El futuro del juicio por el asesinato de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso en Veracruz, depende de lo que recomiende un magistrado de aquel estado, Agustín Romero Montalvo. El problema es que la esposa de ese juez recibió un magnífico puesto gracias al gobernador veracruzano. El juzgador enfrenta un conflicto de interés: ¿Tendrá verdadera libertad para contradecir la versión del benefactor de su mujer?
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca que la justicia federal avale su versión del asesinato de Regina Martínez Pérez, quien fue corresponsal de Proceso en aquella entidad. Luego del revés que sufrió por parte de la propia justicia estatal, Duarte utilizó su autoridad para congraciarse con el magistrado encargado de proponer la resolución del caso.
Con el conocimiento de que el expediente judicial está radicado desde agosto de 2013 en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, con sede en Xalapa, Javier Duarte logró en diciembre pasado que el Congreso de Veracruz designara a María Dolores Silva Obando como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, puesto importante en la estructura judicial veracruzana.
Silva Obando es esposa del magistrado Agustín Romero Montalvo, el encargado de elaborar el proyecto de resolución del amparo con el que se pretende revocar la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, acusado por el gobierno de Duarte de participar en el homicidio de Regina Martínez.
El 27 de diciembre de 2013 el pleno de la LXIII Legislatura de Veracruz, “por obvia resolución”, avaló con 43 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la propuesta de Duarte para designar a Jesús Alvízar Guerrero, María Dolores Silva Obando y Héctor Solorio Almazán como integrantes del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que sustituyó al Centro Estatal de Mediación.
Los favorecidos, designados para un periodo de seis años, rindieron protesta ante el pleno del Legislativo ese mismo día. Su labor consistirá en buscar la conciliación para que casos penales, civiles y mercantiles menores no lleguen a tribunales.
Conflicto de interés
El lunes 28 se cumplirán dos años del asesinato de Regina Martínez Pérez sin que hasta la fecha haya claridad sobre los móviles y los autores. Así lo estableció en forma definitiva la justicia del estado y ahora le corresponde a la justicia federal emitir un fallo, basada en la información que le mande el Poder Judicial veracruzano.
La decisión saldrá de la propuesta que elabore el magistrado Agustín Romero Montalvo, quien entró en conflicto de intereses tras el beneficio que el gobernador le otorgó a su esposa para los próximos seis años.
Así lo hizo ver la defensa del Silva en un escrito entregado el jueves 3 al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado, Héctor Riveros Caraza. Los abogados piden que el magistrado Romero Montalvo se excuse de conocer el caso. El Tribunal Colegiado también está integrado por el magistrado Jorge Sebastián Martínez García.
Romero debió haber actuado con justicia y responsabilidad desde el momento en que le fue turnado el caso y excusarse de conocerlo debido a que su esposa fue favorecida con la propuesta del gobernador, dice el escrito dirigido también al Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración de los juzgados y tribunales federales.
Hernández Silva pide que su caso se resuelva sólo con criterios jurídicos “y no por compromisos políticos”. Además, solicita que aún no se emita sentencia, sobre todo porque el expediente fue turnado hace apenas algunas semanas al magistrado Romero Montalvo.
El expediente, con el número 673/13-SC, estuvo meses sin ser turnado a ningún magistrado, a pesar de que llegó al Tribunal Colegiado desde agosto del año pasado, cuando Ángel Alfonso Martínez –hermano de la periodista– tramitó el amparo.
La entrega del caso al magistrado Romero Montalvo se conoció dentro del Poder Judicial antes de que se hiciera pública el pasado jueves 10, cuando la página del Consejo de la Judicatura Federal anunció que el expediente había sido turnado a la ponencia del magistrado. Según esa información, la solicitud de amparo se admitió el 25 de octubre del año pasado, dos meses después de que la presentara Ángel Alfonso Martínez, quien mediante ese recurso pretende revocar la libertad del Silva, decretada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.
Ángel Martínez está convencido de la culpabilidad de Hernández Silva. En contraparte, la Séptima Sala determinó, por dos votos a uno, que en el caso del Silva la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado violó el procedimiento judicial y no fue capaz de acreditar su responsabilidad.
Según los magistrados que concretaron la mayoría para tomar esa resolución –Edel H. Álvarez Peña, ponente, y Andrés Cruz Ibarra–, la procuraduría estatal y la juez de primera instancia Beatriz Rivera Hernández violaron los derechos humanos del acusado porque fue detenido sin orden de aprehensión, no contó con una defensa adecuada y fue torturado por los agentes judiciales que lo detuvieron. En su declaración preparatoria ante la juez de primera instancia, Hernández Silva denunció que lo habían torturado, además de que habían amenazado a su familia para que él se inculpara.
Hernández Silva declaró también que fue detenido varias semanas en una casa de seguridad antes de ser presentado públicamente por la procuraduría del estado como presunto responsable, el 30 de octubre de 2012.
Los magistrados dijeron que la juez no actuó ante las acusaciones de tortura y en cambio sentenció a 38 años y dos meses de prisión a Hernández Silva, quien en su escrito a la justicia federal se queja de que durante los 10 meses que estuvo en el penal de Pacho Viejo por el caso de Regina Martínez no recibió la atención médica que requiere como portador de VIH.
Además, los magistrados del TSJ dijeron que no hay ningún señalamiento firme ni pruebas periciales contundentes sobre su responsabilidad, por lo que su “confesión” resulta “inverosímil”, además de que las pruebas presentadas por el gobierno de Duarte para acusarlo fueron “contradictorias” y “manipuladas” (Proceso 1946).
De la mano del magistrado Romero Montalvo, el Cuarto Tribunal Colegiado también valorará las actuaciones judiciales del gobierno de Duarte en el caso de la periodista de este semanario.
La PGJ veracruzana asegura también que Hernández Silva tuvo un cómplice, José Adrián Domínguez Hernández, El Jarocho, quien está prófugo.
Fuente: Proceso
