Desde hace cinco años, diversos organismos de derechos humanos internacionales han coincidido en “un diagnóstico crítico” sobre la situación “muy preocupante” en materia de tortura y desaparición forzada en México, sin que hasta el momento haya políticas encaminadas para erradicar dichas violaciones, aseguró Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Al inaugurar el “Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada y Cometida por Particulares en México”, organizado por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, el representante de la ONU, enlistó al “concierto de voces” que han alertado sobre la situación en México, y resaltó que todos los organismos han coincidido en “una ruta propositiva”, que empieza por el reconocimiento de la gravedad de la situación.
Tras recordar que al concierto de voces se han unido el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita a México, el representante de la ONU reconoció la labor de los organismos civiles de derechos humanos y a las “víctimas que han roto el silencio en busca de verdad, justicia y reparación”.
Reconoció también que la labor de los organismos en el “escrutinio internacional” ha sido posible por el consentimiento del Estado mexicano, que recientemente ha creado oficinas especiales dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), para la investigación de los casos de tortura y desaparición de personas, en tanto que a nivel legislativo se discuten iniciativas para combatir ambos flagelos, propuestas que espera cuenten con “los más altos estándares internacionales”.
No obstante, Jarab urgió a que “dichas transformaciones, que son bienvenidas, deben traducirse en acciones concretas y traspasar el ámbito de lo formal”, así como a “construir instituciones que podrían gozar de la confianza de las víctimas y del público, garantizando la imparcialidad, la independencia y el profesionalismo”.
Retomando algunas de las recomendaciones de los organismos internacionales, el representante de la ONU consideró que “sería útil crear una institución forense independiente y una organización nacional de búsqueda de personas desaparecidas”.
Agregó que en el contexto de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa México “es importante garantizar que las comisiones estatales de derechos humanos sean encabezadas por personas con un perfil y trayectoria distinguida en la defensa de derechos humanos y no por representantes de intereses políticos”.
Por el panorama que vive México en ambas problemáticas, Jarab reconoció que las organizaciones civiles que atienden esos casos se han visto desbordadas, una demanda que “les llama a una mayor especialización y profesionalismo, en tanto que las condiciones de violencia e impunidad que han fomentado las prácticas de la tortura y la desaparición de personas las han llevado enfrentar riesgos y descalificaciones que ameritan ser exorcizados de manera pública”.
El evento contó con la participación del integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), por sus siglas en inglés, Rainer Huhle, quien se disculpó por no abordar en su discurso la situación específica de México, que está siendo revisada por ese órgano de la ONU y cuyo resultado será dado a conocer en octubre.
Héctor Cerezo, ex preso político, resaltó que la iniciativas de desaparición y tortura enviadas por Enrique Peña Nieto al Senado, en diciembre de 2015, “fueron una respuesta al reclamo internacional por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque nosotros (Comité Cerezo) hicimos marchas desde 2010 exigiendo la ley general sin que se nos hiciera caso, tuvo que ocurrir un hecho aberrante como la desaparición de los estudiantes para que se dieran cuenta de que la impunidad, que se viene arrastrando desde los sesenta, setenta y ochenta, permitió que las desapariciones continúen y vayan en aumento”.
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