La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la opacidad que imperó en las legislaturas 62 y 63 de la Cámara de Diputados, cuando los partidos representados ahí dispusieron de 5 mil 94 millones de pesos por concepto de subvenciones ordinarias, aparte de los salarios y prestaciones de ley de sus legisladores y trabajadores. Esos recursos no fueron comprobados por los grupos parlamentarios y algunos de ellos fueron beneficiarios de la discrecionalidad en la entrega por parte del Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Aparte de esa cifra, los partidos en San Lázaro también recibieron –en la suma de ambas legislaturas– la friolera de 642 millones de pesos de forma extraordinaria. Y tampoco comprobaron nada.
El órgano fiscalizador, que no había elaborado una revisión a la Cámara de Diputados como la presentada el jueves pasado, describió esos beneficios obtenidos por los partidos y sus diputados. En la 62 Legislatura (2012-2015), por concepto de subvenciones ordinarias, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió mil 130 millones de pesos; el Partido Acción Nacional (PAN), 622 millones; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 546 millones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 178 millones; Movimiento Ciudadano (MC), 127 millones; Partido del Trabajo (PT), 102 millones, y Morena, 93 millones.
En los siguientes tres años, de la 63 Legislatura (2015-2018), el PRI obtuvo 735 millones; PAN, 587 millones; PRD, 217 millones; PVEM, 246 millones; MC, 144 millones, y Morena, 242 millones.
De las subvenciones (apoyos) extraordinarias, en la 62 Legislatura, el PRI también recibió el mayor monto, con 211 millones; PAN, 125 millones; PRD, 113 millones; PVEM, 42 millones; PT, 20 millones, y MC, 40 millones. En el siguiente trienio, que correspondió a la 63 Legislatura, los priístas recibieron 31 millones; PAN, 16 millones; PRD, 9 millones; PVEM, 6 millones; MC, 3 millones, y Morena, 5 millones.
Las subvenciones, para que los grupos parlamentarios puedan proporcionar a sus integrantes información, asesoría y los elementos necesarios para articular el trabajo parlamentario, las concede a su libre albedrío la Jucopo a través del Comité de Administración.
Las coordinaciones de las bancadas estarían obligadas a presentar un informe por el cual darán a conocer el uso y destino de las subvenciones, y la Contraloría Interna revisará los ingresos recibidos por concepto de subvenciones y gastos realizados.
La ASF verificó que durante la 62 y 63 legislaturas, los partidos recibieron apoyos ordinarios por un total de 2 mil 773 millones y 2 mil 321 millones, respectivamente.
Se identificó que los montos correspondientes a las subvenciones ordinarias fijas no fueron de carácter general ni idéntica para todos los grupos parlamentarios; asimismo, se comprobó que la asignación de recursos para las subvenciones y apoyos económicos se realizó conforme a la normativa, pero de forma discrecional, debido a que no se tiene un análisis o criterios definidos en los que se hayan basado para determinar los montos autorizados, que justifique por qué se asignan de forma general o en función del número de legisladores, y que definan los conceptos de gasto en los que puedan destinar estos recursos y el fin específico que se busca u objetivo.
Las bancadas del PRI y del PAN dijeron tener sistemas de contabilidad, pero no acreditaron su existencia, y por lo que corresponde a los grupos parlamentarios de MC, Morena, PT y PVEM señalaron que no disponen de éstos y el PRD informó que no hay una normativa que les requiera llevar un registro contable.
La conclusión a la que llegó la ASF advierte del manifiesto entorno de opacidad en la Cámara de Diputados, que con los años la han convertido en un botín presupuestario para los partidos políticos y sus líderes:
Los montos asignados y erogados fueron reportados en los Informes de Gestión, no obstante, la información que se puso a disposición y consulta pública sólo permitió conocer los montos de las asignaciones recibidas por cada grupo parlamentario y los capítulos del gasto en los que se ejerció, con un alcance limitado que mostró sólo una integración de cifras y que no cumplió con las características de informar de manera verificable, clara, comprensible y transparente, el destino de los recursos que ejercieron las bancadas, debido a que no se sabe si el monto asignado a cada una de las subvenciones y apoyos económicos cumplieron con su fin, ya que todo se presenta de forma general. Lo que no permite una rendición de cuentas.
Así, en la revisión de los 90 informes de auditoría presentados se identificó, de forma generalizada, hallazgos relativos a la falta de normativa y deficiencias de control interno, incongruencias en los informes respecto de la aplicación y destino de los recursos, manuales de políticas y procedimientos desactualizados, así como deficiencias en la comprobación del gasto.
Fuente: La Jornada
