Por José Gil Olmos
El martes primero de septiembre, mientras en México se trataba de reeditar el ritual del “día del Presidente” en la Cámara de Diputados integrada por partidos ensimismados en sus intereses particulares, no muy lejos, en el país vecino, Guatemala, sus diputados daban una lección histórica al desaforar al presidente Otto Pérez Molina para llevarlo a juicio por delitos de corrupción.
El congreso guatemalteco decidió por unanimidad retirar el fuero al presidente Pérez a quien se le acusa de encabezar diversos actos de corrupción con empresarios que pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos en un caso conocido como “La Línea”.
Los diputados de Guatemala no pidieron la dimisión del presidente (quien finalmente decidió renunciar este jueves), sino llevarlo a juicio ante la Suprema Corte de Justicia para que enfrente los cargos que se le imputan desde el mes de abril cuando se reveló que encabezaba “La Línea” una organización de evasión fiscal que operaba Juan Carlos Monzón, secretario particular de la exvicepresidenta Roxana Baldetti quien, junto con el presidente Pérez, daban las órdenes para poner a funcionarios claves en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ahí corromper al sistema fiscal.
Los empresarios que buscaban ayuda lo hacían vía telefónica marcando un número exclusivo donde los enviados del presidente y la vicepresidenta los atendía a cambio de sobornos. De ahí que a la agrupación criminal institucionalizada se le conocía como “La Línea”.
El gobierno de Otto Pérez tiene otras acusaciones de corrupción, entre ellas la sobrefacturación de 15 millones de dólares en la compra de medicamentos por el Seguro Social. Gracias a la presión social y al papel de los legisladores, el presidente de Guatemala será enjuiciado por corrupto y podría ir a la cárcel.
En México el presidente Enrique Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete están involucrados en claros casos de corrupción que han sido literalmente lavados por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien declaró que no había conflicto de intereses en la compra de propiedades de Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al constructor favorito del gobierno, el Grupo Higa, a quien le había otorgado una de las obras más costosas de esta administración, la línea del tren de México a Querétaro.
Además de estos casos de corrupción, que son los más evidentes pero no los únicos, el gobierno de Peña enfrenta actos de impunidad, de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones de derechos humanos en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Ostula, Apatzingán y Calera, los cuales son conocidos en todo el mundo como muestra de su incapacidad para hacer frente a la situación de violencia, al crimen organizado y a la simbiosis de este último con el poder político.
El presidente Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete cumplen los requisitos para que sean sujetos de un juicio político y judicial, pero ni la Cámara de Diputados, el Senado, la Suprema Corte de Justicia o la PGR son capaces de investigarlos y llevarlos a los tribunales.
Hace tiempo, cuando las cosas iban mal, el refrán popular era que íbamos de “Guatemala a Guatepeor”. Hoy en Guatemala se ha dado un ejemplo histórico al llevar a juicio a su presidente gracias a la presión de la sociedad, mientras que en México reina la impunidad, la corrupción y la injusticia.
En los hechos hoy somos el “Guatepeor” con una economía estancada, desempleo y pobreza galopante, la violencia en una espiral incontrolable, el crimen organizado hecho gobierno y un gobierno corrompido y lejano a los reclamos sociales.
Fuente: Proceso
