El Consejo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) acordó, por mayoría simple, iniciar un procedimiento ordinario sancionador contra el presidente municipal de Cuernavaca y virtual candidato a la gubernatura, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la acusación que de habría cobrado para ser candidato a alcalde en 2015.
En el acuerdo, aprobado al filo de la media noche de este jueves, a minutos de que inicie el plazo para los registros de candidatos a la gubernatura, indica que “este Consejo Estatal Electoral, como hecho notorio advierte que al difundirse en diversos medios de comunicación nacionales y locales, la presunta contratación del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo (…) a cambio de un contraprestación económica; durante el proceso electoral local ordinario 2014-2015; probablemente se transgredió el principio electoral de las elecciones libres auténticas y periódicas”.
La denuncia apareció por primera vez en un noticiario nocturno de Televisa, donde el exaliado y exsecretario municipal de Cuernavaca, Roberto Carlos Yáñez Moreno, relató cómo se dio la negociación con Blanco Bravo y su entonces representante José Manuel Sanz Rivera, además de que exhibió una copia del supuesto contrato en el que se establecía “como contraprestación” un pago por 7 millones de pesos para que aceptara ser candidato del Partido Social Demócrata (PSD).
Cuatro de los siete consejeros electorales, promotores del procedimiento sancionador contra Blanco Bravo, expusieron como argumento que, de confirmarse la acusación, el exfutbolista vulneró el principio de garantizar elecciones libres y por ello es necesario que sea investigado y en su caso sometido al procedimiento y a una sanción “ejemplar”.
Además, el Consejo Electoral incluyó en el acuerdo la decisión de dar vista del caso a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en donde ya se encuentra en autos el expediente INE/P-COF-UTF/112/2016/MOR; también a la Fiscalía General del Estado de Morelos, que tiene abierta la carpeta de investigación SCO1/7335/2016; así como a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, en el expediente FED/FEPADE/UNAI-MOR/0001520/2016 y la averiguación previa 838/FEPADE/2016.
El acuerdo generó una amplia discusión entre los consejeros electorales, lo que confirmó la división que existe al interior del Consejo Estatal del Impepac. Se han ido perfilando dos bloques, uno que encabeza la consejera presidenta Ana Isabel León Trueba y que agrupa también a los consejeros Xitlali Gómez Terán y Ubléster Damián Bermúdez, y el otro que conforman los consejeros Ixel Mendoza Aragón, Enrique Pérez Rodríguez, Isabel Guadarrama Bustamante y Javier Arias Casas.
Al final, fue éste último grupo el que aprobó el acuerdo que inicia el procedimiento sancionador, en cerrada votación de cuatro contra tres. Estos dos bloques fueron visibles en diciembre pasado, cuando se decidió en el seno del Consejo respecto de la admisión de los aspirantes a ser candidatos independientes para la gubernatura. Entonces, el bloque de los cuatro votó en contra de dar la oportunidad al exsacerdote Antonio Sandoval Tajonar.
El acuerdo no sólo abre el procedimiento sancionador contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, sino contra su exrepresentante deportivo y actual secretario técnico del ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera; contra el PSD; el diputado Julio César Yáñez Moreno y su hermano Roberto Carlos, quien habría denunciado en medios el presunto contrato del exfutbolista para ser candidato.
Fueron tres rondas de discusión del tema en la sesión del Consejo Electoral, en la que también hicieron uso de la palabra los representantes de los partidos Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que proponen a Blanco Bravo como su candidato a la gubernatura. En sus argumentos, coincidieron en que el fondo del acuerdo corresponde a “hechos del pasado” que buscan “lesionar” las aspiraciones del exfutbolista.
En respuesta, los representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM), reclamaron por lo que consideran “hay lentitud” del procedimiento, con la que acusaron, “se está protegiendo” al exseleccionado mexicano. De hecho, el PRD solicitó formalmente que se incluyera en el acuerdo dar vista a la Fiscalía para Delitos Electorales del estado de Morelos, donde se nombró hace unos días al exconsejero electoral Jesús Meza, personaje cercano al gobierno de Graco Ramírez.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su artículo 456 inciso C), “respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: (serán sancionados) I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato”.
Con esto, la posibilidad de Cuauhtémoc Blanco Bravo de competir por la gubernatura por la coalición Morena-PES-PT, estaría en riesgo, aunque el domingo acuda a registrarse como está previsto y aunque, incluso, el Impepac aprobara su candidatura. Son procesos que corren en paralelo, según informaron fuentes del propio órgano electoral.
Fuente: Apro
