La cobertura de la violencia en medios con influencia nacional se ha reducido a la mitad en la gestión de Enrique Peña Nieto, como reflejo del cambio en la política de comunicación social del gobierno federal; en medios de los estados información sobre violencia se mantiene, de acuerdo con el nuevo informa del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia.
Además, según el Observatorio que da seguimiento al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el marzo de 2011, las autoridades federales dejaron de exhibir a las personas detenidas ante los medios de comunicación, pero los gobiernos estatales y municipales continúan con la práctica violatoria de los derechos humanos.
El séptimo informe del Observatorio corresponde al análisis del cumplimiento del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia por parte de los medios firmantes durante el periodo diciembre 2012-febrero 2013. A fin de hacer una revisión integral de los procesos de comunicación de la violencia, el estudio incluye a las fuentes gubernamentales.
Los espacios de la prensa del centro del país dedicados a cubrir la violencia se redujeron a la mitad, en comparación con el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 (un año anterior a los tres primeros meses de gestión de Peña Nieto). Por ejemplo, la palabra “asesinatos” disminuyó su presencia en las portadas de la prensa del D.F. en un 50%, mientras que el uso de las palabras “crimen organizado” y “narcotráfico” se redujo en las portadas un 50.2% y un 54.6%, respectivamente. En el caso de los noticiarios de televisión abierta, la presencia de las palabras “crimen organizado” y “narcotráfico” bajó un 70.2% y un 44.2%, respectivamente. En televisión de paga, las mismas palabras dejaron de pronunciarse un 65% y un 41%, durante el periodo analizado.
En cambio, la prensa y los medios audiovisuales de los estados del país no han dejado de considerar entre sus titulares principales el tema de la violencia relacionada con el crimen organizado.
La menor presencia de la información relacionada con la violencia y los delitos asociados con la delincuencia organizada en los medios con influencia nacional se vincula directamente con el cambio sustancial en la política de comunicación del gobierno federal.
Por un lado, el combate al narcotráfico desapareció del discurso presidencial, a diferencia de la administración anterior, mientras que la Secretaría de Gobernación ha concentrado el manejo de la información oficial sobre el tema.
Al mismo tiempo, el gobierno federal suspendió la exhibición ante los medios de comunicación de personas detenidas por delitos federales. Esa estrategia, que privilegia el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso, se inscribe en el sentido de las recomendaciones que el Observatorio ha venido formulando en sus diferentes informes.
Sin embargo, hasta la fecha, de manera formal no se han hecho públicos los criterios para el manejo informativo de la violencia asociada con la delincuencia organizada, ni para la información sobre personas detenidas. Resulta indispensable que la nueva política de comunicación social no dé lugar a la opacidad o al ocultamiento de información.
En este nuevo escenario, el Observatorio recomienda a los medios de comunicación:
- Mantener la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, acorde con su impacto social, en un contexto que permita a las audiencias la comprensión del fenómeno y la atención por parte del Estado. La no publicación de notas sobre el tema abona a la impunidad pero no desaparece la violencia.
- A los medios del Distrito Federal o con influencia nacional, replantear los criterios que determinan cuándo los hechos de violencia deben trascender el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas, conforme a su relevancia e interés público.
- Dar seguimiento periodístico con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los perpetradores y la responsabilidad del Estado para lograrlo. El cambio de titulares de la administración pública no exime de responsabilidad a las instituciones.
- Evitar dar difusión a la exhibición de personas detenidas por las autoridades preventivas y ministeriales (antes de que un juez dicte auto de formal prisión o de vinculación a proceso), práctica que convierte a los medios de comunicación en agente activo en la comisión de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.
A las fuentes gubernamentales:
- Transparentar su política de comunicación social en materia de seguridad y justicia. El objetivo de dicha política debe ser mantener un flujo informativo que permita a la sociedad conocer los hechos relacionados con los delitos de delincuencia organizada en toda su complejidad, en su adecuada dimensión, de manera oportuna.
- Homologar los criterios de comunicación social sobre seguridad y justicia entre los diferentes órdenes de gobierno, conforme a los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos y rendición de cuentas.
- Al Poder Judicial, informar sistemáticamente el inicio de procesos penales -a partir de la etapa del auto de formal prisión o de vinculación a proceso- así como de las resoluciones de los jueces penales.
A dos años de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, continúan constatándose resultados positivos en torno a uno de los objetivos centrales de este ejercicio de autorregulación de los medios de comunicación: el cierre gradual de espacios a la propaganda del crimen organizado.
Durante el periodo revisado, un periodista fue asesinado (Jaime Guadalupe González Domínguez, en Ojinaga, Chihuahua); se cometió un secuestro colectivo de empleados de un diario (El Siglo de Torreón) y tres medios fueron objeto de ataques con arma de fuego (El Siglo de Torreón, El Diario de Juárez y Canal 44 de Ciudad Juárez). A partir de amenazas en su contra, la cadena de diarios Zócalo de Coahuila anunció que dejará de publicar temas relacionados con delincuencia organizada, al no existir garantías para el ejercicio periodístico en la región.
En ningún caso se ha castigado a los responsables. En ese contexto, el Observatorio advierte que el Congreso de la Unión incumple con la obligación legal de reglamentar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, sobre la persecución de delitos contra periodistas y la libertad de expresión, así como de armonizar el marco jurídico correspondiente.
Para consultar el PDF del informe, dar clic aquí:
Séptimo Informe del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia
