Más de 125 organizaciones en 18 países vigilan con la plataforma ‘Mira que te miro’ los avances reales de 38 naciones de América Latina, en cuanto a compromisos de salud, derechos sexuales y reproductivos.
Por Andrea Vega (@EandreaVega)
En una reunión realizada en 2013, representantes oficiales de 38 países de América Latina y El Caribe se sentaron a elaborar un documento en el que se comprometían a adoptar una serie de medidas para garantizar los derechos humanos. Cuatro años después, un grupo de organizaciones de la sociedad civil creó la plataforma Mira que te miro, con el objetivo de “combatir la práctica de los gobiernos de ceñirse a acuerdos regionales o internacionales y después solo crear leyes e instituciones inoperantes para fingir que los están cumpliendo”.
Se trata de un monitoreo social de ocho redes regionales y más de 125 organizaciones en 18 países, para identificar los avances reales y las brechas en los compromisos de salud, derechos sexuales y reproductivos adoptados por las 38 naciones de América Latina y El Caribe en el Consenso de Montevideo (Conferencia Regional de Población y Desarrollo, 2013).
La plataforma Mira que te miro presenta datos cuantitativos que permiten comparar países en torno al cumplimiento de los compromisos, y actúa como un repositorio de leyes y políticas relevantes que se pueden bajar para revisión. En el rubro de derechos humanos y laicidad, por ejemplo, Argentina califica con 76 %; Bolivia, 74 %; Brasil, 80 %; Chile, 67 %, y México con 87 %, pero, eso es solo en cuanto a la formulación de leyes y papeles.
Fátima Moneta, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las 16 organizaciones que en México trabajan para este monitoreo, refirió durante la presentación de la plataforma que el país tiene el mayor puntaje a nivel regional sobre Estado laico, porque tiene un marco normativo lejano a las creencias religiosas.
“Hay muchas reglamentaciones a lo largo del texto constitucional y de las reglamentaciones secundarias de lo que se supone que deberíamos estar haciendo como Estado laico, pero todavía se siguen exhibiendo símbolos religiosos en las instituciones públicas, donde también se efectúan ceremonias religiosas. Eso es grave, porque cuando los funcionarios públicos favorecen una creencia, lo que están haciendo es un acto discriminatorio para quienes no la comparten”.
Al no llevar a la práctica la laicidad del Estado mexicano, señaló Moneta, “se afecta uno de los temas marco del Consenso de Montevideo, porque es una de las medidas prioritarias para promover los derechos reproductivos y sexuales, al separar la autonomía entre lo político y lo religioso y permitir que políticas públicas, leyes y marcos estén libres de estereotipos y dogmas”. Como en el caso de lo concerniente a interrupción legal del embarazo, aborto, anticoncepción, etcétera.
Es por eso que las 16 organizaciones piden al gobierno mexicano tomar acciones para corregir esta separación entre leyes y práctica, y hacer una normatividad secundaria donde se regule el principio de laicidad en la función pública (lo que hasta ahora no se hace), para establecer cuáles van a ser los principios y las atribuciones para volver esto real y que la ciudadanía pueda exigir rendición de cuentas a los funcionarios cuando no lo cumplan.
Otro de los aspectos ejes de este consenso es la educación integral en sexualidad, México tiene también un puntaje alto, 87 %, contra 76, 74, 80 y 67 de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, pero, otra vez, eso es solo en lo referente a lo escrito en papel.
“No hay una clara estrategia de educación integral en sexualidad. Se habla de ella como si existiera, está puesta en la estrategia nacional de prevención del embarazo en la adolescencia, pero cuando vamos a los programas de la SEP lo que encontramos son elementos salpicados, sueltos, que no permiten hablar de una integralidad, ni dar seguimiento a cuestiones claves como si se está capacitando a los docentes y cómo”, reveló Oriana López, de la organización Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.
Respecto a salud sexual y reproductiva (donde México alcanza el 74 % de puntuación), Esperanza Delgado, de Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), puntualizó que en lo referente a esto, la legislación de México es vanguardista desde hace años, “pero, como sociedad civil, debemos verificar que los 11 métodos para planificar embarazos lleguen de manera oportunidad a donde deben llegar y no solo que se están haciendo las compras”.
Delgado también subrayó que es necesario vigilar que no haya retrocesos en la ley y la laicidad del Estado mexicano para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, destacó que en los servicios para adolescentes hay muy poca afluencia, “hay que poner atención en qué hacemos en estos lugares para garantizar que cumplen en tiempo y forma con los requerimientos de los jóvenes”.
Es también prioritario cerrar la brecha para obtener información puntual y oportuna de lo que está sucediendo con la población de 10 a 14 años, “porque todas las encuestas empiezan a los 15 años y lo de antes son estimaciones, y esta población puede estar muy vulnerable a eventos asociados a violencia y abuso sexual”. Mientras que en aborto, “hay un foco rojo, porque aunque la ley lo permite en algunos casos, en la práctica hay autoridades que ponen barreras que en realidad no existen para dar el servicio: es que no tengo material, es que no has ido a la fiscalía, es que no vienes con tu madre”.
Finalmente, en mortalidad materna y parto humanizado, Hilda Argüello del Observatorio de Mortalidad Materna en México, afirmó que el país ha sido puntero también en cuanto a integrar buenas prácticas, basadas en evidencia científica, en la normatividad, pero se detectan dos problemas en la prevención de mortalidad materna: no está garantizada la disponibilidad de insumos sanguíneos en los lugares con mayor índice de estas defunciones y con mayor concentración de población hablante de lengua indígena. En Chiapas, por ejemplo, solo hay dos bancos de sangre: en Tuxtla y otro en Tapachula.
Hay, además, una desprotección hacia las mujeres cuando tienen una emergencia obstétrica: muchas veces tienen que trasladarse hasta donde hay una clínica o un hospital y no pueden costear eso. De manera que Argüello pide al gobierno mexicano asegurar la provisión de insumos sanguíneos, sobre todo en las regiones con más de 70% de población de lengua indígena del país, y en las de más difícil acceso geográfico.
Además, subraya que se debería contar con una partida presupuestal para garantizar el traslado oportuno de las mujeres a centros hospitalarios con capacidad para atender urgencias obstétricas, esto en todas las entidades del país, pero sobre todo en aquellas con mayor mortalidad materna.
La idea de las 16 organizaciones que en México trabajan para tener la plataforma Mira que te miro es hacer el análisis de los indicadores y avances cada año, aunque Esperanza Delgado, de Mexfam, señaló en entrevista con Animal Político, que, al ser organizaciones de la sociedad civil, dependen de los financiamientos disponibles.
“Pero sí tenemos planeado seguir trabajando. El que viene es año electoral y nosotros queremos presentarle a la nueva administración, quién sea que quede, cómo están estos temas; porque está el reporte oficial y los libros blancos, pero queremos darles esta mirada objetiva y metodológica, esta evidencia dura para que sepan donde están las brechas y cuáles son las recomendaciones”.
Fuente: Animal Político
