El Tratado de Libre Comercio (TLC) “no es un asunto de fe” y “vamos a mantenerlo si le conviene a México”, afirmó el canciller Luis Videgaray durante una larga comparecencia en el Senado, donde no se comprometió a tomar ninguna medida en represalia por los anuncios anitinmigrantes o por la construcción del muro fronterizo y evadió pronunciarse sobre los asuntos de seguridad hemisférica.
En la primera parte de su comparecencia, el titular de Relaciones Exteriores advirtió que en caso de que Estados Unidos no respete los derechos humanos de los mexicanos en su territorio “no habremos de titubear ni dudar en acudir a la justicia estadounidense y a las organizaciones internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con quien hemos tenido ya reuniones en este sentido”.
Videgaray no abundó ni detalló más sobre la estrategia con la ONU. Y volvió a rechazar “cualquier intento de militarización de las operaciones migratorias y, debo decirlo también, es un tema que tratamos a los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos”.
El canciller mexicano mencionó el tema del “acuerdo de totalización”, vigente entre ambas naciones desde 2004. Este acuerdo establece coordinación entre el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos para permitir que los trabajadores repatriados a México de manera voluntaria o por deportación puedan acceder a sus ahorros.
“Hemos expresado que un elemento fundamental de las prioridades del gobierno mexicano es que se le dé vigencia a este acuerdo de totalización” para generar una “red de protección económica” para los migrantes mexicanos que retornen.
Videgaray anunció que habrá una reunión de “alto nivel” entre los países centroamericanos del llamado “Triángulo Norte” –Guatemala, Honduras y El Salvador- en México y con representantes de Estados Unidos para analizar la política migratoria conjunta.
En su posicionamiento, la senadora Dolores Padierna, del PRD, le reprochó al canciller que estamos ante una “auténtica catástrofe humanitaria” frente a Estados Unidos por el tema migratorio y que nuestro país se ha convertido en “deportador en jefe, porque sacamos del país más ciudadanos centroamericanos que los que Estados Unidos deporta, incluyendo a menores de edad no acompañados”.
Padierna exhortó a la cancillería mexicana a que ya no se permita la presencia de agentes aduanales o de emisarios de la DEA en las estaciones migratorias mexicanas. En el mismo sentido se pronunció el senador Manuel Bartlett, de la bancada del PT.
“Las nuevas directrices estadounidenses suponen el inicio de una verdadera guerra contra los migrantes. La persecución, si nos atenemos a esos documentos, será masiva, absolutamente discrecional, sin leyes ni reglas”, sentenció la senadora del PRD.
Bartlett abundó sobre el tema del TLC y de la Iniciativa Mérida, que en días pasados el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decretó en “etapa terminal”.
“La idea está a la vista. Trump no quiere TLC y va a romper con él. Si el tratado se mantiene, será para México en condiciones más gravosas que las actuales. Es elemental no negociar en esa línea, lo que requerimos es un cambio de paradigma”, afirmó el senador poblano.
Por su parte, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del PAN, reprochó la falta de una “política exterior de Estado” frente al gobierno norteamericano.
Recordó que hace cuatro años se discutía en Estados Unidos la posibilidad de una reforma migratoria integral que hubiera regularizado a seis millones de mexicanos y el gobierno mexicano (entonces encabezado por Felipe Calderón, del PAN), “se limitó a decir que era un asunto de política interna”.
Cuevas señaló que no se le ha dado seguimiento a las 75 víctimas que perdieron la vida en incidentes en los que participaron oficiales de Estados Unidos, de 2006 a 2015, de los cuales 26 perdieron la vida a manos de la Patrulla Fronteriza. “No hubo consecuencias legales en 51 de estos casos y 16 aún están por resolver”, abundó.
A nombre del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo respaldó las 10 líneas de política exterior delineadas por Videgaray durante la comparecencia, y mencionó “otras posibles consecuencias” de las posiciones hostiles hacia México como el incremento de la incertidumbre financiera, la disminución de la inversión extranjera directa y menores flujos comerciales fronterizos.
Fuente: Apro
