Rodolfo Zapata Carrillo, activista y litigante del puerto de Coatzacoalcos, fue ejecutado a balazos esta mañana afuera de un taller mecánico, muy cerca de las instalaciones de la Cruz Roja y a unos cuantos metros de un destacamento de la Policía Naval.
Zapata Carrillo cobró notoriedad este año, al encabezar marchas contra la inseguridad en el municipio de Coatzacoalcos, en el sur del estado, y recriminó al gobierno de Javier Duarte y al secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, su incapacidad para detener la delincuencia, tanto del fuero común como federal.
El abogado era dueño del restaurante “Mi Tampico”, que en diversas ocasiones fue asaltado, y hace apenas dos semanas él mismo aprehendió al ladrón que había robado mobiliario de su camioneta y quien anteriormente ya había intentado asaltarlo.
Cansado de la delincuencia común, Zapata Carrillo había organizado varias marchas contra la inseguridad en Coatzacoalcos, y hace unos días fue recibido por autoridades de la SSP y de la Fiscalía General del Estado para escuchar sus demandas.
De acuerdo con testigos, esta mañana un sicario solitario descendió de un automóvil negro y disparó en repetidas ocasiones contra el abogado, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica de la calle Quevedo.
El cadáver del activista presentó impactos de bala en el rostro y el torso. Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información al respecto.
Horas antes de la ejecución de Zapata, el gobernador priista Javier Duarte presumió los resultados de su gobierno en materia de seguridad, combate al secuestro, localización de personas desaparecidas y avances en las investigaciones contra delitos impunes.
En el sur de Veracruz, particularmente en Coatzacoalcos, los homicidios dolosos han aumentado.
El pasado 30 de octubre, Roberto Lara Velásquez, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, fue acribillado afuera de su casa ubicada en la colonia Frutos de la Revolución.
El caso cobró notoriedad debido a que la víctima tenía una investigación ministerial abierta en su contra como presunto responsable –junto con otros tres empleados de la paraestatal– del homicidio del pastor Claudio Martínez, ocurrido en 2013.
Lara Velásquez fue asesinado frente a su madre, Felisa Velásquez, quien a gritos pedía a los sicarios que no mataran a su hijo, pero éstos hicieron caso omiso.
El empleado de la CFE ya había pisado la cárcel por su presunta participación en el asesinato de Claudio Martínez, pero una mala integración ministerial por parte de la Fiscalía General del Estado le permitido recobrar su libertad ocho meses después de haber sido aprehendido.