El gobierno de México tiene hasta el 23 de diciembre para responder a las solicitudes de las once empresas de armas de desechar su demanda, y se cita una audiencia para evaluar si el caso procede ante estas solicitudes y la respuesta mexicana el 27 de enero de 2022.
El juez federal F. Dennis Saylor IV ordenó este miércoles que el gobierno de México, el demandante, debe entregar sus argumentos en oposición a las solicitudes de los demandados para desechar el caso.
Las once empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses presentaron solicitudes para desechar el caso el pasado 22 de noviembre argumentando que México no había fundamentado su acusación de que están directamente involucradas o han cometido actos ilícitos, que las leyes estadunidenses dan inmunidad a las empresas ante demandas de este tipo y que el tribunal distrital federal en Massachusetts -donde México presentó su demanda- no tiene jurisdicción sobre este caso, entre otras razones.
Más aun acusaron que “incapaces de controlar la violencia de los carteles dentro de sus propias fronteras, México presentó esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.
El gobierno de México ahora tiene hasta el 23 de diciembre para formular y presentar ante el tribunal su respuesta a estos argumentos. Los demandados podrán responder una vez más a México antes del 10 de enero del 2022.
Al concluir ese intercambio de argumentos por escrito, el juez programó la primera audiencia sobre estas solicitudes para desechar el caso para el 27 de enero de 2022.
No se sabe si el juez Saylor decidirá en esa sesión si permitirá que el caso proceda o si será desechado, pero es la primera gran prueba para este intento sin precedente por México para buscar que la industria de armas de fuego asuma alguna responsabilidad por el uso de sus productos en el pais vecinos.
El caso inició el 4 de agosto cuando México presento una demanda civil contra 10 empresas fabricantes de armas de fuego y una distribuidor por la violencia nutrida en Mexico con sus productos letales.
Fuente: La Jornada
