El Memorial para las Víctimas de la Violencia, promovido por el Gobierno federal, es la “tercera traición de Calderón”, dijo el poeta y activista Javier Sicilia, a nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Junto con el recién nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, anunció que construirán su propio memorial dentro del Bosque de Chapultepec.
El Memorial convocado por el Gobierno federal, que tendrá un costo de casi 23 millones de pesos y será inaugurado el 23 de noviembre, es un “monumento a la imposición”, dijo Sicilia.
“El movimiento va a convocar a la creación de una Comisión Nacional de la Memoria que se plantee la recuperación del nombre de todos y cada uno de nuestros muertos y la edificación de un memorial done podamos ir todos los mexicanos a abrazar el recuerdo de nuestros seres queridos y a buscar la serenidad, el consuelo y la inspiración necesaria para alcanzar la reconciliación y construir la paz”, expuso Sicilia.
El siguiente texto corresponde al pronunciamiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad “ante el Memorial de Calderón”:
México, DF, 1 de agosto de 2012.- El 23 de junio de 2011, al final de los primeros diálogos en el Alcazar del Castillo de Chapultepec, le dijimos al presidente Felipe Calderón que, como parte de la agenda de paz que nuestro movimiento proponía, era necesario crear una memorial para todas las víctimas de la guerra y la violencia en México; frente a la nación, pues aquel diálogo fue público, tal como lo propusimos, el jefe del ejecutivo se comprometió a aportar los recursos necesarios e instruyó a su gabinete a gestionar los fondos necesarios.
Tras aquel primer diálogo se instalaron diversas mesas de trabajo con el ejecutivo federal, donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad impulsó una agenda donde se proponían, entre otras tareas, crear una procuraduría de atención a víctimas y familiares de víctimas de la violencia desatada en el país durante los últimos cinco años –más de cuarenta mil muertos contábamos entonces los mexicanos, hoy esa cifra se acerca a los setenta mil–; también propusimos hacer avanzar la justicia en los casos de los compañeros que se habían integrado a nuestro movimiento así como los de aquellas personas que nos habían encargado hacer nuestros sus agravios en las diferentes caravanas que el movimiento llevaba a cabo en el norte y sur del país.
Trabajamos, asimismo, en temas legislativos e impulsamos la Ley General de Víctimas y cuestionamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que desde nuestro punto de vista vendría a institucionalizar la estrategia de la guerra llevada a cabo por el presidente Calderón cuya consecuencia, a nuestros ojos, había sido la espiral de violencia que nos había arrebatado a nuestros seres queridos y convertido a México en una nación ensangrentada. Creímos, y lo seguimos haciendo, en la palabra, en el poder de la razón, en la fuerza de la verdad, pero tenemos que reconocer que de parte de las autoridades lo que recibimos hasta ahora ha sido mentira, traición y simulación.
El caso del memorial a las víctimas es ejemplar: mientras el MPJD propuso un proceso de reconstrucción pública de la tragedia, donde se incluyera el rescate de los nombre de los muertos, la creación de un registro nacional de víctimas, el gobierno federal se limitó a hablar de víctimas del delito y a buscar acotar el concepto del memorial propuesto por el MPJD a un monumento de escasa relevancia.
Si el MPJD propuso un proceso amplio, nacional, de pedagogía de la memoria y la reconciliación que incluyera una amplia convocatoria y diálogos y encuentros públicos en todo el país entre artistas y creadores con víctimas y familiares, el gobierno federal impuso como condición para el otorgamiento de los recursos acordados que la designación o el concurso para erigir el monumento se llevara acabo antes del mes de agosto para que fuera inaugurado en el sexenio del presidente Calderón.
A las mesas de trabajo para acordar la creación del memorial la presidencia invitó de forma unilateral a otras organizaciones de víctimas (Pastoral de Movilidad Humana, Camino a casa, México SOS y Alto al secuestro). Aunque esta circunstancia no había sido acordada con el MPJD, nuestra organización aprobó el diálogo entre las víctimas y quisimos compartir nuestro punto de vista, ampliar la convocatoria, y privilegiar el consenso.
No fue posible, pues la presidencia desconoció el acuerdo con el MPJD y se amparó en un compromiso genérico con las víctimas; por su lado la presidenta de Alto al Secuestro, la señora Isabel Miranda de Wallace, manifestó que el presidente se había comprometido con ella en lo particular a construir un monumento para las víctimas y que tanto su persona como el señor Alejandro Martí aprobaban las condiciones impuestas por la presidencia, entre las que se incluían levantar el monumento en terrenos propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, a un costado del Campo Marte, lo que desde nuestro punto de vista no abonaba a favor de la motivación profunda del memorial: procurar la reconciliación y el consuelo de todas las víctimas.
Además argumentamos que el MPJD había solicitado a los miembros del Consejo Rector Ciudadano, espacio ciudadanos que dicta las políticas de gobierno dentro del Bosque de Chapultepec, se nos otorgara dentro de los jardines que contiene esta tierra sagrada e histórica de México, un área propicia para el memorial.
No tuvimos más remedio que abandonar aquel espacio ante el desconocimiento de la presidencia de lo acordado y después de reconocer que algunas de la víctimas preferían apoyar la imposición de la presidencia a dialogar con nosotros y las demás víctimas para unir nuestros dolores, el dolor de todos los mexicanos.
Hoy hemos tenido conocimiento que el concurso convocado por el Colegio de Arquitectos, a instancias de la presidencia, ha decidido un proyecto ganador; no nos toca referirnos al resultado formal del diseño presentado: el memorial no es una pieza escultórica o arquitectónica sino un proceso de reconstrucción de la memoria colectiva que permite a toda la sociedad recuperar del río de sangre y destrucción la memoria de nuestros muertos, el nombre de los desaparecidos, el corazón lastimado de la patria, para que partir de ese ejercicio seamos capaces entre todos de abrazar el dolor de cada uno y de trabajar juntos por la paz y la no repetición de una tragedia como la que padecemos tantos mexicanos.
Por ello informamos que no hay memorial de las víctimas, sino acaso un monumento impuesto por el presidente Felipe Calderón justo al mismo tiempo que ha vetado la Ley General de Víctimas, que es la herramienta más avanzada que se ha creado hasta el momento para amparar a víctimas y familiares de esta guerra; si ese monumento quiere ser asumido como una conquista particular por alguna de las víctimas no le discutiremos su protagonismo, pero manifestamos que a nosotros no nos representa dicho monumento, que no buscaremos consuelo ni recordaremos a nuestros muertos frente a una escultura que pretende sustituir la necesidad genuina de la memoria con un acto de simulación que termina justamente por esconder, por ocultar, por disimular la naturaleza de esta tragedia nacional; como en tantas oscuras fosas comunes que se abren bajo nuestro suelo, con este monumento no se pretende revelar el dolor de México, sino ocultar su rastro de sangre.
Como la necesidad de verdad, memoria, reconciliación y consuelo sigue vigente, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convoca a la creación de una Comisión Nacional de la Memoria, que se planté, desde la sociedad, la recuperación del nombre de todos y cada uno de nuestros muertos y la edificación de un Memorial donde podamos ir todos los mexicanos a abrazar el recuerdo de nuestros seres queridos y a buscar la serenidad, el consuelo y la inspiración necesaria para alcanzar la reconciliación y construir la paz.
Sólo rompiendo el hilo del odio y la mentira podremos comenzar a escribir otra historia para México.
Fuente: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
