Las comunidades forestales organizan con programas sustentables la producción de madera, en medio de la tala ilegal y la sobreregulación
Por Sonia Corona/ El País
Ocho contenedores llenos de madera de cedro, caoba y granadillo llegan a las costas de China. El cargamento cruzó el océano Pacífico proveniente del puerto de Manzanillo (Estado de Colima, occidente de México), pero su viaje comenzó en los frondosos bosques del Estado de Michoacán. Estas maderas preciosas, listas para convertirse en costosos muebles, tienen certificados con autorizaciones del Gobierno mexicano que son falsos. Este es solo uno de los caminos que la tala ilegal y el tráfico de maderas ha encontrado para comercializar la producción forestal del país.
El 17% del territorio mexicano es bosque (unas 141 millones de hectáreas), lo que posiciona a México como el onceavo país del mundo con mayor superficie forestal. Entre las montañas del país abundan pinos y encinos, principalmente en los norteños Estados de Chihuahua y Durango, pero es una estampa que puede verse también en el centro y sur del territorio mexicano. Protegerlos no ha sido tarea fácil, aunque desde la década de los 80 el Gobierno encontró una fórmula que ahora muestra resultados: conservar bosques y producir madera.
En el ejido de Agua Bendita (Amanalco, Estado de México), a 125 kilómetros de la Ciudad de México, el comisario ejidal Manuel Colín recuerda cuando hace 30 años el Gobierno mexicano le propuso a los ejidatarios el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable. Entonces las autoridades entregaron a los habitantes las 1.350 hectáreas para que ellos mismos manejasen la producción de madera al mismo tiempo que reforestaban y conservaban el bosque. “Ahora el bosque está más tupido, y lo apreciamos porque vivimos de esto”, comenta Colín.
La madera del bosque de Agua Bendita se vende en la Ciudad de México y ha resultado un negocio que representa unos 1,6 millones de dólares anuales al ejido. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asegura que el modelo conservación-producción satisface una tercera parte del consumo nacional de madera en México. La cadena forestal aporta al país un 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB). “El método es muy conservador”, explica Gabino García, el técnico forestal del ejido, “a lo mejor no es lo más productivo pero sí estamos recuperando bosque”. Árboles antiguos y jóvenes conviven en el paisaje y evitan la erosión de los cerros, mientras los ejidatarios protegen a la región de las plagas y los taladores ilegales.
Los ejidatarios de Agua Bendita han puesto el margen la tala ilegal en la zona. “El bosque es la gallinita de los huevos de oro, la gente no va a permitir que nadie se los venga a robar”, así define García a los habitantes de la región que además de convertirse en productores de madera también fungen como guardabosques. No muy lejos de allí, en Michoacán y en la sierra norte de Puebla, se vive una situación muy diferente donde el robo de madera o el acecho de organizaciones criminales han replegado a los habitantes que buscan encargarse de la conservación de los bosques. “Hay comunidades enteras en Michoacán que no pueden entrar a partes enteras de sus ejidos porque el crimen organizado las ha ido invadiendo o les han impuesto un derecho de piso”, comenta Eugenio Fernández, portavoz del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Las actividades ilegales en la cadena de producción de madera –que van desde la tala clandestina, el lavado de madera y el traslado de productos sin permisos– apenas han sido calculadas por las diferentes instituciones que supervisan las actividades forestales en México. “Dependiendo de zonas y regiones, se estima que la tala ilegal puede estar entre un 25% y 55% de la actividad lícita adicional”, explica Francisco García, director general de gestión forestal y suelos de la Semarnat. El caso de Michoacán, reconoce García, es “atípico” y la tala ilegal de árboles relacionada con el crimen organizado de la región es una de las aristas que el Gobierno mexicano se encuentra controlando con su estrategia federal para recuperar toda la región de las manos de los cárteles de la droga.
Las autoridades confían en que la producción de madera continúe en ascenso, una tendencia desde 2011, al mismo tiempo que las comunidades consolidan los programas forestales y la tala ilegal se repliega. Sin embargo, los ejidatarios observan también fuego amigo: los trámites ante las autoridades y la sobreregulación.
Para obtener o renovar sus autorizaciones para los programas forestales pasan por numerosos procesos que en algunas ocasiones les impiden continuar con el trabajo de producción y conservación. La guinda en el pastel ha sido la reforma fiscal, aprobada en 2013, que ahora obliga a los productores a emitir facturas electrónicas y a realizar diversos trámites a través de internet, cuando en algunas comunidades, como en Agua Bendita, no hay ni telefonía fija.
“Lo que estamos haciendo como país es imponer una regulación excesiva, unas cargas fiscales muy por encima de lo que paga un productor urbano o de lo que paga un productor forestal en el mercado internacional, estamos evitando que se sigan desarrollando las comunidades forestales, mientras tanto proliferan los talamontes como enemigos de estas comunidades”, señala el portavoz del portavoz del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Los productores continúan haciendo sus trámites en papel y acudiendo a las oficinas estatales encargadas de los trámites forestales. El Gobierno mexicano aún así continúa impulsando los trámites en línea con el ánimo de ir integrando las nuevas prácticas entre los ejidatarios. “La realidad nos dice que no todo el mundo está preparado para incorporarse a esa modernidad, pero nosotros queremos ir adelante y darle la opción al ciudadano de hacer el trámite por la vía tradicional o vía electrónica para los que tengan acceso a la tecnología”, reconoce Francisco García, de la Semarnat. Con tecnología o sin ella, los bosques mexicanos continúan bajo el resguardo de sus dueños.
Fuente: El País
