México es uno de los países con los peores niveles de corrupción en el gobierno, que incluye el pago de sobornos, las influencias indebidas de ciertos intereses políticos o empresariales o el desvío de recursos públicos: según un informe del Proyecto Mundial para la Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), el país se colocó en el lugar 102 de 113 países evaluados, con una calificación apenas superior a la de Venezuela.
El Índice sobre Estado de Derecho, que publicó hoy la organización, señala algunas fallas graves de la democracia mexicana, entre otras, por la corrupción que impera en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y militar, así como por las carencias del sistema judicial.
Desde el año pasado, México se derrumbó cuatro lugares en la lista general establecida por el WJP, que lo ubicó en el puesto 92 de 113 países, con un índice peor al del promedio de América Latina y el Caribe, según el informe financiado, entre otros, por el Departamento de Estado, la Comisión Europea, el gobierno de Singapur y transnacionales del sector de tecnologías.
La organización consideró que México reprueba los capítulos de justicia civil y penal que miden el nivel de acceso a los sistemas de justicia y su eficiencia, pero también evalúan si los tribunales están contaminados por la discriminación, la corrupción y la influencia indebida de algunos funcionarios.
El sistema de justicia mexicano fue severamente calificado debido a la escasa efectividad del régimen de cárceles, las deficientes investigaciones, la corrupción y los plazos “desrazonables” que duran los procesos.
Según el informe, el país también fracasa en garantizar el principio de no discriminación en materia de derechos fundamentales -hacia las mujeres y las comunidades indígenas-, y en proteger el derecho a la vida y la seguridad. Tan solo el año pasado las autoridades contabilizaron más de 29 mil 168 víctimas de homicidio dolosos.
Y no sólo esto: la organización observó una baja efectividad de los contrapoderes en el país; señaló los escasos castigos contra las malas actuaciones de los funcionarios, la falta de auditorías independientes y la revisión de las acciones gubernamentales por parte de la ciudadanía.
El único capítulo donde México salió con observaciones aceptables fue el del gobierno abierto, el cual mide la participación cívica, la publicación de información y los mecanismos de queja.
Sin embargo, el año pasado las organizaciones que integraban la Alianza por un Gobierno Abierto abandonaron la iniciativa, después de que el Citizen Lab dio a conocer que por lo menos una agencia del gobierno había utilizado el malware espía Pegasus para infectar de manera ilegal los celulares de periodistas, activistas y políticos de oposición.
