El 99 por ciento de los casos de uso de fuerza de la policía de Los Angeles fue absuelto del 2010 al 2014, concluyó un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG). En cinco años, elementos de la corporación mataron a 86 personas.
Pese a pagar millones de dólares en demandas, los agentes del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) no enfrentan a la justicia, según reporte publicado este jueves por el periódico La Opinión.
Del 2010 al 2014 agentes del LAPD asesinaron a 86 personas y protagonizaron 309 tiroteos, en ese lustro la ciudad de Los Angeles tuvo que desembolsar más de 147 millones de dólares por demandas de todo tipo en contra de agentes de la policía, indicó el reporte.
En contraste, desde el año 2001 ningún policía ha sido procesado por uso excesivo de la fuerza, resaltó el diario.
Cuando un agente de la LAPD protagoniza un tiroteo o es investigado por uso excesivo de la fuerza, el primer paso que por lo general hace la corporación es retirarlo de su cargo por un tiempo, pero con goce de sueldo.
La medida es considerada como “vacaciones pagadas”, pero a decir del LAPD, los agentes son sometidos a una actualización de entrenamiento general durante tres meses o a labores administrativas mientras se realiza la investigación.
Reportes de la Oficina del Inspector General (OIG) señalaron que en el 99.5 por ciento de los casos, el policía resulta absuelto de las acusaciones de uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo, los contribuyentes de Los Ángeles pagaron en el último año fiscal más de 36 millones de dólares en demandas relacionadas con el LAPD, incluyendo los cinco millones a la familia de Brian Beaird, el conductor de un corvette rojo que tras una persecución policíaca fue acribillado de 20 balazos en diciembre de 2013.
En fecha reciente, las familias de Omar Ábrego y Ezell Ford, dos jóvenes muertos en 2014 tras un altercado con agentes del LAPD, presentaron demandas civiles, una de ellas por 25 millones de dólares.
A pesar de que la OIG reportó que en 2011 y 2012 solo fueron pagados 550 mil dólares por las 15 demandas de uso excesivo de la fuerza que fueron interpuestas en ese periodo, la Fiscalía de la ciudad señaló que en esos años fueron más de 43 millones de dólares lo que se pagó en litigios en contra del LAPD.
“El LAPD tiene un largo historial de encubrir los actos de los policías”, aseveró Luis Carrillo, un abogado que interpuesto varias demandas por abuso policíaco.
Citó como ejemplo como el caso del “May Day” en MacArthur Park, en el que el LAPD tuvo que pagar 13 millones de dólares por arremeter con macanas y balas de hule contra personas al final de una marcha proinmigrante.
El caso fue uno de los más bochornosos en la historia de la corporación y forzó al entonces jefe policial William Bratton ha emprender una serie de reuniones con organizaciones de defensa de migrantes para aminorar el daño y la desconfianza generada por el suceso.
“Las supuestas investigaciones que realizan no son transparentes, siempre apoyan la versión del agente, rara vez hay disciplina para el agente y a mi no me ha tocado que ningún policía haya enfrentado cargos criminales, excepto en el caso de Rodney King”, dijo Carrillo.
Un vocero del LAPD aseguró que cuando un policía dispara su arma o es acusado de abusar de la fuerza pública existe un proceso de investigación por una entidad independiente.
El agente involucrado es sometido a una actualización de entrenamiento general que debe ser completado dentro de tres meses y que en caso de que su proceder haya estado fuera de las políticas del Departamento, recibe medidas disciplinarias o es despedido, afirmó un vocero de corporación.
Fincar cargos criminales contra un policía depende de la Fiscalía de Distrito, que en los últimos 15 años solo ha aceptado un caso.
Es imposible saber las sanciones impuestas a agentes de policía que hayan sido investigados por cualquier razón, ya que esa información es protegida bajo las leyes estatales. Los récords personales de los agentes de paz son confidenciales.
Después de una decisión de la Corte Suprema, el LAPD en 2006 limitó una práctica que daba acceso a la prensa a las audiencias disciplinarias, y donde se revelaban los nombres de los agentes involucrados en dichos procesos.
Fuente: Notimex
