Por Lydia Cacho
Cuando de armas se trata México vive en el engaño y los dobles discursos. Cada vez más civiles adquieren armas de fuego para defenderse en nuestro territorio. Solamente en 2011, se detectaron 15 millones de armas de fuego ilegales en nuestro país: escopetas de asalto, armas ligeras, subfusiles Colt de 9mm, M16, M4 o la A15 de Panther Arms, pistolas semiautomáticas, etc. Lo cierto es que cada vez más personas se integran a clubes de tiro deportivo o caza para poder poseer armas de fuego legales, aunque detrás de ese permiso tengan en casa un par de armas de alto calibre ilegales. Senadores, diputados, rancheros, empresarias, familiares de militares y de policías federales viajan todos los días en sus autos con armas de fuego para defenderse en caso de un ataque. Cada vez más empresarios contratan choferes entrenados para usar armas de fuego.
Según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Art. 15: En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro. Se extenderá constancia de su registro. En el Art.17: Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera. Las armas, pues, son legales en México.
Hay quienes lo ocultan y quienes lo confiesan. En una video-entrevista en 2012 con Shane Smith para la revista Vice, el Diputado priísta Alex LeBaron, familiar de Julián LeBaron el activista mormón de Chihuahua, confiesa alegremente frente al Congreso: “Fueron unos militares a nuestra granja, creímos que eran criminales y le disparamos a uno de ellos. Fue un incidente triste pero nos ganó mucho respeto en la comunidad. Nos llamaron los cabezas de las organizaciones criminales (sonríe orgulloso cuando dice esto) y nos dijeron que están orgullosos de nosotros. Las organizaciones criminales y el Ejército saben que tenemos armas porque lo hemos dicho, tenemos arman ilegales y si quieren vengan a buscarlas (provoca envalentonado y sonriente), las compramos en los Estados Unidos las traficamos ilegalmente, es la única manera de defenderse en este país. Un arma ilegal cuesta 10 mil dólares en México”. Este joven político que recién abandonó su curul para dirigir la Conagua en Chihuahua, contradice el discurso de Brent LeBaron quien niega tener armas ilegales, aunque muestra cómo su comunidad mormona cuenta con “estrategias usadas por los soldados en la guerra de Irak”.
¿Por qué se atreve un funcionario público a confesar no sólo el uso sino el tráfico de armas ilegales y el ataque impune a un soldado? Porque él como miles de mexicanos creen que en el contexto de inoperancia del Estado cada quien tiene derecho a defenderse y a estar armado. Y el Secretario de Gobernación Osorio Chong les da la razón a quienes han conformado sus grupos de autodefensa. Recientemente en una entrevista para Univisión, el responsable de la seguridad nacional aseguró que su dependencia no cuenta con informes sobre los posibles vínculos de algunas autodefensas con grupos guerrilleros o criminales. Admitió que en Guerrero existen grupos de autodefensa desde hace 17 años. Dijo: “Creo que esto no es estar al margen de la ley, creo que es importante que se sepan escuchados por parte de la autoridad federal en apoyo a la autoridad estatal”.
Por su parte el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, aseguró en entrevista que los cuatro grupos de autodefensas de su estado serán censados y se les capacitará y acreditará, sin tomar en cuenta aspectos como edad o condición física (esto porque muchos son incluso menores de edad). También anunció en la revista Proceso que se les asignará un salario con el propósito de que no se desvirtúe la función de autoprotección con la que surgieron. Las autodefensas se extendieron en Michoacán después de que el municipio autónomo de Cherán hiciera pública la formación de su propia “policía” para protegerse del crimen organizado.
El tema es complejo y tiene muchas aristas. La ley federal sí autoriza la portación de armas de fuego a deportistas de tiro o cacería, permite que quienes practican la charrería porten revólveres de mayor calibre siempre y cuando “los lleven descargados”. Mucha gente ignora que en México existen un centenar de distribuidores de armas de fuego que pueden ser contactados en clubes de tiro o a través de miembros del Ejército, además de los vendedores de armas ilegales en mercados de productos piratas que se encuentran en todo el país. El Artículo 9 de la ley vigente dice que los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, varias armas, entre ellas rifles de calibre .22 o escopetas de cualquier calibre. Pistolas semi-automáticas de calibre no superior a 9mm y revólveres no superiores al 38. La idea es que en las zonas ejidales alejadas de la policía, las comunidades puedan defenderse de forma autónoma. Pero lo cierto es que hay dos tipos de autodefensas en México: los de comunidades rurales e indígenas, y los de ciudades como Nuevo León, Sinaloa, Tijuana, etcétera que se conforman a manera de empresas de seguridad para ciertos grupos sociales vulnerables al secuestro.
Para poseer un arma de forma legal en México se debe llenar un formato ante la Sedena en el que se justifica que se necesita por la naturaleza de su ocupación o empleo, o que las circunstancias del lugar en que vive le ponen en riesgo. Una fuente de Sedena a quien entrevisté recientemente me asegura que muchas personas, tal como lo confiesa LeBarón, adquieren armas de forma ilegal y posteriormente declaran alguna de ellas para mantenerse en una suerte de legalidad. Hay más de 13 mil armerías en la frontera de Estados Unidos con México. Los principales estados en los que el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) detectó 15 millones de armas ilegales, son Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Distrito Federal. Y según la propia la Secretaría de la Defensa Nacional, del armamento legalmente registrado ante ellos el 45%, es decir 1.5 millones, está en manos de civiles.
Lo cierto es que la ley mexicana autorizó las autodefensas en un contexto diferente al actual. El peligro latente lo demuestra la historia. Sólo en Colombia se unieron ocho grupos de defensas rurales con 34 grupos paramilitares cuyo nacimiento se dio en un contexto real de ausencia de Estado de Derecho, policías corruptas, incremento del poderío de los cárteles, aumento del secuestro y extorsión con violencia social generalizada más el fortalecimiento de la narco-economía.
Hay varios focos rojos en este tema que algunos gobernadores y el propio Osorio Chong parecen tomar a la ligera por sus declaraciones. Urge conocer el origen de las armas legales e ilegales; admitir que la ley deja un vacío para su entrada y posesión. Si se va a meter en nómina a las autodefensas, ¿de qué sirven los avances en crear policías calificadas y evaluadas si se les va a medir con otro rasero porque son rurales? De dónde van a salir esos presupuestos, cómo se va a regular para que las autodefensas no “maten por error” como el caso LeBaron. Cómo asegurarnos que no se hará justicia a modo de acuerdo a visiones religiosas o políticas de cada uno de estos grupos de excepción. La discusión de las autodefensas no puede tomarse a la ligera, precisa de transparencia total enmarcada en un debate nacional sobre uso de armas, la cultura de paz y la responsabilidad del Estado para proteger a la sociedad.
@Lydiacachosi
Fuente: Sin Embargo
