La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como de la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas “fantasma” que resulten responsables del desvío de recursos públicos evidenciado en la investigación periodística “La Estafa Maestra”.
En un comunicado, explicó que dicha investigación contiene “suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria”.
La organización destacó que la estrategia legal fue realizada en colaboración con Tojil AC, abogados especializados en litigio penal anticorrupción. Fue presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia y se suma a las acciones jurídicas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR.
El propósito, explicó, es que “las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita”.
MCCI recordó que la investigación periodística titulada “La Estafa Maestra” fue realizada por su equipo periodístico, así como el del portal de noticias Animal Político, con base en los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 2014.
Dicha investigación, agregó, fue complementada por el diario Reforma en lo referente a la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una intricada triangulación de depósitos en efectivo.
La organización dijo estar consciente “de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican”.
Por último, enfatizó que no corresponde ni al presidente Enrique Peña Nieto, ni al futuro mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador “decidir a quién investigar y sancionar y a quién no. Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la ‘politización’ de la justicia que es la negación de la justicia”.
Fuente: Apro
