Por Luis Hernández
El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
El 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y cuatro de circulación nacional dirigido a los maestros de México, con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo al artículo tercero constitucional. El comunicado califica a los docentes deapreciables.
Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México. Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, para qué se crea el Servicio Profesional Docente y por qué dar autonomía de gestión a las escuelas.
Ya encarrerado, el pacto difundió tres espots, copia y calca de los materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes de maestros, niños y escuelas con un mensaje central: la reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros.
Para remachar la campaña, el 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora.
Advirtió que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.
En plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que la reforma sea aprobada se efectuarán una consulta y una amplia campaña para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?
Ni el desplegado ni los espots ni las declaraciones de los funcionarios explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar.
La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas.
Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.
No obstante afirmar que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.
De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos.
La medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (…) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo.
El pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá –dice– reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos.
La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.
El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira: la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización.
Las expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la inconformidad crece.
Fuente: La Jornada
