Un millar de personas marcharon el domingo en Ciudad de México para apoyar a los militares y las fuerzas federales en un momento en el que están en la mira de distintas organizaciones civiles nacionales e internacionales por supuestas violaciones de los derechos humanos.
Los manifestantes, la mayoría de blanco, portaron pancartas en las que se leía “En México pesa más la muerte de un criminal que la de un policía” y “Solidaridad con los familiares de los militares que perdieron la vida por la paz y por México”. Marcharon del Monumento a la Independencia al Campo Marte.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto el Secuestro, uno de los colectivos convocantes que también pidió salir a la calle en el estado occidental de Jalisco, instó a los mexicanos a no ser “mezquinos” y “apoyar a las fuerzas que nos defienden de los delincuentes” porque “lo único que hacemos es decir lo que hacen mal pero nunca nos preocupamos por los caídos”.
Dijo reprobar “cuando hay violaciones de los derechos humanos” pero subrayó la importancia de agradecer al ejército, la marina y la policía su esfuerzo y de estar con los familiares de los muertos en servicio.
Muchos de los manifestantes consultados por The Associated Press reconocieron que esta era la primera marcha a la que asistían. “Todas las demás se prestan a que vengan personas como los anarquistas a causar problemas, esta me dio confianza”, dijo Ivone Jazarosian. “Siento orgullo por el ejército mexicano, siempre ha estado ahí en la situaciones difíciles”.
La marcha estuvo acompañada por estudiantes del Colegio Militarizado Moderno Alarid, que desfilaban al frente, y miembros del colectivo de “Charros de la Villa” que iban a caballo.
Ana Luisa Martínez, que llegó con un cartel en el que se leía “¿Y los derechos humanos de los soldados, qué?”, se quejaba de la existencia de militares consignados injustamente y que no cuentan con el apoyo del gobierno, aunque no quiso mencionar casos concretos.
En menos de un año, tres han sido las acciones de fuerzas federales especialmente cuestionadas. La primera, en junio de 2014, fue la muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya en lo que después se comprobó que fueron ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y que conllevó el encarcelamiento de siete soldados. Después de esta medida también hubo una manifestación de familiares de militares que reclamaron sus derechos.
Los otros dos operativos polémicos, ambos en investigación en estos momentos, ocurrieron en el estado occidental de Michoacán: la muerte de al menos nueve civiles en Apatzingán el seis de enero y la de 43 personas (un policía y 42 presuntos criminales) el pasado día 22 en la localidad también michoacana de Ecuandureo.
Varias organizaciones, como el Movimiento por la Paz, lamentaron la convocatoria del domingo porque, en su opinión, “polariza” a la sociedad y tiene un mensaje contrario a los derechos humanos.
María Eugenia García era una de las pocas víctimas de la violencia presente en la marcha. Perdió a su madre y a su sobrino el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, cuando estallaron varias granadas que mataron a ocho personas e hirieron a más de cien. Esta semana cuatro acusados de este atentado fueron absueltos porque los jueces consideraron que confesaron bajo tortura. La Procuraduría General de la República ha recurrido la decisión.
“Es doloroso, una injusticia”, dijo García. “Solo la PGR sabe qué es verdad y qué no. Yo solo sé que murieron mis dos familiares que no tenían nada que ver ni con el crimen organizado ni con el gobierno. Esperemos que si los liberados son culpables vuelvan a la cárcel y si son inocentes… que se busque a los culpables”.
Fuente: AP
