar a su hijo del abandono y del anonimato, hasta darle descanso en su casa.

Ya recobrado el cuerpo de su hijo, Bertila pudo sentir un poco de alivio de la tortura que vivió penando por encontrar dónde estaba y recuperarlo.

“Siento dolor y al mismo tiempo siento que hay algo que sí logramos. Porque mucha gente no lo ha logrado, muchos que no saben dónde están sus hijos. Cuando lo enterré tuve un poco de descanso”, dijo.

En México 37 mil 485 personas están reportadas como desaparecidas entre diciembre de 2006 y octubre pasado, según los registros oficiales. Se desconoce cuántas de ellas están en fosas.

 

*CRÉDITOS:

Visualización : David Eads. Con información de Gilberto Lastra.

Las solicitudes de información para la investigación #MéxicoPaísdeFosas fueron realizadas por Alejandra Guillén, con apoyo de Aranzazú Ayala y Paloma Robles, y asesoría de Juan Carlos Solís y de Mayra Torres.
Pedro Zamora, Carlos Juárez, Daniela Rea, Erika Lozano, Carlos Quintero y Rodrigo Caballero colaboraron con solicitudes de información de sus estados.

La realización de la base de datos estuvo a cargo de Alejandra Guillén y Mago Torres, con apoyo de Aranzazú Ayala, Paloma Robles. El análisis de datos lo realizó Mago Torres.

Asesoría en imagen: Mónica González Islas.

Asesoría en diseño: Queso.

Edición y asesoría: Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna.

Difusión: Erika Lozano y Ruth Muñiz.

Esta investigación forma parte de www.adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de Quinto Elemento Lab.

Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org